Al acuñar un concepto nuevo con resabios de concepciones anteriores resulta indispensable alertar acerca de lo que éste no significa: no se entiende por seguridad sustentable ni la mera represión, ni la prevención inmediata del delito. Apunta sí a la indagación acerca de los factores sociales, políticos, jurídicos y culturales que garantizan -o, en su caso, amenazan- la vigencia de la paz social. En tal sentido, este nuevo concepto guarda un estrecho parentesco con el de paz, entendida como la “tranquilidad en el orden”, siendo en este marco el “orden” el fruto de la justicia.

Por cierto, la actual demanda ciudadana en torno a la seguridad está referida prioritariamente a la disminución del delito, principalmente contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, urge dar pronta respuesta a esta demanda. Pero también se impone un accionar responsable por parte de los distintos actores políticos y sociales en orden a la erradicación de las causas que generan un marco propicio para el incremento de la delictividad.

Este “accionar responsable” hace referencia a una esfera de actividades en la que los resultados no siempre se pueden ver en el corto plazo, e incluso, a veces implica la asunción de estrategias indirectas de largo aliento para abordar problemas cuya resolución específica está más allá de la voluntad de los partícipes de ese proceso.

Para decirlo gráficamente, si bien es empíricamente demostrable aquella vieja afirmación según la cual “cuando los templos y las escuelas están llenas, las cárceles están vacías”, la posibilidad de “llenar” templos y escuelas no está en las manos de nadie (y además no está mal que así sea). Pero se requiere una adecuada comprensión de las causas y factores que llevan a las sociedades contemporáneas a la actual situación, con todas sus ventajas y desventajas.

Afortunadamente, se ha ido gestando un importante consenso en torno a la aceptación de la inseguridad como un fenómeno que responde a múltiples causas: el incremento de la marginalidad, la pobreza y el hacinamiento; la drogadicción y sus efectos en el accionar de los criminales; las nuevas técnicas incorporadas en el accionar criminal; los efectos de la globalización en la vida cotidiana y laboral de la población; la creciente disgregación de la familia; la falta de un serio abordaje de la problemática de la minoridad; la existencia de falencias en el sistema educativo; el debilitamiento del principio de autoridad; la existencia de falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, la inexistencia de una adecuada red de contención social; la inexistencia de confianza y de una adecuada comunicación entre la ciudadanía y la policía; la existencia de una crisis de valores o carencia de valores en la sociedad (1) , son algunos de los factores usualmente mencionados como agentes etiológicos de la inseguridad.

Tal cantidad de elementos puede derivar en una parálisis motivada por la imposibilidad tanto de la comprensión de los mismos como de las medidas tendientes a darles respuesta. Por eso es importante sistematizarlos, tratando de ver cuáles son los aspectos causales y cuáles los resultantes. En otros términos: no cabe duda de que cualquier política coherente de seguridad que se encare debe tener esto muy en cuenta; todos sabemos que para atacar las manifestaciones más violentas del fenómeno de la inseguridad en forma inmediata, se deben contratar más agentes policiales, pagarles y capacitarlos mejor y construir más cárceles, lo cual por cierto no es gratuito sino que demandaría un importante sacrificio fiscal.

Al mismo tiempo, también es sabido que el reclamo de soluciones de urgencia corre el riesgo de caer en un mero reclamo de mayor represión desplazando la posibilidad de pensar en otras políticas, tales como las que pueden incidir en la disminución del ingreso de grupos en riesgo en la actividad delictiva.

De todos modos, la experiencia comparada demuestra que una mayor presencia policial en las calles es un poderoso factor de disuasión, y si los agentes están relativamente bien pagos -y por tanto no necesitan empleos adicionales, ni otro tipo de “ingresos alternativos”- y adecuadamente entrenados, aumenta notoriamente su capacidad de prevención y represión del crimen. Con más plazas en cárceles se le quita a las comisarías una función que no le es propia: el alojamiento del presunto delincuente, al par que se elimina una de las razones por las que se produce la situación caracterizada popularmente con el dicho “los ladrones entran por una puerta y salen por la otra”.

Pero también sabemos todos que esto es necesario pero insuficiente: sin políticas de mediano y largo plazo que tomen en cuenta las causas profundas de las principales amenazas a la seguridad, todo ese empeño -que en términos impositivos demandaría ingentes esfuerzos a la población- se encaminaría irremisiblemente al fracaso.

Preciso es hacer referencia a otros dos aspectos comúnmente mencionados a la hora de proponer medidas: las reformas al sistema judicial y a la legislación de fondo y de forma en materia penal. En cuanto a lo primero, existe un consenso bastante generalizado acerca de la necesidad de producir transformaciones en una administración de justicia lenta, con escasa disponibilidad de medios, y -para colmo- gravemente cuestionada a partir del estado público que ha ido tomando la indigna conducta de algunos de sus miembros, afectando la imagen y credibilidad del conjunto. De todos modos, no cabe albergar grandes expectativas en orden al impacto más o menos inmediato de estos cambios en la vida cotidiana de la mayoría de la población. En cuanto a las reformas legislativas, debemos hacernos aún menos expectativas. Es imperativo acabar con el mito del poder autoejecutorio de la ley.

Basten dos ejemplos para demostrar el carácter efectista pero no efectivo de las propuestas que circulan en este sentido: el agravamiento de las penas por robo de automóviles hasta superar a las de homicidio no implicó en nuestro país merma alguna en la comisión de ese tipo de ilícitos, y su posterior reducción no significó un incremento superior al de la tendencia general para delitos de otra índole.

Tampoco la adopción o derogación de la pena de muerte se tradujo jamás en variaciones perceptibles en ninguno de los Estados en que se produjo esa modificación legal. Obviamente, esto no implica ignorar que todo sistema jurídico es siempre perfectible; la crítica apunta a no depositar en esas reformas demasiadas esperanzas y a advertir acerca de otra derivación de esta atribución a la ley de poderes cuasi mágicos: la excesiva juridización de los programas de formación del personal policial y de las fuerzas de seguridad.

Así, llegamos a la necesidad de encontrar un término que describa esta exigencia de trascender la problemática coyuntural atinente a la seguridad, para designar a los elementos que han de posibilitar una cierta permanencia de las condiciones que la sociedad le brinda al individuo para poder desarrollarse plenamente como persona sin transgredir los canales institucionales, aún en un contexto signado por la incertidumbre. Una nueva realidad necesita una nueva teoría que la explique, como única forma de no caer en un activismo estéril.

