Si examinamos el debate previo al referéndum que aprobó la nueva Constitución, comprobaremos hasta qué medida nos volvimos nominalistas, es decir, apegados a principios abstractos que nos enfrentaron e impidieron que viéramos el país real. Se aprobó la Constitución y el debate ha cambiado sustancialmente, porque ahora hay un marco legal reconocido por una mayoría muy consistente, y ha llegado la hora de adecuar las instituciones a ese marco, decretando la desaparición de unas y la fundación de otras.

Al margen de la coyuntura, el escenario más propicio al cambio es el de la implementación de las autonomías. En este campo, las instituciones que más interés han puesto en el tema no son, como podía creerse hace uno o dos años, las Prefecturas o los Comités Cívicos, sino los municipios.

Los municipios han tenido un desarrollo descomunal desde 1994, año histórico en que se aprobó la Ley de Participación Popular. Al principio con tropiezos, pronto comprendieron la necesidad de manejar los nuevos recursos económicos con transparencia y planificación, y de ésta nació la urgencia de establecer mancomunidades para enfrentar desafíos mayores. Hoy los municipios del país, sin ninguna excepción, alientan el funcionamiento del Consejo Nacional Autonómico para traducir en la práctica el nuevo modelo autonomista; pero las Prefecturas, al menos algunas, se están rezagando y poniendo nuevamente en duda si son necesarias.

Hace algún tiempo pusimos en duda la necesidad de tener Prefecturas, cuando quizá bastaría un consejo técnico regional, que armonice las políticas de desarrollo de los municipios en un plan departamental.

Recuérdese que las viejas corporaciones de desarrollo fueron integradas a las Prefecturas, creando una confusión entre la autoridad política y el organismo técnico. Quizá no necesitamos ya autoridad política departamental, pero sí, a no dudarlo, un organismo técnico.

Hay Prefecturas que se ubicarán a la vanguardia del proceso autonómico. Es el caso de la Prefectura de La Paz, que en armonía con sus municipios, particularmente con los de la Hoyada y El Alto, alistan un Estatuto Autonómico para poner de una vez en práctica la nueva estructura constitucional. Gracias a estos esfuerzos, el departamento de La Paz tendrá resultados que lo colocarán a la vanguardia del proceso autonómico nacional, en una magnitud que servirá de faro a las Prefecturas restantes. En esta senda, el país aspira a que se establezca una sana emulación autonómica para que los ciudadanos y ciudadanas vean en qué región está desarrollándose mejor la nueva experiencia y cómo se puede implementarla en las regiones rezagadas.

Estas últimas causan preocupación porque los tiempos han cambiado y las Prefecturas de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca debieran comprender que se deben a su electorado y no a sus respectivos comités cívicos, porque éstos son entidades corporativas que no representan debidamente a los sectores populares. En términos de población, los comités cívicos son una minoría corporativista, mientras que el electorado que respaldó a los prefectos ganadores es una mayoría popular y consistente. Si los Prefectos se empacan y no quieren participar en el proceso autonómico, habrá que decirles: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.