La designación de Bernardo Corro Barrientos como Superintendente de Empresas es una decisión acertada del Gobierno. En la víspera, publicó un artículo que recorté por la importancia de su contenido, pues se refería a un flagelo más dañino que la corrupción, que es la falta de eficiencia, la mala ejecución presupuestaria.

La Ley Safco ha previsto auditorías y sanciones ejemplares para el mal manejo de los dineros públicos, sea por corrupción o por negligencia. Pero, en los hechos, los únicos sospechosos sobre quienes recaen temibles auditorías son aquellos funcionarios que se esmeran en ejecutar sus presupuestos, en conseguir financiamiento externo, en hacer gestión. En cambio, aquéllos que por temor a la ley Safco o por pura negligencia se dejan estar y evitan gastar sus presupuestos, no reciben sanción alguna; al contrario, con el tiempo podrían ser merecedores de una medalla de funcionarios honestos.

La corrupción es un cáncer al cual no es inmune ninguna repartición que administre dineros públicos; aun más, tiene sus tentáculos en empresarios privados, aventureros y especuladores financieros, que no tiene color político a la hora de buscar con quién hacer un negociado; pero como el Estado es el mayor ente financiero del país, a quienes más buscan es a los funcionarios públicos. El caso de Santos Ramírez es aleccionador y merece quizá doble condena, porque Ramírez era parte de un movimiento popular cuyo emblema era la honestidad y la lucha contra la corrupción, pero ¿quién condena a los corruptores de los funcionarios públicos? ¿No hay acaso empresarios, familiares de Prefectos, conspicuos militantes de la oposición entre los implicados? El uso doloso de fondos o bienes públicos sólo es posible si hay agentes privados que perfeccionan el delito.

Sin embargo, la ineficiencia es un flagelo mayor que debería tener sanción. Un funcionario que no ejecuta un porcentaje sustancial del presupuesto y del POA debería ser castigado por la ley Safco o por alguna otra norma. Sin embargo, estos funcionarios negligentes o timoratos gozan de impunidad cuando revierten fondos, incluyendo fondos de la cooperación internacional. A ellos nadie los toca e incluso tienen aureola de honrados. Se cruzan de brazos durante toda una gestión y no pestañean siquiera cuando revierten fondos que debieron ser usados en beneficio de la comunidad. Un censo de funcionarios negligentes es más fácil que una pesquisa sobre casos de corrupción, pero ¿dónde está la ley que ajuste cuentas con estos irresponsables?

Bernardo Corro da una respuesta: un nuevo programa de institucionalización de cargos y la carrera administrativa.

Este y otros alcances mayores tiene la reflexión de Bernardo Corro, el nuevo Superintendente de Empresas. Bernardo estudió Antropología y se doctoró en Economía en Francia. Lo conozco desde el colegio: él pertenece a esa noble generación que se inmoló en Teoponte, cuya filosofía de vida habría que recordar por su honestidad, su vocación por el sacrificio y entrega a las causas justas. Desde hace décadas ha sido asesor económico de varias instituciones; esta es la primera vez que un Gobierno le da el lugar que se merece.