Para ello, resulta de suma utilidad la conceptualización elaborada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta entidad propone definir a la seguridad como la libertad frente al miedo y a la necesidad. En concordancia con este postulado, definimos a la Seguridad Sustentable como la libertad frente al peligro y a la necesidad. Conviene aclarar que se ha preferido reemplazar provisoriamente “miedo” por “peligro” por entender que aquel hace referencia a la percepción que los sujetos involucrados pueden tener, mientras que el peligro implica una situación objetiva de riesgo.

Esta noción de seguridad sustentable se deriva además del concepto fundante de Desarrollo Humano, en el sentido en que es interpretado por SS Juan Pablo II y las Naciones Unidas, y que en la Argentina adquiere particular relevancia a partir de su inclusión en nuestra Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

El Informe Mundial de Desarrollo Humano de 1994, elaborado por las Naciones Unidas, vincula estrechamente el concepto de seguridad con el de Desarrollo Humano, advirtiendo lúcidamente que “a fin de abordar el creciente reto que entraña la seguridad humana, se necesita un nuevo paradigma de desarrollo que coloque al ser humano en el centro, que considere al crecimiento económico como un medio y no como un fin, que proteja las oportunidades vitales de las futuras generaciones al igual que las de las generaciones actuales y respete los sistemas naturales de los que dependen todos los seres vivos. Tal paradigma de desarrollo posibilita que todas las personas amplíen plenamente su capacidad humana y aprovechen esa capacidad al máximo en todas las esferas: económica, social, cultural y política.”

El origen de la expresión Desarrollo Humano se encuentra en la crisis de la concepción tradicional que identificaba desarrollo con crecimiento económico. Las transformaciones acaecidas en diversas latitudes en los últimos lustros, muestran cómo es perfectamente posible que se dé un marcado y sostenido crecimiento económico concomitantemente con importantes retrocesos en áreas tales como la salud, el empleo, la educación, la ecología, etc. Ello generó la necesidad de acuñar un concepto que designe un modo de desarrollo centrado en el hombre; es decir, que contemple a todas las personas que integran la comunidad, y a la integralidad del desarrollo de cada una de esas personas.

Es imposible caracterizar adecuadamente las nuevas realidades que motivaron la necesidad de gestar esta doctrina basal de la seguridad sustentable sin antes analizar la génesis de esas realidades. En efecto, no es posible comprender la actual situación, usualmente definida como de “crisis”, o de cambio, sin saber qué es lo que está en crisis, ni cuáles han sido las causas que gestaron una forma de estructuración social a cuya agonía hoy asistimos.

Por eso debemos aventurarnos en los parajes y los tiempos que más han influido en la conformación de nuestra mentalidad: la Europa de fines del medioevo y comienzos de la modernidad. ¿Por qué no abocarnos directamente al análisis de la problemática de la seguridad en el ámbito del MERCOSUR? Es que para bien o para mal (o mejor dicho, para bien y para mal) en el árbol genealógico de nuestra idiosincrasia encontramos más antepasados europeos que americanos. No es hablando en quechua como se evita caer en el eurocentrismo, sino asumiendo nuestra realidad de región inserta en un mundo cuya fisonomía económica, política y cultural muestra una herencia predominantemente europea. Pero así como aceptar que el nombre de nuestro país es “Argentina” (del latín argentum, plata) no implica que creamos que efectivamente nuestra tierra es la tierra de la plata, tampoco la aceptación formal de categorías analíticas elaboradas en otro hemisferio implica la recepción llana y acrítica de sus contenidos y significados. No se trata, pues, de cerrar los ojos a un contexto histórico y geográfico que nos muestra que el problema de la seguridad no es simplemente consecuencia de errores cometidos en una gestión gubernamental -aunque por cierto una suma de errores y omisiones han agravado una situación de por sí difícil- pero tampoco se trata de encandilarse con experiencias extranjeras y tratar de importarlas como si nuestra realidad fuera idéntica a la de otros países y otras sociedades.

El origen del concepto moderno de seguridad

Las ciudades y burgos hasta el s. XI eran los centros eclesiásticos y administrativos de una sociedad todavía enteramente agrícola, pero a raíz del desarrollo demográfico, la relativa calma que se inicia con el período carolingio, el éxodo rural, y la protección y privilegios que los poderes públicos comienzan a otorgar a los burgos, la faz de estos nucleamientos urbanos transmuta con inusitada velocidad. A fines del s. XII Europa había vuelto a ser un mundo más urbano que rural. Pero este mundo no era un universo compacto, sino que era un entrelazamiento de ciudades con escasa relación con el espacio rural circundante.

Por otra parte, los antiguos mercaderes trashumantes que iban de aldea en aldea con sus alforjas llenas, se hacían cada vez más sedentarios en virtud de la cantidad de mercancías que debían transportar y de los riesgos inherentes al traslado en tiempos en que abundaban los salteadores de caminos y en que los bosques eran territorios llenos de peligros. Se organizaban caravanas y convoyes, que en muchas ocasiones eran integrados por empleados o mandantes del comerciante que quedaba en el recinto urbano. Pero el antiguo mercader no se instaló en cualquier ciudad, sino en la ciudad amurallada, en el burgo. Nace una nueva categoría social: el burgués.

Su radicación dentro del recinto amurallado -o, más frecuentemente, la construcción de nuevas murallas- significó más que un símbolo de esa obsesión por la seguridad que sería una de sus características distintivas.

Pero recién a partir del descubrimiento de América, cuando comienza a afluir el oro y la plata del Nuevo Mundo, el burgués deja de ser un elemento secundario de la estructura social, tras la nobleza, el clero y -al menos cuantitativamente- detrás también del campesinado. Empieza en este tiempo a trascender los muros de su burgo, para ir paulatinamente imponiendo su cosmovisión a toda la naciente sociedad nacional.

El europeo de la última mitad del s. XV y la primera del s. XVI constituye un tipo humano muy particular. En efecto, es víctima de una cantidad de incertidumbres sólo comparables con las de la Grecia del helenismo, luego de la caída de la Polis por obra de Filipo y Alejandro, y con las originadas tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente.

La caída de Constantinopla en 1453, después de mil años de esplendor, produce un impacto psicológico más profundo que el motivado contemporáneamente por la disolución de la URSS. Pero además, esto origina una importante migración de filósofos neoplatónicos y artistas bizantinos hacia las costas del norte de la península itálica, región que mayor contacto mantuvo con la capital del Imperio Romano de Oriente. Estos filósofos y artistas han conservado la tradición griega clásica, de la que se sienten herederos, en contraposición a un Occidente menos refinado, que -por otra parte- conserva un “espíritu” más romano. Ello juega un papel decisivo en la gestación del Renacimiento, al par que introduce -en el plano de la especulación filosófica novedosos planteos en un mundo dominado por el pensamiento escolástico.

