Tras el referéndum del 25 de enero del presente año que aprobó con el 61,08 % de los votos la nueva Constitución Política del Estado, el discurso de los dirigentes del MAS enfatizaba el inicio de la “nueva Bolivia”; pocos días después el escándalo de la corrupción de YPFB se encargaba de colocar un manto de dudas al respecto.

El “proceso de cambio”, como su nombre indica si bien implica un proceso, el mismo no termina de arrancar, pues, cambios sustanciales no se han producido en la medida que los sectores populares esperaban. Y es que la solución de los males que atingen a la sociedad boliviana (desempleo, pobreza extrema, mala distribución del excedente generado en el país, ausencia de salud, educación, inseguridad ciudadana, etc.) pese a los esfuerzos limitados del gobierno, están lejos de hallar una solución con la aplicación de algunas pequeñas reformas como plantea el gobierno “populista” del MAS, pues, requiere cambios estructurales.

En el transcurso de estos tres años de gobierno del MAS, dos “visiones de país” – como comúnmente dicen los “analistas políticos” – se han enfrentando en distintas instancias de decisión del Estado y la sociedad boliviana; desde el Ejecutivo (incluido las Prefecturas), pasando por el Parlamento y la Asamblea Constituyente hasta llegar a las calles; estas dos visiones de país buscan, sin duda alguna, la hegemonía en el manejo del aparato estatal.

Sin embargo, la explicación de los sucesos que han conmovido al país estos tres años de gobierno de Evo Morales, rebasan lo meramente cívico o una supuesta pugna regional o étnico cultural; se trata de manifestaciones cuyo trasfondo sólo se pueden explicar a partir de la defensa de intereses económicos: de terratenientes y burgueses coaligados a intereses transnacionales, por un lado y las clases populares ligadas a la pequeña propiedad que quieren una mayor participación en el destino del excedente generado en la sociedad, por el otro. Se trata, en el fondo, de una “confrontación” entre contendientes conservadores, porque de ninguna manera esta en cuestionamiento un aspecto cardinal que hace al quehacer político, jurídico y a toda la superestructura imperante en la sociedad, como es la propiedad privada sobre los medios de producción, base del régimen social imperante.

El proyecto de Estado del MAS

El MAS básicamente constituye la expresión política de los intereses de algunos sectores populares que combatieron las políticas neoliberales en el pasado reciente, se trata de los intereses de la pequeña propiedad urbana y rural: campesinos cocaleros, colonizadores, artesanos, pequeños comerciantes, microempresarios además de pueblos indígenas del Oriente y Occidente del país; la clase obrera fabril y minera organizada en sindicatos y organizaciones políticas está al margen de este proyecto.

­­En lo fundamental el proyecto del MAS es reformista, tiene como objetivo lograr algunas reformas del Estado boliviano a partir de la aprobación de la Nueva Constitución del Estado, instancia a partir de la cual pretende una mayor inclusión indígena en la ciudadanía y en el aparato productivo; impulsar la democracia “participativa” (exigencia que conlleva una mayor participación en la vida política parlamentaria y en otras instancias de decisión del Estado), superar la crisis estatal vía autonomías indígenas, aceptando el desafío de la oligarquía feudal burguesa del Oriente que plantea las autonomías departamentales, superar la colonización interna imperante bajo el Estado boliviano, que se manifiesta en racismo étnico y cultural y exclusión, mediante la inclusión indígena en el aparato estatal (en el Ejecutivo, el Parlamento y las Fuerzas Armadas) es decir, en el Estado-nación boliviano.

En el fondo, el proyecto del MAS, no supera un proyecto demo-liberal, no sólo porque no busca transformaciones estructurales del Estado Boliviano11 Basta recordar que el régimen parlamentario boliviano en los últimos años ha devenido en un organismo anquilosado al servicio de los intereses antinacionales y anti-populares; un organismo inútil cuyas decisiones, en el fondo, emergen del Poder Ejecutivo o de las corporaciones empresariales. , sino porque respeta los principios liberales, en este marco impulsa el “capitalismo andino” cuyo eje es la propiedad privada (tanto nacional como transnacional) sobre los medios de producción; proporciona seguridad jurídica a las inversiones transnacionales y mantiene incólumes principios básicos el modelo neoliberal en la economía.

Una breve mirada a la política económica del MAS

La política económica del Gobierno de Evo Morales basa su accionar en una mayor participación del Estado en la vida económica del país. Sin embargo, el gobierno hasta el momento ha desarrollado políticas económicas que mantienen al país en el clásico modelo del Estado rentista que todavía no se asemeja a las políticas del capitalismo de Estado que impulso – por ejemplo – en los años 80 la UDP (Unidad Democrática y Popular) que es lo más cercano a este gobierno. Mientras el gobierno de la UDP reforzó la idea del Estado productor, basta mencionar las corporaciones de desarrollo que producían leche y derivados o fábricas de vidrio, fósforos, etc. El MAS desarrolla una política económica cercana a una economía social de mercado y se dedica a pagar “bonos”; su propuesta de pagar la renta dignidad a los ancianos, el bono Juancito Pinto y los créditos a los pequeños comerciantes se inscriben en este propósito. Es decir, este gobierno no ha puesto el énfasis en la necesidad de reactivar el aparato productivo, destrozado por las políticas neoliberales de los últimos 25 años. A pesar de ello los créditos a la pequeña empresa y su interés de apoyar a este sector suponen que éste podría ser el rumbo a mediano plazo. De todas maneras, estas medidas dejan bien en claro lo siguiente: el gobierno del MAS lejos de atentar contra la “propiedad privada” capitalista – como sostiene la prensa privada del Oriente y los políticos de la derecha burguesa -, más bien le hace un gran servicio al sistema al pretender ampliar sus bases y generar una burguesía con raíces “originarias”.

