La nueva Constitución Política del Estado permite dos vías alternativas y complementarias para alcanzar las autonomías indígenas: mediante los municipios indígenas y las Tierras Originarias Campesinas (TCO), concluye una investigación del constitucionalista y ministro de Autonomías Carlos Romero y del antropólogo Xavier Albó denominada “Autonomías Indígenas en la Realidad Boliviana y su nueva Constitución”.

La investigación fue encargada por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana GTZ/PADEP ante la necesidad de contar con insumos que faciliten la comprensión y posterior práctica de las nuevas realidades, informó el secretario General de la Vicepresidencia Héctor Ramírez.

“La investigación permite analizar las eventuales rutas que podrían seguir las autonomías indígenas, afirmó el coordinador de la GTZ/PADEP Dieter Kattermann.

La investigación combina las nuevas reglas de juego territorial constitucionales con los datos geográficos y socioculturales más relevantes de la realidad indígena originaria actual tanto a nivel municipal como de tierras Comunitarias de Origen.

Según los investigadores Romero y Albó, las vías municipal y de TCO para alcanzar la autonomía indígena no son necesariamente paralelas sino que, más bien, representan dos entradas distintas y complementarias que, a la larga, se irán articulando aunque en principio tengan rasgos diferenciados. Más adelante, incluso, podrían fusionarse y avanzar conjuntamente hacia niveles más amplios conformando regiones indígenas, sostienen.

Municipios indígenas

La investigación tipifica estos municipios indígenas de acuerdo a tres categorías: la identidad étnica y población que habla lengua materna originaria; la que también pertenece a un pueblo originario, que habla su lengua materna desde su niñez pero también castellano, y por último, que perteneciendo a un pueblo originario, no habla su lengua materna desde su niñez y habla castellano.

En base a estas consideraciones, la investigación de Albó y Romero sostiene que en el país existen 187 municipios indígenas, 57 por ciento de los 327 municipios en todo el país.

De los 187 municipios, algunos que son más indígenas que otros, según la población que se califica como Indígena Originaria Campesina, sostienen los investigadores.

De los 187 municipios indígenas, 73 son municipios totalmente indígenas (22%) cuya población mayoritaria, en más del 90 por ciento, se autocalifica como Indígena Originaria Campesina, en tanto que 90 municipios indígenas (28%) le sigue de muy de cerca puesto que la población auto identificada indígena supera más de los dos tercios, seguido con más distancia por 24 municipios (7,3%) con más del 50 por ciento de la población autoidentificada indígena.

Aparte de este primera categoría de municipios indígenas, existen 53 municipios (16,2%) cuya población mayoritariamente se autoidentifica como indígena pero esta sólida identidad no llega a quedar avalada por el porcentaje de quienes hablan lengua originaria, que son una minoría, afirman Albó y Romero, quienes consideran que estos datos son de importancia puesto que el tema de la autonomía originaria y campesina es uno de los principales pivotes del nuevo ordenamiento territorial del Estado.

Tierras Comunitarias de Origen (TCO)

En cuanto a las Tierras Comunitarias de Origen -otra de las vías alternativas para llegar a las autonomías indígenas- los autores afirman que históricamente esta modalidad permitió a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos abrir una brecha dentro del Estado para cumplir su anhelo de tener sus propios territorios, que fue manifestado en la Marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990, bajo el liderazgo a algunos pueblos benianos.

Como resultado de esa marcha, el gobierno de Jaime Paz Zamora reconoció, mediante decretos supremos, los primeros “territorios indígenas”, lo cual desembocó luego en la ratificación del Convenio 169 de la OIT, en 1991, por el mismo gobierno, y en la reforma a la Constitución Política del Estado, de 1994, con el gobierno de Sánchez de Lozada, afirman los investigadores.

En los hechos, el principal desarrollo al derecho constitucional de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) llegó con la nueva Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en 1996, que dio paso proceso de solicitud, titulación y consolidación de las nuevas TCO.

La principal novedad de estos últimos ocho años es que hasta el año 2000 las TCO se reducían a tres: dos de urus y una inmensa en Nor Lípez, en tanto que actualmente existen en todo el país 143 Tierras Comunitarias de Origen. Dentro de este total, 84 TCO de tierras altas y bajas se hallan ya tituladas, sostienen Albó y Romero en base a documentación recopilada, informes del INRA y otros estudios. Un dato interesante es que de las 84 TCO tituladas, 13 corresponden a tierras bajas y 72 en tierras altas.

A las 84 TCO tituladas se suman otras 31 que tienen títulos pero que cuyo proceso aún no ha concluido, más 13 en procesos que tienen ya algo de titulación y 75 Tierras Comunitarias de Origen en proceso.