Padres de familia de El Alto casi linchan a un sujeto que violó a su hijastra de 13 años; en Sucre compareció ante la justicia el presidente del Concejo Municipal, acusado de violar a su propia hija; en La Paz, el pariente de un influyente ex juez molió a palos a una mujer. Sólo en el primer trimestre de 2009 fueron asesinadas 17 mujeres en las ciudades de La Paz y El Alto, sin que hasta la fecha se haya juzgado a los responsables. Varias organizaciones sociales denunciaron que la mayoría de los casos de violencia contra mujeres quedan en la impunidad.

Cada día se denuncian graves hechos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas de todas las clases sociales. Este jueves, un padrastro violador casi fue linchado en el Palacio de Justicia de El Alto por padres de familia del Colegio San Martín. El violador fue encarcelado en el penal de San Pedro y los familiares exigieron que la madre de la menor violada también sea recluida porque consintió los abusos.

El caso más sonado de la jornada fue sin duda la denuncia contra el presidente del Concejo Municipal de Sucre Fidel Herrera, acusado de violar a su propia hija. La víctima denunció a su padre ante la Comisión de Derechos Humanos.

Herrera debía declarar ante la Fiscalía de La Paz porque la Fiscalía de Sucre no quiso recibir la denuncia. "Vamos a seguir de cerca el caso porque no se puede permitir que por ser autoridades, políticos o candidatos, estos hechos queden en la impunidad", anunció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Elizabeth Salguero (MAS).

La parlamentaria advirtió que "estamos viendo casos dolorosos de violencia contra las mujeres, que ocasionan la muerte de las mismas, parálisis y violaciones", y reiteró que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres no permitirán que el Poder Judicial proteja a políticos y autoridades.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el Capítulo de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinadora de la Mujer y la RED-ADA, entre otras organizaciones sociales, denunciaron que graves hechos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad debido al tráfico de influencias en la justicia boliviana.

Este colectivo social reveló que en el primer trimestre del año fueron asesinadas 17 mujeres en La Paz y El Alto, entre ellas Virginia Huanca Aliaga y Claudia NN, golpeada hasta quedar paralítica por José Luís Bacarreza Costas, sobrino de un influyente juez. En ambos casos los responsables están libres.

El feminicidio es el asesinato u homicidio de mujeres cometido por hombres con quien la víctima tenía o tuvo relaciones familiares, y en menor proporción por violadores desconocidos.El feminicidio no está tipificado en el Código Penal boliviano. El artículo 252 de la norma tipifica como homicida o asesino al que matare a 1) sus descendientes, conyugue o conviviente sabiendo que lo son; 2) por motivos fútiles o bajos; 3) con alevosía y ensañamiento; 4) en virtud de precio dones o promesas; 5) por medio de substancias venenosas; 6) para facilitar consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados; y 7) para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido.Sin embargo, cuando un hombre mata a su pareja (novia, esposa o concubina) elude la aplicación de estos artículos alegando "Homicidio por emoción violenta", logrando en la mayoría de los casos la pena mínima.

En lo que va del año, el Servicio Alternativo psico-socio-legal del CIDEM registró que de 203 mujeres agredidas por sus parejas sólo 28,5% denuncian estar en riego de muerte. Las víctimas sufren amenazas, agresiones, vejámenes, violaciones, golpizas y violencia extrema, quemaduras en el cuerpo e intentos de ahorcamiento. Algunas son obligadas a ingerir alimentos envenenados, son atacadas con objetos contundentes, armas punzo cortantes o disparos.

El 25 de noviembre es el "Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres". En el mes de la no violencia y el respeto a los derechos humanos, las organizaciones de mujeres exigieron a las instancias judiciales que cumplan su rol constitucional, eliminando el tráfico de influencias y la aplicación de normas desde perspectivas machistas y misóginas.

Las mujeres exigieron que el feminicidio sea incorporado en el Código Penal con pena de 30 años sin derecho a indulto.