Los desarrollos tecnológicos y cartográficos que hacen practicable la navegación de ultramar posibilitan el descubrimiento de América que, entre otras consecuencias, implica una profunda transformación en la idea del mundo, tanto en lo que hace a la percepción geoespacial como en función de la concepción antropológica: el orbe es esférico y además en él vive gente cuya existencia había sido totalmente ignorada, a la que también alcanzó la redención y debe ser evangelizada.

Pero no sólo el mundo es diferente a lo que desde siempre se había supuesto, sino que el mismo Universo lo es. El monje polaco Nicolás Copérnico (1473-1543), según habrá de constatar Kepler, tenía razón al afirmar que la tierra era solamente uno de los planetas que giraban en torno al sol y no el centro de ese Universo.

La religión ya no es el refugio seguro e indubitable, desde el momento en que graves teólogos y poderosos príncipes cuestionan la autoridad doctrinal de Roma en materia de fe. No se trata de simples y efímeras herejías, sino de una fractura tan profunda como no se tenía recuerdo en Europa desde los tiempos del arrianismo. En el ámbito del pensamiento político, el nombre de Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es el símbolo más acabado de la ruptura con la tradición cristiano-medieval.

La aplicación bélica de la pólvora en virtud de los avances de la metalurgia, que permitieron elaborar balas que ocupasen por entero el diámetro del orificio interno del arma, aprovechando así toda la energía de la explosión, irá mellando paulatinamente tanto la inexpugnabilidad de los castillos, merced a la eficacia de los cañones, como la importancia militar de la armadura -símbolo por antonomasia de la caballería- por obra del mosquete. Así, la pólvora habrá de herir mortalmente a la nobleza feudal.

Las mutaciones operadas a partir de la invención de la imprenta adquieren una importancia gigantesca en orden a la difusión del saber y a la nueva manera de entender e interpretar la realidad, tal como queda de manifiesto a partir de la obra de Mc. Luhan.

De resultas de los contratos firmados por Francisco de Taxis con Felipe el Hermoso en 1505 y con el emperador Maximiliano I en 1516 se establece el servicio de correos en Europa, garantizando la seguridad del envío y el secreto epistolar. Antes, el envío de noticias dependía de los favores que estuvieran dispuestos a hacer viajeros o mercaderes ambulantes, sin seguridad de que las cartas lleguen a destino, salvo para quienes estaban en condiciones de despachar mensajeros privados. Esta comunicación postal regular agiliza y democratiza el flujo de información hasta un punto tal que, en conjunción con la imprenta, cambia radicalmente la faz del viejo mundo.

Es la época del “capitalismo heroico”, como la llama Sombart, que ve multiplicarse nuevos tipos de gente: aventureros de distinto signo, mercenarios, navegantes, descubridores, trovadores, artistas, mercaderes, inventores, etc. Si bien el capitalismo deberá mucho en su origen a cada uno de estos tipos sociales, va a ser uno muy particular, el burgués, quien -como ya dijimos- termine imponiendo su visión y concepción de la realidad al resto de la sociedad.

En torno a esta categoría social se revitaliza la vida urbana frente a la rural. El burgués adinerado da trabajo a quienes vienen del medio rural a probar fortuna. Pero ya no quiere seguir viviendo cerca de la plaza en donde se efectúan las transacciones. Los ruidos, los olores, el escaso lugar, lo deciden a construir una residencia lujosa lejos del sitio donde está el asiento de sus negocios. No construye un castillo, heredero del castrum romano con fines militares, sino un palacio, al modo del palatium, la espléndida morada de los césares en el monte Palatino, a la que no se la “defiende” de los ataques enemigos, sino que se le brinda “seguridad y protección” ante los potenciales robos protagonizados por quienes viven fuera del ejido (los forajidos).

Se presenta entonces toda una categoría social que desdobla el lugar donde vive del ámbito en que trabaja. Quizá aquí se encuentre una de las causas (y a la vez efecto) de esa doble moral que los sajones sintetizan en dos proposiciones: home sweet home, y business are business.

La moral se reduce a lo privado, hasta el punto de que el término “pecado” pasa a ser casi sinónimo de los actos de realización más privada, es decir, aquellos vinculados con el goce sexual, contrariamente a la doctrina predominante en la teología moral medieval, conforme a la cual el pecado más grave es la injusticia. (2)

Por cierto, las disposiciones del Concilio de Trento pueden ser comprendidas como reacción ante los excesos de la época. El hombre vive más y desea vivir mejor materialmente. Resurge una noción olvidada durante toda la austera Edad Media: el lujo. Esta noción es uno de los elementos que determinarán el paso del ideal de la vida buena a la buena vida. Asimismo, el lujo habrá de constituirse en la antesala de otro concepto que alcanzará en los siglos siguientes un lugar central en la vida burguesa: el confort, concepto éste que guarda un estrecho vínculo con el de modernización.

En este marco empiezan a formarse las “cortes” en las ciudades capitales, donde alternan nobles y altos burgueses. El ideal caballeresco abre paso al ideal cortés. Ya el hombre no conquista a la mujer triunfando en lid campal contra otro caballero, sino que la seduce bailando, hablando y haciendo gala de sus buenos modales. Correlativamente, cambia el contenido del concepto caballeresco de “honor”, el que en general es sustituido por el más burgués de “honestidad”.

Así se constituyen la vida y la fortuna en los bienes más preciados por el hombre de negocios, que lentamente va a ir imponiendo su forma de ver el mundo al resto de la población urbana, de suerte que comienza a generarse un amplio consenso en torno a la consideración de los delitos contra la vida y la propiedad como de mayor gravedad que los cometidos contra el honor, la verdad o la religión. La comprensión de este cambio en las pautas valorativas resulta fundamental para entender cabalmente las conductas vinculadas a estructuras del tipo de la mafia (la “honorable sociedad”) o los “códigos de honor” típicos de categorías delincuenciales refractarias a las pautas culturales propias de la llamada “modernidad”.

Surge también una noción extraña: el ahorro. No se trata ahora de la simple acumulación de provisiones para afrontar el invierno. Ni de guardar algún dinero con un fin determinado. Se trata de acumular dinero, haciendo de la acumulación un fin en sí mismo.

Naturalmente, la mera codicia o el instinto psicológico de adquisición no es privativo del hombre occidental moderno. Lo que sí es característico de éste es -como señala Max Weber- la racionalidad con que efectúa la acumulación. La búsqueda de incrementar el capital constituye una “empresa continua y racionalmente dirigida”. Ello es bien distinto del “capitalista aventurero”, tipo humano que ha habido cada vez que las oportunidades lo permitieron.

