La posesión de los gobernadores opositores, sobre los cuales pesan acusaciones penales formales, está garantizada, pero no continuidad. El MAS aceptó introducir cambios al proyecto de ley de Transición de las Autonomías, pero las modificaciones no son suficientes para frenar una huelga de hambre de dirigentes civicos de Beni y Tarija.

El nuevo texto del proyecto señala en su artículo ocho que “los gobernadores y/ o gobernadoras serán suspendidos temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando pese sobre ella o él acusación formal. Luego de concluida la investigación penal de acuerdo al artículo 323 inciso 1 del código penal. La suspensión durará durante toda la sustentación del proceso para asumir su defensa”.

Esa modificación permitiría la posesión de Rubén Costas, en Santa Cruz, y Mario Cossío en Tarija, aunque al mismo tiempo prevé un pronta suspensión, porque sobre los dos pesa ya imputaciones formales, por malversación de fondos en el caso de Costas, y por corrupción en el caso de Cossío. Sobre el actual prefecto de Beni, otro de los gobernadores electos opositores, está en curso una investigación que se prevé también terminará con una imputación formal que, así como está en proyecto de ley, determinaría también su suspensión.

Según el procedimiento, previsto por el nuevo artículo nueve del proyecto de ley, “la acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente será comunicada por el fiscal a la asamblea departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquélla y designe a la misma autoridad ejecutiva interina, de entre los o las asambleístas departamentales. Si como resultado del proceso judicial la autoridad jurisdiccional pronuncia sentencia condenatoria y la misma es ejecutoriada, se procederá a una nueva elección de gobernadora o gobernador, para completar el periodo respectivo constitucional”. En caso de ausencia temporal la suplencia será designada por la asamblea departamental por mayoría absoluta de votos y en caso de suspensión definitiva por renuncia, muerte, inhabilitación permanente, se procederá a una nueva elección.

El vicepresidente Alvaro García, dijo que el gobierno está abierto a modificar el proyecto de ley, pero bajo el principio de que cualquier autoridad debe ser fiscalizada y enjuiciada, si cometió algún delito grave.

Según el entorno de los gobernadores electos afectados, las suspensiones sólo deben ser posibles si existe una sentencia ejecutoriada, porque así lo establece la nueva constitución.

Sin embargo, los gobernadores “o que no quieren es que existan facultades legislativa y fiscalizadoras que los acusen porque quieren seguir como antes, en su feudo sin ningún control”.

“El Presidente y Vicepresidente somos también objeto de investigación y fiscalización, y nos sometemos a lo que establece la ley y la Constitución. ¿Por qué alguna autoridad electa tiene miedo a ser investigada y fiscalizada? A no ser que haya cometido algún delito y que sepa que ha cometido algún delito, entonces ahora quiere inmunidad”, dijo.

Sin la aprobación de la Ley Transitoria de Autonomías, las funciones legislativas de las asambleas departamentales no pueden ser aplicadas de inmediato.

En Santa Cruz, dirigentes cívicos de Beni y Tarija anunciaron que hoy, a las 18.00, instalarán un piquete de huelga de hambre indefinida. Los dirigentes cívicos cívicos esas regiones se declararon en estado de emergencia “para defender, con energía y tenacidad, el voto del pueblo, la autonomía departamental, integridad territorial y la democracia, además del Estado de Derecho”.