Los organizadores de la cumbre que cuesta mucha plata para movilizar a miles de personas del continente y de otras partes del planeta hacia Cochabamba han revelado que sus conclusiones no tendrán carácter vinculante para la cumbre oficial que debe realizarse próximamente en México. Entonces, ¿para qué semejante movilización de gente y derroche de plata? ¿Sólo para ovacionar a los presidentes del ALBA y echarle un poquito de tierra para disimular la derrota electoral del MAS?

Un grupo de rebeldes, entre ONGs no oficialistas e indígenas que se sienten no sólo excluidos sino discriminados por el gobierno, han planteado la necesidad de tratar en la cumbre los problemas ambientales del país como ser la contaminación de aguas y tierras por la explotación minera, por las concesiones a las transnacionales para la exploración y explotación de futuros yacimientos petrolíferos, denunciar el plan brasilero de un gigantesco programa hidroeléctrico que comprometerá al noroeste boliviano inundando inmensas zonas y matando el ecosistema de la región.

El planteamiento ha sido enérgicamente rechazado por el gobierno porque, sin duda, desnuda su política hipócrita frente al imperialismo. Mientras lanza incendiarios discursos anticapitalistas en los foros mundiales, en el país se “asocia” con las transnacionales para explotar indiscriminadamente los recursos naturales generando grandes beneficios para estos tentáculos del imperialismo.

Viola su propia constitución que consagra el derecho que tienen los pueblos originarios de exigir la seguridad ambiental a los inversionistas y burla el derecho que tienen éstos de aprobar o vetar la explotación de los recursos de su jurisdicción.

Estos rebeldes, donde aparece el CONAMAQ como sector visible, a pesar de la negativa del gobierno, han decidido instalar la mesa 18 para que, de todas maneras, libres de toda restricción, puedan participar los sectores que deseen tratar los problemas en cuestión.

Urge desnudar las limitaciones de los gobiernos reformistas que realizan una política burguesa -en la medida que defienden la propiedad privada en todas sus formas- que están condenados a sumarse a la acción depredadora de la naturaleza y del hombre que desarrolla el imperialismo. Eso hace el gobierno de Evo Morales al propiciar las inversiones del imperialismo en Bolivia.

La única vez que se planteará seriamente la defensa de la naturaleza y del hombre será cuando los avances de la ciencia y de la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas, sirvan realmente al conjunto de la humanidad, libre de la tara capitalista de la ganancia a costa de la super explotación de la fuerza de trabajo y de la opresión de naciones pobres.

Sólo la futura sociedad comunista podrá garantizar la supervivencia de la especie humana previendo todos los medios necesarios para garantizar que la humanidad pueda sobrevivir a los desastres de la naturaleza provocados por el hombre y por las contradicciones internas que genera el mismo planeta.

NUEVAMENTE SE PLANTEA EL PROBLEMA CRUCIAL DE LA LUCHA DE CLASES: LA URGENTE NECESIDAD DE ACABAR CON EL CAPITALISMO PARA PERMITIR LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE HUMANA EN EL PLANETA. LA ACTITUD DE LOS REFORMISTAS PEDIGÜEÑOS QUE PRETENDEN INVENTAR “TRIBUNALES DE JUSTICIA CLIMÁTICA” PARA ARRANCAR 2.5 BILLONES DE DOLARES AL IMPERIALISMO, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR -dicen- A LOS PAISES POBRES, NO RESUELVE EN ABSOLUTO EL PROBLEMA CLIMÁTICO EN EL PLANETA.

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El ascenso de las masas

El andamiaje jurídico para dar apariencia de legalidad a un nuevo aparato institucional que pretende construir el oficialismo es artificial porque no está asentado en una economía real y fuerte, por esta razón está condenado a derrumbarse al chocar con la rebelión de las masas.

El proceso político actual se caracteriza por el surgimiento de dos escenarios contradictorios: por un lado, las masas que empiezan a sentir las consecuencias de la crisis del capitalismo y que al constatar la incapacidad del gobierno para resolver sus necesidades vitales y para superar los problemas estructurales del país evolucionan rápidamente hacia posturas francamente antioficialistas, protagonizando movilizaciones cada vez más generales y radicales; y, por el otro lado, el gobierno se empeña desenfrenadamente por controlar todos los poderes del Estado con la pretensión de erigirse en poder omnímodo quitando del camino todo vestigio de oposición -sea esta de izquierda o de derecha-, en este propósito, busca estructurar un andamiaje institucional que dé apariencia de “legalidad” a todos sus actos por muy arbitrarios que sean.

Se percibe con nitidez el subjetivismo oficialista que consiste en creer que, teniendo el control de todo el aparato estatal con el respaldo del ordenamiento jurídico, es posible perpetuarse indefinidamente en la administración del poder político. El error está en abstraer del análisis lo fundamental y real del proceso político, la evolución que están viviendo los sectores explotados del país que -de manera nítida- marchan hacia la acentuación de la lucha de clases con la condición de que la política revolucionaria del proletariado aparezca en el escenario como referencia de las masas que ya se encuentran en las calles.

Al equívoco anterior se suma la tontera de creer que al controlar las costras burocráticas de los sindicatos ya se tiene el control total del movimiento obrero, sin tomar en cuenta que, mientras más se alejan los trabajadores del gobierno, los aparatos oficialistas de los sindicatos chocan con aquellos.

Sin lugar a dudas, puede sostenerse que ya ahora los sindicatos son cascarones vacíos que han perdido todo poder sobre sus bases que están adoptando posiciones cada vez más radicales sobrepasando a la burocracia sindical abiertamente oficialista.

Lo ocurrido en la última movilización fabril en La Paz y Cochabamba confirma a plenitud nuestro análisis: a pesar de la conducta cínicamente servil de sus dirigentes, las bases, en sendos ampliados, deciden salir a las calles para rechazar los proyectos de leyes del trabajo tanto del gobierno como de la misma Central Obrera Boliviana; además rechazan la oferta gubernamental de un incremento salarial equivalente al 5 % de sus sueldos y se enseñorea en las calles la consigna del sueldo igual al costo de la canasta familiar complementado con la escala móvil de sueldos.

Las maniobras parlamentarias para imponer leyes a gusto del oficialismo, haciendo uso de su mayoría absoluta, han perdido toda significación para los explotados que, por el contrario, adoptan una actitud no sólo escéptica sino de total desconfianza tratando de encontrar en ellas una trampa que les hará mucho daño.

Lo evidente es que todo el ordenamiento legal que construye el gobierno para asentarse en un orden institucional que tiene la finalidad de ofrecer seguridad jurídica a los “socios” que se atrevan a invertir en el país y a la empresa privada nativa se derrumbará como un castillo de naipes cuando las masas adopten la acción directa, cada vez de manera más atrevida. No olvidar que las leyes y las instituciones del Estado burgués son sólidas sólo en la medida que reflejan una economía fuerte y este no es el caso, cuando el sistema social naufraga sin rumbo en el plano mundial y -al interior del país- no tiene ninguna posibilidad de estabilizarse para dar satisfacción a los explotados.

* Profesor de Filosofía y dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).