Muchos coincidirán conmigo en el hecho de que uno de los lastres que complica el despegue del sector hidrocarburífero boliviano está en el manejo e interpretación tan ambiguo que se da a las sociedades conformadas entre YPFB y otras empresas (nacionales, extranjeras, estatales o privadas) para realizar actividades de exploración y explotación en áreas que están reservadas exclusivamente para la estatal petrolera boliviana.

Como un ejemplo "fresco", para justificar el título de este artículo podemos citar el proceso de Licitación Pública 006/2010 mediante el cual PETROANDINA, una sociedad conformada por la boliviana YPFB y la venezolana PDVSA, contratará a una empresa para que realice el levantamiento sísmico bidimensional (Sísmica 2D) en los bloques Iñau 09G 2D e Iñiguazu 10G 2D ubicados en una zona que comprende los Departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

En ese entendido, supongamos por ejemplo que un ciudadano desea conocer mayores detalles sobre esta licitación y acude al portal web del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES). No tardará mucho en darse cuenta que sobre la licitación en cuestión no existe información alguna.

¿Podría ser considerado como un incumplimiento a la normativa legal vigente el hecho de que PETROANDINA no haya publicado el Documento Base de Contratación (DBC) para esta licitación en el portal del SICOES?

La respuesta es ambigua porque desde el punto de vista del Código de Comercio (Decreto Ley 1479), PETROANDINA no está en la obligación de publicar el DBC en el SICOES. Pero la figura es completamente opuesta desde el punto de vista de la normativa de fiscalización y control gubernamentales (Ley 1178 SAFCO).

El Artículo 3 de la Ley 1178 (SAFCO) señala lo siguiente:"Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio".

Para este caso en particular, el Estado a través de YPFB tiene el 60% del patrimonio de PETROANDINA por lo que sería lógico que la Licitación Pública 006/2010 esté disponible en el portal del SICOES ya que la norma así lo establece.

Pero el Decreto Supremo 29009 emitido para autorizar la creación de PETROANDINA señala en su Artículo 2 que esta sociedad funcionará en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 424 y siguientes del Código de Comercio (Decreto Ley 1479) donde se establece que "Son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital privado, para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios".

En el Código de Comercio podemos ver que ni el Artículo 424 ni los precedentes hacen mención a la normativa de fiscalización y control gubernamentales. Es más, según el Código de Comercio, la sociedad entre YPFB y PDVSA (PETROANDINA) está sujeta a las normas que rigen el desenvolvimiento de las sociedades anónimas motivo por el cual se justifica que PETROANDINA no haya publicado el DBC en el portal del SICOES.

Pero vamos un poco más a fondo, la Sentencia Constitucional 0045/2006 del Tribunal Constitucional determinó que todas las sociedades de economía mixta, cuando tienen mayoría accionaria del Estado (este es el caso de PETROANDINA), deben sujetarse a las disposiciones de la Ley 1178 (SAFCO). Entonces… ¿En qué quedamos?

He puesto como ejemplo la publicación de un DBC pero existen temas que pueden ser mucho más complicados y considero que este asunto, por su importancia debe dejar de ser tan ambiguo ya que a futuro podría acarrear graves consecuencias legales.

Hace algunos días PETROBRAS pidió más áreas reservadas a YPFB, en ese caso primero se deben firmar convenios de estudio para analizar el potencial hidrocarburífero de dichas áreas, posteriormente si PETROBRAS confirma que las áreas tienen prospectos favorables se conformaría una SAM con YPFB. El caso se repite con GAZPROM, TOTAL, PETROVIETNAM, GTLI, etc. Las S.A.M son una parte fundamental en el desarrollo del sector hidrocarburífero boliviano.

Tal vez convenga más una SAM desde el punto de vista del Código de Comercio ya que esto significaría un mecanismo de trabajo más dinámico, menos burocrático y más corporativo (propio de una empresa petrolera) o tal vez convenga más una SAM desde el punto de vista de la normativa de fiscalización y control gubernamentales (propio de una empresa estatal). Lo que no conviene y de eso podemos estar seguros, es una SAM a merced de la interpretación que alguien le pueda dar dependiendo el caso y la conveniencia, este tema definitivamente debe ser atendido y normado con la prioridad que corresponde por aquellos sobre quienes recae esta responsabilidad.

* Analista y Editor de HidrocarburosBolivia.com