La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Cámara de Senadores, aprobó el lunes en su primera estación el proyecto de Ley Transitoria de Autonomía, que normará la transición y funcionamiento de las gobernaciones y asambleas departamentales y que dispone la suspensión de autoridades si sobre ellas pesa una acusación penal formal.

“Los puntos que generaron mayor debate aún cuando no se había ingresado a la estación en detalle, fueron los artículos 8, 9 y 10, relacionados a la suspensión de los autoridades electas sobre las que pese alguna acusación formal”, informó la senadora oficialista, Gabriela Montaño.

La oposición presentó un proyecto alternativo pero que no fue considerado por razones de procedimiento.

“No se la puede tomar en cuenta como una propuesta oficial, puesto que no ha seguido el curso reglamentario que corresponde, sin embargo tendremos la apertura necesaria para escuchar en cada artículo las propuestas alternativas que tenga la oposición a nivel de la Comisión de Autonomía, donde mantenemos una actitud permanentemente democrática y amplia en el debate”, dijo Montaño.

La Ley Autonómica Transitoria, tiene como objetivo evitar el vacio normativo que pueda presentarse entre el 30 de mayo, fecha de posesión de las autoridades electas, hasta el 22 de julio, fecha límite para la aprobación de la Ley Marco de Autonomías.

Suspensión de autoridades

Según el artículo 8 del proyecto de ley “la Gobernadora o el Gobernador podrá ser suspendida o suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o él acusación formal en materia penal emitida antes de la fecha de posesión o durante el ejercicio de su mandato”.

El artículo 9 del citado proyecto agrega que “la acusación formal presentada ante el tribunal o el juez competente, será comunicada por el fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de aquella y designe sin mayor trámite a la máxima autoridad interina”.

Esos dos artículos provocaron la protesta de organizaciones políticas afines a los gobernadores opositores electos, porque sobre dos de ellos —Rubén Costas de Santa Cruz y Mario Cossío de Tarija— pesan acusaciones penales formales.

Sobre Costas existe una acusación penal por una supuesta malversación de Bs 10,2 millones que se usaron en el desarrollo del referéndum autonómico de Santa Cruz el 4 de mayo del 2008. Cossío tiene cuatro imputaciones formales y enfrenta al menos ocho juicios iniciados por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

La oposición en el Parlamento afirma que el proyecto de ley vulnera la Constitución debido a que ésta prevé la suspensión de autoridades sólo en el caso de una sentencia ejecutoriada.

En Santa Cruz, el Comité Cívico de esa región afirmó que el proyecto de ley es un mecanismo para busca destituir a los opositores.