Esta propensión al ahorro sistemático y racional que hoy parece algo “natural”, no lo es tanto. Por el contrario, ante cada mejora en las condiciones de producción, el efecto “natural” es el aumento del tiempo destinado al ocio o a la guerra, pero no se trabaja el mismo tiempo que antes para producir más. No resulta del todo claro cuál ha sido la conjunción de factores que llevaron al burgués capitalista occidental a preferir posponer el goce actual en favor de una acumulación de riquezas. Lo cierto es que el ahorro pasa a ser un valor privilegiado.

De hecho, tradicionalmente el prestigio y el poder estuvieron directamente relacionados con la posesión de grandes extensiones de tierra. Cuando el dinero cobra mayor importancia como fuente de prestigio, y este puede multiplicarse, siendo elástica la cantidad total de riquezas disponibles (lo que no ocurre ni con la tierra ni con el poder político) es toda una categoría social la que puede ascender. A diferencia de lo que ocurre la adquisición de tierras manu militari, o con la lucha por la conquista de la cúspide del poder político (reservada a unos pocos por cuestiones de sangre), en la transacción comercial todos pueden ganar.

Amplísima es la bibliografía tendiente a explicar el porqué de esta búsqueda de prestigio y reconocimiento, desde el Antiguo Testamento hasta Lacan, pasando por San Agustín, Hobbes y Hegel, lo que obviamente excede las pretensiones de esta obra. Pero no debemos pasar por alto la gran influencia que ejerce el Cristianismo -y en menor grado el estoicismo- con su proclama de la igualdad esencial de todo el género humano. Sin esta concepción, nunca un burgués “hijo de nadie” hubiera podido ocupar un lugar destacado en la estructura social por más dinero que poseyere, sin considerar, por supuesto, la imposibilidad que en otros sistemas se presenta para que cualquiera pueda acceder a detentar importantes riquezas.

La riqueza dineraria -intrínsecamente susceptible de ser robada, cosa que no ocurre ni con las anteriores fuentes de asignación de prestigio: la tierra y el apellido- lleva a quien la posee a reclamar seguridad física a los poderes públicos en ámbitos geográficos considerables y seguridad jurídica para que las transacciones se tornen previsibles. Se establece así una alianza con las monarquías en desmedro de los señores feudales y de los emergentes asalariados. Mientras tanto, surge para satisfacer aquella demanda de seguridad física la policía de los caminos, como la Gendarmería en Francia, la Santa Hermandad en España, etc.

La búsqueda de seguridad jurídica ocasiona un renacer de los estudios de derecho privado romano, además de cobrar nuevo impulso el ya redescubierto derecho público, de tanta utilidad para el poder secular en su lucha por fundamentar su autoridad frente a los poderes eclesiásticos. Se consolida un profesional que desde el s. XIII viene ascendiendo constantemente: el hombre de leyes. Usualmente de origen burgués, ocupa lugares cada vez más privilegiados primero en torno al monarca, y después también cerca de los capitalistas más poderosos.

La demanda de reglas claras, originadas por la expansión de la actividad económica, el reemplazo del estatuto por el contrato, y la mayor complejidad de la vida urbana, generan una incipiente elaboración de conjuntos más o menos orgánicos de leyes, que confieran mayor certeza que la voluntad del señor feudal o la sabiduría de los ancianos de la aldea, a quienes se les sometían los escasos y simples conflictos privados en los siglos anteriores.

Esto amerita una disgresión: paulatinamente, deja de ser el sacerdote el que indica lo que está bien y lo que está mal, y esa función es ejecutada por el abogado. Se promulgan las leyes que regulan la vida social, al tiempo que se descubren las leyes que regulan los cambios en la naturaleza. Hasta tal punto llegará la influencia del jurista, que de ser el justificador o el consejero del poder, pasará a fines del s. XVIII y hasta entrado el s. XX a ser quien lo ejerza directamente, como lo muestra la abrumadora proporción de abogados que ejercieron funciones como gobernantes, ministros y legisladores en los distintos Estados nacionales modernos. Es válido preguntarse quién ejerce hoy el rol de definir el bien y el mal: ¿es el psicólogo, como podría interpretarse al ver que ni en el cine quedan ya “malos” que actúan “al margen de la ley” por pura maldad, sino pobres psicóticos que arrastran tremendas historias personales desde su infancia?; ¿acaso no son la salud y la enfermedad mental lo que hacen que el individuo actúe correcta o incorrectamente?; ¿o quizá es el periodista, quién en función de cánones subjetivos, cree interpretar lo que la “opinión pública” ensalza o condena?; ¿acaso no hay nadie que determine lo que está bien y lo que está mal?; ¿acaso hay algo que esté bien y algo que esté mal? Llegamos así al replanteo del tipo de legitimación en tanto componente de la estructura de dominación, o, en otros términos, a la cuestión del surgimiento de una instancia posterior a esa modernidad que tan estrecha ligazón había establecido con el mundo jurídico.

Resumiendo: la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y su vinculación con el correo, los hallazgos científicos, la crisis del feudalismo, la ruptura de la unidad religiosa, son algunos de los factores que van a generar en el europeo de los albores de la modernidad una profunda sensación de incertidumbre e inseguridad frente al hecho mismo de existir. De los múltiples autores que van a tratar de dar respuesta a esta situación, quizá el más representativo -aunque no necesariamente el más profundo de ellos- sea Thomas Hobbes (1588-1679). Considerado el primer pensador del estado moderno, encontramos en él a uno de los principales exponentes de los intentos de aplicar a las ciencias sociales los cánones de la “ciencia nueva” de Galileo, a quien conoce personalmente en Italia.

Hobbes nace prematuramente la tormentosa noche en que la Armada Invencible de Felipe II debía invadir a la anglicana Gran Bretaña en nombre de la fe católica. Nacido “bajo el signo del miedo” y muerto nueve años antes de la pacificación definitiva de Gran Bretaña merced a la restauración monárquica de 1688, la búsqueda de la paz y la seguridad atraviesan toda su obra. Y ve en el gobierno absoluto, ilimitado e indivisible del soberano surgido de la delegación del poder que le confieren los ciudadanos mediante un pacto, la forma de superar el “estado de naturaleza” en el que el hombre lleva una vida “solitaria, pobre, desnuda, bestial y breve”. Pero este pacto que se celebra entre los ciudadanos, no obliga al soberano (es decir, al que está super omnes, sobre todos), quien está absuelto (por eso es absoluto) de rendir cuentas ante nadie. La expresión más genuina de ese poder radica en la facultad de dictar y aplicar la ley, o sea de determinar lo que se debe y lo que no se debe dar o hacer, lo justo y lo injusto.

