Stuttgart,.- La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) destacó los avances que Bolivia hizo en los derechos económicos, sociales y culturales, las mejoras en los servicios de salud y educación y en el reconocimiento del derecho a la tierra de los campesinos y los pueblos indígenas, pero expresó su preocupación por el sistema judicial y la impunidad.

Los datos están contenidos en el informe 2010 “El estado de los derechos humanos en el mundo” de la organización que, fundada en 1961, tiene su sede en Londres.

Según el informe, “siguió suscitando preocupación la independencia del poder judicial. Las tensiones politicas socavaban la capacidad de algunas instituciones clave para debatir propuestas encaminadas a reformar la magistratura de manera coordinada”.

El documento señala que preocupaba la posibilidad de que “la persistente inestabilidad y politizacion del sistema de justicia menoscabara la aplicacion de las normas internacionales sobre juicios justos” y toma como ejemplo las acusaciones a magistrados, entre ellos su ex presidente Eddy Fernandez, inhabilitado por presunta retardación deliberada de la justicia en el caso de Octubre Negro.

El documento señala que a pesar de que dos comisiones entregaron conclusiones sobre la masacre de Pando y la violencia racista registrada en Sucre en mayo de 2008, Fernández todavía no fue enjuiciado, mientras en Sucre continuaba el juicio varios funcionarios y dirigentes locales acusados de torturas y delitos.

El informe destaca el inicio del juicio a al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso “octubre negro”, aunque al finalizar el ano, Gonzalo Sanchez de Lozada seguía en Estados Unidos en espera del resultado de una solicitud de extradicion.

El informe destaca que en mayo de 2009 el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indigenas publico un informe en el que se reconocían los pasos dados por el gobierno boliviano para identificar situaciones de servidumbre, trabajo forzado, trabajo cautivo y esclavitud de familias cautivas. En ese informe se criticaban tambien los arraigados intereses imperantes en los comites civicos y las prefecturas de las tierras bajas que posibilitaban la continuacion de estos abusos.

En ese mismo mes el gobierno puso en marcha una iniciativa para reducir la mortalidad materna mediante la concesion de un incentivo monetario a las madres con objeto de que se sometieran a revisiones médicas gratuitas antes y despues del parto.