La reducción de recursos del TGN ya empieza a hacerse sentir por la disminución de las exportaciones y la caída de los precios de gas y de los minerales. Este hecho está empezando a provocar dificultades en la cancelación de algunos bonos, en el soporte a la subvención al consumo de la energía eléctrica, y en la creación de nuevos ítemes para educación y salud, etc.

En los últimos días el gobierno ha promulgado un decreto supremo que suspende la “tarifa solidaria” para el consumo de energía eléctrica que favorecía a los sectores de bajos ingresos de la población. Esta tarifa fue puesta en vigencia el año pasado como una de las medidas electorales del gobierno. El decreto en cuestión justifica la suspensión de la subvención argumentando que el TGN ya no puede financiar ese beneficio.

En la misma línea, el primer mes del presente año el gobierno ha dispuesto la reducción de los recursos de IDH a las universidades, a los gobiernos departamentales y a los municipios, debido a que los recursos del TGN han disminuido considerablemente. Las consecuencias ya se dejan sentir en la paralización de proyectos y obras departamentales y municipales con repercusiones muy graves en las economías locales y en el aumento de la desocupación.

La semana pasada, el ex coordinador del Bono Juana Azurduy, Nelson Hurtado, reveló que en el país no se cancelaba este beneficio por fallas administrativas y financieras desde el mes de enero. Al día siguiente fue despedido por la Ministra de Salud, quien hizo esfuerzos por desvirtuar las declaraciones de Hurtado, sin éxito alguno porque días después se vio obligada a anunciar que el gobierno había hecho un depósito de 17.984.35 millones de bolivianos para pagar el bono sólo correspondiente al mes de enero.

La misma autoridad aclaró que hacía gestiones para conseguir el dinero necesario para el mes de febrero porque había una orden expresa del presidente Morales de no fallar con esa obligación por tratarse de una política de Estado.

Por otra parte, a principios de año, el gobierno oficializó la creación de sólo 2.500 ítemes para educación y salud (2.000 para educación y 500 para salud) cuando el déficit histórico sólo para educación sobrepasa los 5.000 ítemes. Hasta ahora, son los padres de familia quienes cubren esa falencia a costa de sus miserables ingresos.

Con la finalidad de reducir los gastos del servicio de la educación, el gobierno ejecuta una descomunal política de “racionalización” sacando ítemes de unas unidades para trasladarlos a otras donde la situación se torna crítica por la presión de los padres de familia. En Cochabamba se han realizado movilizaciones populares en Sacaba y Tiquipaya para impedir que sus ítemes sean trasladados a otros distritos, y exigiendo más atención del Estado para cubrir el crecimiento vegetativo de la población escolar.

En este trabajo, las autoridades se ven obligadas a hacinar alumnos en cursos pequeños, sin mobiliario e iluminación y cargando mayor trabajo sobre las espaldas del maestro. El resultado es un lamentable deterioro de la calidad educativa.

Por todo lo descrito se llega a la conclusión de que las arcas del Estado están cada vez más vacías por lo que, día que pasa, se hace más difícil solventar los bonos que demagógicamente ha creado el gobierno en el período electoral y, lo más grave, también empieza a descuidar servicios tan elementales como salud y educación.