Su obsesión por la seguridad le lleva a otorgar andamiaje y justificación teórica a la preocupación que había planteado un siglo antes Maquiavelo: la necesidad de un estado fuerte que salve a la sociedad de la anarquía. No debe confundirse el modelo de estado hobbesiano con el estado totalitario del s. XX. Para Hobbes, el estado no es un fin en sí mismo, sino que encuentra su legitimación en su utilidad para garantizar la supervivencia de los individuos, hasta el punto de que “la obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos.” Lo que sí defiende Hobbes es la existencia de un poder central supremo, que actúa mediante órganos calificados por su competencia e idoneidad y no por la tradición, pues “nadie puede tener experiencia en todas aquellas cosas que deben ser conocidas para la administración de un gran Estado, nadie puede ser buen consejero sino en aquellos asuntos en los que no solamente está muy versado, sino sobre los cuales ha meditado y consultado largamente.”

Se consagra así a la eficiencia en la gestión, y especialmente en el mantenimiento de la seguridad, como el principal valor político, desplazando las ideas medievales de “bien común”, “derecho natural”, etc., y enfrentándose a la doctrina propia del derecho divino de los reyes, aunque en sus consecuencias inmediatas no tienen mayores diferencias. En efecto, ambas teorías confieren al poder facultades casi omnímodas sobre los súbditos, en abierta oposición al complejo entramado de poderes religiosos y seculares, fueros, privilegios, etc., que habían configurado la fisonomía política de la Edad Media.

Mientras se dan estos desarrollos teóricos, tanto las ciudades estado italianas, hanseáticas o flamencas, como los estados nacionales español, francés o inglés advierten la importancia vital que adquiere la formación de un ejército permanente. Este habrá de desempeñar el rol de principal soporte del Estado moderno, particularmente después de acabadas las guerras de religión. Ahora bien, no obstante ser el ejército el soporte de la monarquía y estar financiado por la burguesía, la alta oficialidad en general está compuesta por nobles. Con ello, adquiere un carácter estamental, con sus consiguientes valores dominantes: el orgullo, el honor y el heroísmo. Los nobles advenidos oficiales encuentran una nueva razón de ser, pero exacerban esos valores propios de un sistema estamental, como forma de distinguirse de la tropa, de la burguesía y de la nobleza “de salón”.

Por eso aumentaron entre oficiales las “cuestiones de honor”: duelos y suicidios. Se gesta así un “espíritu de cuerpo” en el que el honor y la lealtad con el camarada es más importante que la honestidad o la actitud de servicio que pasó a constituir un vicio muchas veces presente en las policías continentales en virtud del carácter ejemplar que los ejércitos revistieron en su organización e institucionalización.

Estado, ejército y técnicas: los tres campos están en estrecha relación. Debe destacarse cómo el círculo conformado por el Estado, la técnica y la afluencia de metales preciosos de América se constituye en el gran impulsor de la adquisición de riquezas por la burguesía. El primero promueve constantemente los avances técnicos en orden al interés militar y a facilitar la extracción y transporte en gran escala de metales preciosos. Estas riquezas, a su vez influyen junto al Estado, con su demanda bélica y gracias a la paralela aparición del lujo, en el enorme incremento de la demanda de bienes con las ventas en gran escala, tal como las necesita el capitalismo; ello estimula la actividad de los empresarios a la par que contribuye al aburguesamiento de la nobleza.

Paralelamente, con la profundización del proceso de asentamiento de las cortes en las ciudades capitales, se va dando un progresivo “ennoblecimiento” de la alta burguesía rompiendo la unidad del estamento aristocrático, el que se permeabiliza a la vez que pierde cada vez más fuerza como forma de dominación.

Se perfila así una época en que la nobleza pierde su función decisiva como estrato social dirigente, mientras el monarca concentra paulatinamente en sus manos ese poder. Muchos nobles conservan su título pero deben vender o arrendar sus posesiones territoriales y se transforman en los cortesanos de los grandes palacios, como Versailles, y -en el siglo siguiente- Schönbrunn, San Petersburgo, Buckingham, etc. El gobierno es cosa del rey y sus ministros, mientras los nobles -que mantienen todos sus privilegios, excepto los políticos- se dedican a vencer el tedio con lujos, fiestas e intrigas amorosas y el “tercer estado”, comerciantes e industriales, crecen en fortuna, prestigio e influencia aliados a la casa real. La acumulación de riqueza encuentra su correlato artístico en el estilo propio de la época: el barroco y el rococó cuyo lujo y refinamiento ponen de manifiesto el poder de los reinos.

El nuevo esquema de poder permite el aprovechamiento de los recientes descubrimientos e inventos. Comienzan a implementarse, por primera vez desde la caída del Imperio Romano, políticas racionales y planificadas de sanidad e higiene tales como la desecación de pantanos y esteros, y la regulación del curso de las aguas, lo que elimina una de las principales causas de las pestes que asolaban a la población rural y, a la vez que permite la irrigación y colonización de tierras hasta entonces improductivas, mejora las condiciones generales de salubridad.

Al mismo tiempo, el fin de las guerras de religión y la paz de Westfalia (que podemos considerar acta fundacional del Estado- Nación) terminaron con los combates en las ciudades y con el asolamiento de los campos cultivados, pasando entonces la preocupación central en términos de seguridad del ámbito de competencia de los ejércitos al terreno de lo policial.

La estructura económica de los estados se había complejizado hasta el punto de necesitar instrumentos teóricos que permitiesen encarrilar el perpetuo problema de las finanzas regias. El crecimiento de los capitales y de su velocidad de circulación, el crédito, las nuevas formas asociativas comerciales e industriales, los problemas traídos por los nuevos productos de ultramar, motivan que la economía se independice de la política, la moral o el derecho. Nacen así las primeras escuelas que intentan explicar racionalmente la vida económica: el mercantilismo y la fisiocracia. Con sus aciertos y errores, y con grandes diferencias de un país a otro, la aplicación de políticas económicas significó una relativa mejora en las condiciones generales de vida.

Todo esto ha de ocasionar a partir de 1650 un aumento demográfico de gran magnitud. Ello acarrea una serie de consecuencias en todos los órdenes. En primer lugar, el hombre ya no siente a la muerte como algo tan cotidiano. En efecto, antes, si una mujer tenía a lo largo de su vida diez hijos, lo más probable era que siete u ocho murieran siendo muy niños; que ella, probablemente, muriera en el último parto y que su marido difícilmente llegara a los cuarenta años. Sus hijos sobrevivientes, asumían la muerte de sus hermanos y padres como algo totalmente natural, tan natural que esa historia se repetía con las otras gentes con las que se relacionaban. Ahora, en virtud de las nuevas condiciones de vida, ni ella ni su marido mueren tan jóvenes, y además sus hijos sobreviven a los primeros años de vida.