De otro lado, pese al buen momento que esta viviendo la macroeconomía del país, producto del incremento de las exportaciones de minerales y gas, el aumento de la alícuota por concepto de impuestos que pagan las transnacionales o el gradual repunte que se empieza a dar en los precios de los minerales en el mercado internacional, sin embargo, a pesar de todos estas medidas, el pueblo en sus sectores más deprimidos no ha mejorado su situación.

La nueva Constitución

La propuesta de constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro redactada con un espíritu liberal – habría que decir con claridad -, reafirmada luego por la oposición de derecha parlamentaria en el Congreso en acuerdo con el MAS en octubre del 2008, pese a la modificación de más de 100 artículos del texto original; lejos de plantear beneficios sustanciales para los pueblos indígenas y los sectores populares sigue sin tocar los intereses de los poderosos de siempre. Hoy ya queda claro que esta constitución en esencia es demo liberal: La propiedad privada sobre los medios de producción, base de un régimen social liberal burgués no ha sido alterado; bajo el discurso de la interculturalidad se reafirma una mayor inclusión indígena en el Estado boliviano; bajo el discurso de la autonomía se reafirma el proceso de reestructuración del Estado boliviano, cuya crisis se trata de resolver mediante la implantación de las “autonomías” a nivel nacional. El peligro de esta decisión es indudable, las autonomías de ninguna manera garantizan una mejor distribución del excedente generado en el país, mucho menos garantizan una mayor unificación del país, por el contrario generan un proceso de división mayor. El regionalismo, el odio racial o étnico cultural, la división en clases sociales y sus conflictos no son males recientes, es una constante en este país, un país escindido por agudas contradicciones sociales producto de una irracional distribución del excedente generado en el país. Frente al problema del latifundio y la servidumbre, el MAS plantea en su propuesta limitar el tamaño del latifundio a 5.000 hectáreas. Medida que no tiene un carácter retroactivo sobre el pasado y sólo tiene vigencia a partir del 25 de enero del 2009 adelante, de esta manera el MAS cede una vez más y consolida los inmensos latifundios de los gamonales del Oriente.

El proyecto de las corporaciones empresariales del oriente

El otro proyecto que aparecía con tendencias hegemónicas hasta hace unos meses atrás es el de las corporaciones empresariales del Oriente y los prefectos de la llamada “media luna”; este proyecto, hoy esta desahuciado tras la masacre de campesinos por las bandas fascistas en Pando y la derrota del golpe de calle que impulsaron durante el 2008 los Prefectos y cívicos de la llamada “media luna”.

Este proyecto a diferencia del proyecto del MAS, expresa la exacerbación al extremo de algunas de las peores cualidades del viejo Estado de la oligarquía minero-feudal que precedió al aparato estatal emergente en Abril de 1952, éste a pesar de todas las transformaciones democráticas que sufrió la sociedad, tras la revolución (entre las cuales se puede mencionar: el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria liberal de 1953) mantuvo su carácter excluyente, opresivo y colonial (colonialismo interno que se revela hacia adentro en su siempre vigente racismo cultural y biológico) y su carácter de aparato represivo al servicio de los intereses empresariales e imperialistas; características que el proyecto autonomista de la agónica “media luna” exalta al extremo y nos retrotrae, vale decir, nos devuelve hacia algunas características propias de una forma estatal que la revolución nacionalista de 1952 precisamente creyó haber sepultado para siempre: el viejo Estado de la oligarquía minero feudal.

Decimos que este proyecto nos devuelve más atrás del Estado nacionalista de 1952, no sólo porque retoma las viejas exclusiones oligárquicas como la defensa a ultranza de la vieja propiedad terrateniente y la gran propiedad transnacional y desata violencia y odio racial contra los pueblos indígenas; un racismo enfermizo que históricamente incubo el inconsciente de las clases dominantes y algunas capas medias citadinas de este país y que ahora sale a relucir con fuerza inusitada; lejos de constituir un progreso hacia una sociedad más “democrática”, como dicen los apologistas de este engendro reaccionario, este proyecto constituye un retroceso hacia un Estado excluyente, corporativo y fascista.

El sustento social de este proyecto reaccionario lo constituyen algunas capas de la clase media citadina (universitarios, principalmente de universidades privadas y algunas públicas, docentes universitarios, burócratas de prefecturas y alcaldías); ideológica y políticamente es la expresión de los sectores más conservadores de la sociedad (los terratenientes, los ganaderos y la burguesía agro industrial del Oriente, una raquítica “burguesía” que siempre vivió de los favores del Estado, productora de algunos artículos de consumo básico como: aceite, arroz, soya, azúcar, carne) muy ligados a los monopolios del petróleo y gas.

La situación actual

El MAS a pesar de todas sus limitaciones representa aún para algunos sectores populares e indígenas del país una esperanza de cambio, para las antiguas clases medias es indudable (: campesinos cocaleros, artesanos, comerciantes, etc.), para algunos sectores intelectuales de clase media es el “mal menor” frente a las angurrientas elites burguesas del Oriente del país, para otros sectores intelectuales y obreros (mineros principalmente) es un gobierno de reformas, que ha frenado el ascenso de masas y, por el contrario, sirve al sistema capitalista al impulsar el “capitalismo andino”.

Tomado de El Trabajador N. 1.