Comunarios de cinco ayllus del municipio Uncía, del norte de Potosí, admitieron esta tarde en un cabildo abierto que lincharon a cuatro policías, a quienes consideran ladrones disfrazados. La Policía los había dado por muertos en la víspera. El gobierno anuncia duras sanciones, mientras parlamentarios recuerdan que la justicia comunitaria no ampara linchamientos.

“Hermanos no hemos matado policías, (sino) hemos hecho morir a ladrones disfrazados de policías”, dijo una de las autoridades originarias, en idioma quechua,según Erbol.

El cabildo abierto se desarrolló en la plaza principal de Uncía.

Según los comunarios los efectivos destinados a esa región solamente extorsionan a los transportistas y a los propietarios de los autos ilegales, a quienes les cobrarían entre 200 a 1.000 dólares por vehículo.

En el cabildo declarar el municipio como zona de libre transitabilidad y comercialización de los vehículos que ingresan de contrabando.

Los cuatro policías de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) orureña fueron interceptados y secuestrados el domingo por la noche por comunarios de Cala Cala, quienes supuestamente los confundieron con una banda de atracadores.

Los policías tomados linchados son el suboficial Nelson Alcócer Casano, el cabo Rubén Cruz Aruquipa, el cabo Esteban Alave Arias y el policía Miguel Ramos Palluni, quienes investigaban el robo de dos vagonetas de marca Toyota en la ciudad de Oruro.

Los cuatro efectivos policiales habrían sido linchados en proximidades de la comunidad de Saca Saca del municipio de Uncía.

Severas sanciones En la tarde, el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, advirtió severas sanciones severas en contra de policías o civiles que estén involucrados con el linchamiento de cuatro personas en el municipio de Uncía.

“Vamos a esperar un informe oficial y objetivo para ver exactamente en qué condiciones ocurrieron esos crímenes”, dijo Coca

Coca dijo que sería lamentable si se evidencia que algunos comunarios de Uncía estén implicados con acciones “anómalas”, pero recalcó que el Gobierno no permitirá, absolutamente, “ningún desfase en lo que hace al cumplimiento de la ley y de la autoridad”.

En el Parlamento la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón, recordó que la justicia comunitaria no ampara linchamientos. “No podemos hablar de una justicia comunitaria que esté involucrada con linchamientos”, dijo la asambleísta del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) y agregó que linchar y torturar a una personas es “definitivamente un delito” y, obviamente, tiene que ser investigado por la Policía y el Ministerio Público, “sin mayor especulación”.

La justicia originario campesina tiene rango constitucional desde febrero del 2009, con la misma jerarquía que la jurisdicción ordinaria.

“En la Constitución está prohibido ese tipo de actos que van en contra de los derechos humanos y la Constitución está, incluso, por encima de los territorios indígenas”, el diputado Javier Zabaleta del ahora opositor Movimiento Sin Miedo (MSM).

Según Zabaleta, de confirmarse ese exceso de violencia en Uncía, los responsables deben ser sancionados, sean indígenas o no.