Pero, por más que hubo mejorado la situación, no puede el matrimonio alimentar a tantas bocas con lo producido en la misma extensión de tierra cultivada que antes. Es la época en que los padres de Pulgarcito o de Hansel y Gretel mandan a sus hijos al bosque, para que mueran víctimas de los innumerables peligros simbolizados en ogros y brujas, o que sobrevivan como puedan.

El campo no estaba en condiciones de absorber a tanta gente, que es entonces expulsada a las ciudades. Se produce un intenso movimiento migratorio de campesinos que van a trabajar a la ciudad bajo las órdenes de los burgueses cada vez más poderosos. También quedan muchos frustrados en sus expectativas de conseguir trabajo, los que son perseguidos por considerarlos vagabundos; se adoptan medidas de control que en definitiva también contribuyen a fortalecer el aparato estatal. Se consolida así en burgos y ciudades, una estratificación clasista (fundada en la posesión de dinero y bienes muebles) paralela a la estamental (basada en el apellido y en la tierra) que habrá de predominar en las áreas rurales.

Como se advierte, el origen del concepto moderno de seguridad es paralelo al origen de la estructura de dominación propia de la modernidad: una estratificación social en clases sociales, el Estado-nación burocráticamente organizado como forma de ejercicio del poder público y la ciencia (a la que poco después se sumará la ideología) como forma de legitimación del poder.

Lo que sigue es una profundización de los fenómenos señalados: el siglo XVIII será testigo de la consolidación de la estratificación en clases sociales, con la burguesía como estrato dominante, siendo la Revolución Francesa el ejemplo más claro de cómo este esquema de predominio social y económico se traduce en términos de poder político. En el siglo XIX la Revolución Industrial, con todos los conflictos y contradicciones inherentes a su propia esencia, llevará mucho más lejos las tendencias emergidas en el período antes estudiado.

Hoy asistimos a la crisis de este mundo surgido en el siglo XV, lo que ha llevado a caracterizar a nuestra época como “el fin del renacimiento”. En efecto, en la base de la demanda por cualquiera de las tres formas de seguridad cuyo origen acabamos de estudiar (seguridad internacional, seguridad interna y seguridad jurídica, con los ejércitos nacionales, los órganos policiales y las construcciones jurídicas como respuesta) se encuentra el problema del conflicto social emergente de la crisis de la estructura de dominación surgida en el siglo XVI y que, con variaciones, ha subsistido hasta hoy.

Seguridad sustentable y el cambio de la estructura de dominación

¿Quiénes y en qué marco administran el conflicto en las sociedades contemporáneas? Esto equivale a preguntar cuál es la estructura de dominación vigente en nuestras sociedades, cuya génesis ha sido estudiada previamente, y cuyas modificaciones actuales se analizan a continuación.

La estructura de dominación

Corre el año 390 a.C., el caudillo galo Brenno ocupa Roma e impone a sus habitantes un tributo, pero una vez que el precio estipulado en oro ya está pago, exige una suma superior.

Ante la queja de los romanos, mientras arroja su espada sobre el platillo de la balanza, pronuncia la terrible sentencia: “vae victis!”, “ay de los vencidos!”. Poco le ha de costar al cónsul Camilo reorganizar las fuerzas romanas y expulsar a los invasores. Conclusión: es muy difícil establecer un sistema estable de dominio que descanse exclusivamente sobre la fuerza de los dominadores. Se requiere además que una porción significativa de los dominados acaten la autoridad por considerarla legítima.

Esto nos lleva a recordar la clásica distinción efectuada por Max Weber entre los conceptos de poder y dominación: Por poder entendemos la nuda probabilidad de imponer a otro la propia voluntad. Brenno hizo un puro ejercicio de poder, pero sin obtener un mínimo de consenso en torno a los dictados de su voluntad. Pero la historia se encarga de demostrarnos que todo agrupamiento social con algún viso de permanencia presenta una dualidad entre un pequeño segmento que manda y una amplia franja que acata lo mandado, considerando que quienes ejercen el poder tienen derecho a hacerlo, aún cuando no se comparta el contenido de los dictados de la autoridad. Por ejemplo, si en nuestros días el parlamento sanciona una ley estableciendo un aumento de los impuestos al consumo, lo más probable es que a muchos les parezca inapropiada esa medida, pero, no obstante, igual la acatarán. A esta probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas Weber la llama dominación.

Conviene aclarar que esa obediencia no necesariamente es sinónimo de acatamiento absoluto y acrítico a las decisiones del jefe. Por eso, Bidart Campos define a la obediencia como “el mínimo de respuesta habitual y generalmente favorable en la conducta promedio de los gobernados tomados en su totalidad” recordándonos la definición de Ortega y Gasset para quien “mandar es una mixtura exquisita de convencer y obligar”. No deja de ser llamativo que -como brillantemente lo explica Hegel al analizar la “dialéctica del amo y del esclavo”- tan interesado está el que manda en legitimar su autoridad como el que obedece en justificar su situación. Esto vale tanto para el súbdito que se consuela pensando que el jefe es un dios, y que por eso no puede sino acatar sus órdenes, como para la víctima de violencia doméstica que elabora -y realmente se convence- una cantidad de razones (“soporto esto por mis hijos”, “ya va a cambiar”, “en el fondo es una buena persona”, etc.) para evitar el riesgo de tomar una decisión radical.

Pero los argumentos para convencer o los medios para obligar cambian de acuerdo con los tiempos y los lugares. En tal sentido, la doctrina de la Seguridad Sustentable parte de la siguiente premisa: El hecho del acatamiento se funda en un ordenamiento legitimador que descansa sobre tres pilares claramente interrelacionados: a) una forma institucional de ejercicio del poder público; b) un sistema de estratificación social y c) un cuerpo de teorías legitimantes.

Forma institucional de ejercicio del poder público

En las relaciones entre dominantes y dominados quienes ejercen el poder público suelen apoyarse en motivos que justifican su ‘legitimidad‘ de tal manera que la conmoción de esa creencia en la legitimidad suele, por lo regular, acarrear graves consecuencias. Los tipos puros de estos motivos en que puede fundarse la legitimación, siguiendo a Weber, son básicamente tres, cada uno de los cuales se halla enlazado con una estructura sociológica fundamentalmente distinta del cuerpo y de los medios administrativos:

1. Ejercicio carismático:

Se produce en virtud de la devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales. Sus tipos más puros son el profeta, el héroe guerrero o el hábil demagogo. En tal sentido, el concepto de carisma está desprovisto de toda connotación valorativa, siendo aplicable tanto a Moisés como a Khomeini, a Napoleón como a Pericles. En todos los casos, el supuesto indispensable es que el líder carismático se acredite como señor “por la gracia de Dios”. Este tipo de líder está por encima de cualquier ordenamiento normativo: su propia voluntad es la ley, la que usualmente él mismo no está obligado a obedecer, por lo que la institucionalización del poder es sumamente lábil. El profeta o el brujo son los principales encargados de ejercer el control social y de definir el bien y el mal. El profeta Samuel ungiendo a David o el druida Merlín proclamando a Arturo son claros ejemplos de ello.

