La política boliviana está asfixiada por financiamientos externos. El oficialista MAS sostiene que los cambios que se viven en el país están conducidos por movimientos sociales, como los productoras de hoja de coca de Cochabamba, Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, Colonizadores, Confederación de Campesinos, la Central Indígena del Oriente, "Las Bartolinas" (entidad de mujeres del agro) y el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Kollasuyo. Si bien los cultivadores cochabambinos lograron que la producción de hoja de coca aumentara en años recientes de 12.000 a 32 mil toneladas anuales, lo que mejoró sus ingresos económicos, parte de los cuales podrían destinarse a la reelección de Evo Morales, ONG de Europa y EEUU proveen de recursos a otros movimientos sociales, cuyos montos se desconoce.

En las elecciones del 6 de diciembre participará también el capitán Manfred Reyes Villa, quien, al haberse graduado en la Escuela de las Américas, conserva relaciones con personas influyentes del país del norte. Su candidato vicepresidencial, Leopoldo Fernandez (hoy encarcelado), proviene de Acción Democrática Nacionalista (ADN), del extinto general Hugo Bánzer, quien cultivó fuertes nexos con el Partido Republicano de EEUU. Otro candidato importante, Samuel Doria Medina, se formó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), filial de la social democracia europea y receptor de sus financiamientos. El cuarto candidato en importancia es René Joaquino, de Alianza Social, quien, además de captar ayudas del PNUD, designó candidato vicepresidencial al predicador evangélico, Charles Suárez, vinculado al protestantismo de EEUU, Inglaterra y Australia.

La niebla que opaca el accionar de los candidatos debería ser disipada por la Ministra de Transparencia, Nardy Suxo, quien, antes de su nombramiento, era representante del Centro Carter, cuyos gastos no están transparentados. Suxo, junto a parlamentarios del MAS, sindicó a la prefecta opositora de Chuquisaca, Sabina Cuellar, de malversaciones y de haber recibido 26.000 dólares para su campaña electoral, sin aclarar su origen. Sin embargo, los denunciantes no se han ocupado, por ejemplo, de pedir explicaciones a la ONG, Centro de Estudios Jurídicos Jurídicas y Sociales (CEJIS), que moviliza un millón de dólares anuales, procedentes de USAID, Alemania, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y España, destinados a pueblos indígenas, de acuerdo a JICA, la oficina japonesa de ayuda a Bolivia. El Director Ejecutivo de CEJIS fue el actual Ministro de Autonomías, Carlos Romero Bonifaz.

A su vez, TRANREDES (ENRON-SHELL), que se apropió de los ductos del país, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), fue acusada por el MAS de financiar a grupos separatistas del oriente boliviano, los que organizaron cabildos, marchas, saqueos y disturbios, dentro de la estrategia de crear estados independientes en Ecuador, Venezuela y Bolivia. Sus dirigentes viajaron a Europa para lograr que la "Nación Camba" tenga el status de "protectorado". Estos antecedentes demuestran que el país continúa pareciéndose a una hoja seca sacudida por vientos huracanados.

El escritor Sergio Almaraz criticó al ex Presidente Víctor Paz Estensoro por recibir de EEUU motocicletas donadas para la policía. Ahora Evo recibe ambulancias de España. Los gobernantes actuales y pasados no entendieron que la mendicidad destruye la autoestima, sin la cual nada es posible construir. Tan sólo con exigir a los partidos políticos y movimientos sociales que detallen el apoyo extranjero, el país comenzaría a salir de la niebla que lo enceguece. Tal vez sea demasiado pedir que disminuya la ingerencia foránea, pero que, por lo menos, la ciudadanía sepa de dónde vienen y cómo se distribuyen los recursos foráneos.