El gobierno perdió el control el el norte de Potosí. A esa zona, en la que el pasado fin de semana comunarios victimaron a cuatro policías y luego declararon a la región como territorio libre para el contrabando, y a la que las autoridades no logran reingresar. Un sacerdote católico pidió militarizar la zona, el Defensor del pueblo implora a los jefes originarios de esa zona para que devuelvan los cadáveres y a pesar de los crímenes no hay acciones del gobierno para devolver la normalidad a la zona.

El domingo cuatro policías que trabajaban para la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) que patrullaban la zona, tras una serie de denuncias de robo de vehículos, fueron aesinados por comunarios de la zona que, supuestamente, los confundieron con ladrones.

El asesinato de los cuatro policías puso en entredicho el curso indigenista del gobierno empeñado en presentar a las prácticas tradicionales como el ideal de la sociedad.

Hasta ahora el fiscal general de la República, Mario Uribe, instruyó una investigación de hecho, pero en la práctica esa intención no pasa de las declaraciones porque los organismos estatales no tienen ingreso a la zona.

“Se va restablecer más pronto que tarde la autoridad y el conjunto de las reglas del Estado”, dijo el vicepresidente Alvaro García, en un tácito reconocimiento de que el gobierno perdió el control de la zona.

García dijo que es normal que la fuerza pública tenga “problemas coercitivos temporales”, al asegurar que la vía de solución a ese conflicto será pacífica.

El mandatario instó a los indígenas a abandonar la confrontación y deponer la resistencia para que un contingente policías y fiscales ingrese a esa zona para investigar la muerte de los cuatro uniformados y permitir también que los cadáveres sean entregados a sus familiares.

“Estamos pidiendo de manera respetuosa, pero firme que se entregue los restos de los cuatro policías”, dijo.

Pero los pedidos no tienen éxito. El Defensor del Pueblo pidió permiso a los dirigentes de los comunarios para negociar en el lugar las condiciones para la entrega de los cadáveres de cuatro policías asesinados el lunes pasado en Saca Saca, Uncía.

Pero los originarios se niegan a cualquier diálogo con el gobierno y afirman que sólo otro cabildo podrá modificar la decisión tomada el pasado miércoles 26 y que no se hacía responsable de lo que suceda en caso de que llegue esta comitiva.

Militarizar la zona

En Potosí, el sacerdote Miguel Alvino, portavoz de la Diócesis de esta región, pidió al Gobierno militarizar el municipio de Uncía.

El Gobierno “tendría que militarizar Uncía, porque tenemos entendido que en esa región existe un cuartel, además tiene que poner sus buenos oficios en este tema y garantizar la justicia para todos”, manifestó el sacerdote, según radio Aclo.

“Nadie puede quitar la vida a nadie así por así, nadie puede quitar la vida con sus propias manos, ni por ajuste de cuentas ni nada”, agregó el sacerdote, indignado por lo acontecido en una comunidad de Uncía el pasado domingo.

El religioso exigió a las autoridades no permitir que un grupo reducido de personas sigan usando a la gente sencilla y humilde de norte Potosí, que es muy querendona de su patria y territorio.