2. Ejercicio tradicional:

La dominación tradicional se da en virtud de la creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales existentes desde siempre. En este esquema, el que ordena es el señor, los que obedecen son súbditos, en tanto que el cuerpo administrativo lo forman los servidores. Dice Weber que “se obedece a la persona en virtud de su dignidad propia, sacralizada por la tradición; por la fidelidad.” El acatamiento a las órdenes del jefe está legitimado por la tradición, por lo que estas órdenes no pueden apartarse gravemente de lo estipulado por los usos y costumbres. Fuera de las normas de la tradición, en cambio, se abre un amplio espacio para el arbitrio del señor, dentro del que puede obrar conforme a su parecer. En la medida en que como base de la administración y de la composición de los litigios existen principios, éstos son los de la equidad ética material, de la justicia o de la utilidad, pero no revisten, en cambio, carácter formal como es el caso de la dominación legal.

La estructura administrativa está compuesta por quienes dependen o pertenecen directamente al señor y no son seleccionados conforme a los principios de competencia o idoneidad, los que son ajenos a este tipo de dominación. El tipo de control social suele ser el religioso, en el que el sacerdote es el encargado de legitimar el sistema, definiendo el bien y el mal, qué es pecado y qué es virtud. El Papa León III consagrando emperador a Carlomagno, los obispos consagrando a los reyes, etc. ilustran lo expuesto.

3. Ejercicio legal-racional:

Su tipo más puro es la dominación burocrática, y su idea básica es que cualquier derecho puede crearse y modificarse por medio de un estatuto sancionado correctamente en cuanto a la forma. No se obedece a una persona sino a una norma estatuida, la que establece al mismo tiempo a quién y en qué medida obedecer. En este tipo de dominación también el que ordena obedece, al emitir una orden, a una norma formalmente abstracta.

El control social está dado primordialmente por el derecho, siendo el jurista el encargado de legitimar la estructura de dominación. Lo bueno y lo malo es lo legal y lo ilegal. El irónico tributo del general Uriburu a este poder legitimante del derecho, agitando la acordada de la Corte Suprema de septiembre de 1930 que consagró la aberración jurídica de la “doctrina de facto” como prueba de la legitimidad de su gobierno, constituye un interesante ejemplo de cómo no es la fuerza por sí sola la que puede sustentar el ejercicio del poder, sino que se requiere de un factor legitimante aceptado por sectores significativos (aunque no necesariamente mayoritarios) de la población.

Asistimos en nuestro tiempo a la crisis de este tipo de ejercicio del poder, representado por el Estado-Nación organizado burocráticamente y del derecho legal-formal como modo principal de control social. Como queda dicho, una estratificación por clases sociales y una legitimación ideológica requieren una forma específica de ejercicio del poder público: el estado nacional moderno. En su origen, se pasa de la manifiesta arbitrariedad feudal tradicional a la encubierta arbitrariedad de la administración legal burocrática. El Estado asume entonces el rol de marco que permite un cierto encuadre de la dialéctica entre razón instrumental y emancipación del sujeto. Pero el período que va entre la crisis del petróleo de 1973 y la expansión masiva de la informática y las telecomunicaciones de la década del ´80 marca el inicio de un cambio significativo en los esquemas organizativos, incluyendo al estatal. La señal más evidente de la obsolescencia del esquema clásico es el paso de una concepción piramidal de organización, a un esquema de redes integradas (nets) signada por la centralización de la gestión de los recursos y la descentralización de la gestión de los proyectos.

Una de las consecuencias de la crisis del Estado-Nación -y que a la vez actúa como causa del agravamiento de esa crisis- consiste en la globalización del crimen organizado. Un dato estremecedor obliga a fijar la atención en este punto: la cifra del capital procedente de fuentes ilegales que se blanquea cada año en el sistema financiero mundial giraba en 1994 en 750.000 millones de dólares (3), no habiendo indicios de que se haya revertido esta situación en los últimos cinco años. Si bien el fenómeno de la transnacionalización del delito no constituye ninguna novedad, nunca antes en la historia se habían registrado los volúmenes actuales de tráficos ilícitos, los que no se limitan al narcotráfico, sino que incluyen rubros tan diversos como armas, obras de arte, seres humanos, órganos anatómicos, materiales radioactivos, alta tecnología, mercenarios, etc.

Este cambio cuantitativo conlleva un cambio cualitativo: la economía criminal pasa a ser un componente determinante de las finanzas globales a través de lo que Castells denomina “la madre de todos los delitos”: el blanqueo de dinero.

Esto repercute en los poderes públicos de tres formas principales: a) afectando las instancias más altas de decisión política a través del soborno, del financiamiento político ilegal o de amenazas de cumplimiento cierto;

b) condicionando las relaciones entre estados, ya sea a partir de la exigencia de colaboración (como entre los Estados Unidos y Colombia, Bolivia, Panamá o Paraguay) o generando sospechas que afectan la natural fluidez de estas relaciones (es el caso de la preocupación de Rusia por la creciente interrelación entre su mafia vernácula con los cárteles de Colombia y con la tradicional mafia italiana, o de la intranquilidad de muchos países de Europa occidental por el tráfico de materiales radiactivos montado por estructuras delictivas de la ex-Unión Soviética);

c) estimulando o desestabilizando economías nacionales enteras, hasta el punto de impedir en algunos países la formulación de políticas económicas que no incluyan este factor como un componente fundamental.

