El Senado aprobó anoche la Ley Transitoria de Autonomías sin mayores cambios a los artículos 8, 9 y 10 que estipulan la suspensión de gobernadores con acusación formal en materia penal. La oposición, minoría en esa instancia parlamentaria, abandonó el hemiciclo.

La Ley, aprobada por 25 senadores del MAS, estará vigente sólo hasta el 22 de julio, porque hasta esa fecha el Parlamento debe aprobar la Ley Marco de Autonomías.

En un intento de frenar la aprobación de la Ley, la oposición planteó someter el proyecto de ley a un control Constitucional, pero la propuesta fue rechazada.

“Hemos aprobado la Ley Transitoria de Autonomías en sus estaciones en grande y en detalle, con algunas modificaciones de forma: en el título, en el título único, modificaciones de forma en dos artículos, se adicionaron dos capítulos con tres artículos, dos incisos en el artículo primero, otro en la disposición final”, informó la senadora oficialista Gabriela Montaño.

“Los artículos 8, 9 y 10 no han sido modificados de la propuesta que hizo la Comisión de Autonomías al pleno de la Cámara Alta”, agregó. Esos tres artículos que prevé la suspensión de gobernadores sopbre los cuales pesen imputaciones penales y los mecanismos para su reemplazo, provocaron la protesta de sectores ligados a los tres gobernadores opositores afectados.

El vicepresidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), que dirigió la sesión en ausencia de su titular Ana María Campero, dijo que la nueva norma “garantiza la implementación de las autonomías”.

La oposición calificó al proyecto de ley, ahora aprobado por el Senado, como inconstitucional porque contradice a la Constitución que sólo prevé la suspensión de autoridades si sobre ellas pesa una sentencia penal ejecutoriada.

Sobre los gobernadores opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija), que ganaron las elecciones de abril, pesan denuncias de corrupción y daños económicos al Estado. Si bien la lay garantiza su posesión en 30 mayo, pronto podrían ser suspendidos y hasta reemplazados de sus cargos.

Los otros seis gobernadores electos emitieron un comunicado de apoyo a la nueva ley.

En protesta contra la ley en Beni, Santa Cruz y Pando, se había anunciado la realización de una huelga de hambre, pero a última hora fue cambiada por movilizadciones. Para hoy dirigentes cívicos cruceños convocaron a una marcha en la que esperan a un millón de manisfestantes.