Rubén Costas, Ernesto Suárez y Mario Cossío, los tres gobernadores opositores sobre los que pesan acusaciones de corrupción y que se oponían a la aprobación de la Ley Transitoria de Autonomías decidieron acudir a Sucre, donde serán posesionados el 30 de este mes por el presidente Evo Morales.

La oposición hassta ahora se había negado a que sea el presidente sea quien posesione a los gobernadores electos, aunque la ley establece esa obligación.

“No lo está haciendo el presidente Evo Morales, está en una ley, entonces, no es un capricho”, dijo el ministro de la Presidencia, Oscar Coca.

Según la autoridad, el acto de posesión es “muy importante en razón a que todo este proceso de la autonomía que había sido comprometido al país se está cumpliendo. Lo único que estamos haciendo es cumplir con la ley”.

En Santa Cruz confirmaron la presencia de Costas, aunque en la Prefectura de ese departamento aseguran que sólo es un formalismo.

Aunque los prefectos opositores serán posesionados, es previsible la pronta suspensión de Costas y Cossío, sobre los cuales pesan imputaciones penales por malversación y corrupción.

El rechazo a la ley transitoria de autonomías fue interpretada como una maniobra política de los comprometidos en casos de corrupción, razón por la que el gobierno les pidió diseñar una defensa jurídica antes que política.

“Lo que deben hacer los gobernadores electos es una defensa jurídica y no política, porque estoy segura que ningún ciudadano cruceño, beniano, tarijeño está a favor de la corrupción”, dijo la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.

Suxo aclaró que la imputación significa que un Fiscal estima que hay suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, razón por la que formalizar el proceso mediante una resolución fundamentada. La acusación ocurre al final de la fase preparatoria del proceso, cuando el Fiscal presentará ante el juez o tribunal de sentencia, la “acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado”.