Otra grave consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Estado-Nación del rol que vino desempeñando desde la Paz de Westfalia hasta nuestros días radica en el descontrol de la violencia: Por un lado, el fenómeno del neoterrorismo, que se distingue claramente de los movimientos guerrilleros de los ‘60 y ‘70 en que ahora no tienen por objeto la toma del poder público a partir de reivindicaciones de índole social y política, sino que su objetivo final -normalmente difuso- es una reacción contra valores, cosmovisiones y elementos conformativos de formas culturales no aceptadas por las concepciones fundamentalistas subyacentes en prácticamente la totalidad de los nucleamientos neoterroristas, desde las milicias ultraderechistas de los Estados Unidos hasta los grupos violentos islámicos. Por otro lado, las facilidades de acceso a la maquinaria bélica sumadas a la imposibilidad institucional de establecer formalmente un nuevo “apartheid” (último sistema de castas institucionalizado) ha transformado en genocidio lo que en otros períodos de la historia hubiese derivado en la esclavización de los derrotados. Mientras que en todos los conflictos bélicos anteriores a 1990 las bajas civiles habían sido de aproximadamente el 5% del total, el promedio para lo que va del decenio es del 90 % (4). En virtud de los nuevos armamentos, particularmente del uso indiscriminado de minas terrestres y de bombas de fragmentación antipersonal, así como por la proliferación de armas ligeras de gran poder letal, “en el último decenio han muerto en conflictos armados 2 millones de niños, han quedado discapacitados de 4 a 5 millones, y 12 millones más han quedado sin hogar, más de un millón han quedado huérfanos o separados de sus padres y unos 10 millones han resultado traumatizados psicológicamente. (5)”

Sistema de estratificación social

La estratificación social es un ordenamiento vertical de la población en segmentos conforme a la función que cumplen en la división social del trabajo. Las formas típicas de estratificación son las castas, los estamentos, las clases sociales en razón de la acumulación y las clases sociales en razón del consumo.

Como siempre ocurre con los tipos ideales, difícilmente estos modos de estratificación se den en forma pura en la realidad. La movilidad social se acentúa al pasar de un sistema a otro, siendo el de castas (como en la India o en Sudáfrica antes de la eliminación del apartheid en el que las características étnicas y sus derivaciones faciales o antropométricas son definitorias para asignar la ubicación del individuo) absolutamente rígido y basado en fundamentos míticos y hierocráticos; el estamental (típico de la Europa medieval y hoy de Arabia Saudita en los que la ascendencia familiar juega un rol determinante), algo menos rígido, se funda en principios sacrales y en un esquema familiar oligárquico; el sistema de clases sociales, tanto en razón de la acumulación como en razón del consumo, mucho más flexible, se basa en un principio económico dinerario.

En los dos primeros tipos la posición le es asignada al individuo en razón de su nacimiento, predominan los status adscriptos; en cambio en los dos últimos estas posiciones son adquiridas en virtud del esfuerzo, la habilidad o la buena fortuna del individuo. Asimismo, conforme a la tipología de la acción social formulada por Weber, se advierte un predominio de conductas de tipo afectivo y tradicional en los sistemas de castas y estamentos, y de las acciones de tipo racional en los de clases sociales.

Todo el ordenamiento jurídico-político en los sistemas de castas y estamental tiende a preservar los privilegios monopólicos de actividades y producción. Generalmente, el honor estamental se enfrenta ardorosamente a la mera posesión de riquezas dinerarias, ya que el “estilo de vida” que define a este sistema se ve amenazado por el mercado y el lucro económico, con sus características niveladoras respecto al abolengo.

La exaltación que se hace en el Cantar del Mio Cid de la conducta del Campeador estafando a los judíos Raquel y Midas para financiar su cruzada personal ejemplifica adecuadamente este enfrentamiento.

El sistema de estratificación por clases sociales en razón de la acumulación es el característico de las sociedades industriales desde principios del s. XIX y hasta la segunda mitad del s. XX. En su forma más pura se encuentra en aquellas sociedades nacionales con un Estado organizado burocráticamente. El criterio por el que se pertenece a una u otra clase es eminentemente económico. Según la cantidad de bienes que se posean se ocupará una posición más elevada, no siendo el cambio de roles y expectativas de una clase a otra tan abrupto como en los otros sistemas estudiados. Dentro de un sistema de clases, sus miembros pueden ejercer sus ocupaciones de un modo formalmente libre, lo que las constituye en agrupamientos teóricamente abiertos. En su forma pura, se superan todos los otros criterios de discriminación, como la raza, la religión, el abolengo, etc.

La mayor complejidad de la actividad comercial e industrial, la necesidad de prever las conductas de los demás y el consiguiente reclamo de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad mueble, (las tierras se usurpan pero no se roban como el dinero y las mercancías; asimismo, estos bienes muebles van a ser mucho más codiciados en una sociedad estratificada en clases en virtud del plus de prestigio que otorga su posesión) se traduce en la necesidad de una mayor regulación jurídica de la vida cotidiana, y en la instauración de un poder capaz de dictar la ley acorde a formas preestablecidas e imponer coactivamente el derecho: el estado nacional moderno. No casualmente es a partir del siglo XVII, con la consolidación de la burguesía como centro de la estructura social, que las ciencias naturales descubren las “leyes” del universo.

Hoy las nuevas tecnologías de producción, organizacionales, comunicacionales e informáticas marcan el paso de un capitalismo de acumulación a uno de consumo y, concomitantemente, el paso de la estratificación en clases en razón de la acumulación a una estratificación en clases en razón del consumo. En esta última, es el nivel de gastos (no de ahorros) y la ocupación desempeñada lo que define la posición social. En efecto, al quedar la producción cada vez más en “manos” de la máquina, no resulta tan importante el productor como el consumidor. Por ende, lo que habrá de definir la ubicación del individuo en la pirámide social no será cuánto tiene sino cuánto gasta: la tarjeta de crédito reemplaza a la cuenta bancaria. Ahora bien, la capacidad de gasto está directamente relacionada con la ocupación de ese individuo, y esa ocupación, a su vez, se deriva del grado de conocimientos e información que ese individuo posea.

Antes de analizar las consecuencias que esto conlleva en términos de seguridad, veamos algunos datos que confirman la hipótesis de que nos encontramos ante un cambio sustantivo en la forma de estratificación social. En 1998, el gasto del consumo mundial público y privado llegó a 24 billones de dólares, duplicando el nivel de 1975 y sextuplicando el de 1950 (6). Ante este fenómeno, las Naciones Unidas advierten que “claramente el consumo es un medio esencial para el desarrollo humano, pero los vínculos no son automáticos. El consumo contribuye claramente al desarrollo humano cuando aumenta la capacidad y enriquece la vida de la gente sin afectar negativamente el bienestar de otros. Contribuye claramente cuando es tan justo con las generaciones futuras como con las actuales. Y contribuye claramente cuando estimula a individuos y comunidades vivaces y creativos. Pero con frecuencia se rompen los vínculos y, cuando así ocurre, las pautas y tendencias del consumo son hostiles al desarrollo humano. (7)” Y son hostiles cuando el consumo va en desmedro de la base ambiental de recursos, cuando exacerba las desigualdades o cuando impone a los individuos, familias y comunidades el sacrificio del tiempo y las energías que podría dedicar al crecimiento de otros aspectos de su existencia.

En efecto, el aumento del consumo ha tenido consecuencias positivas inimaginables hace pocos lustros. El mayor consumo de alimentos nutr