(Hora 25).- Bolivia es el gran experimento actual del poder transnacional y de la política mundial, cuyo principal objetivo es apoderarse completamente de nuestros recursos naturales. Para ello se apoya en la confrontación política interna expresada en el autonomismo, ya sea departamental o indígena, y en lo económico se reviste de capitalismo andino-amazónico, creación del vicepresidente Álvaro García Linera, cuya máxima expresión es la falsa nacionalización de los hidrocarburos.

El capitalismo andino-amazónico es parte de la ortodoxia de libre mercado, arropado de indigenismo, cuya única intención es sembrar, con el dinero de la nación, sociedades anónimas para la corrupción en diferentes actividades de la economía nacional para luego ser entregadas al poder transnacional bajo la excusa de que son ineficientes y corruptas, y que el estado no es un buen empresario, y por el contrario son una carga para la nación.

La red de “empresas nacionalizadas-anónimas” cubre diferentes rubros, desde los recursos naturales renovables y no renovables, hasta el sector financiero y de telecomunicaciones, para cuyo financiamiento, desde la compra de activos de sus “dueños externos”, hasta su funcionamiento y mantenimiento, está en manos del Tesoro General de la Nación.

Al no haber cambio de políticas estructurales, desde Sánchez de Lozada, el gobierno de Evo Morales esgrime los mismos argumentos neoliberales para justificar la transnacionalización de nuestra economía.

Con plata del Estado

La nacionalización de las empresas estatales y la aplicación de este modelo gerencial S.A. se hace con dinero del Estado proveniente de los ingresos de exportación de hidrocarburos, cuyo máximo nivel de reservas estuvo a punto de llegar a los 8 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el país.

Estos recursos sirven para pagar a las empresas transnacionales por su paquete accionario, y en el caso de las petroleras, sin haber hecho las correspondientes auditorías necesarias para determinar si realmente invirtieron lo que anunciaron o causaron un daño económico al Estado que debería ser cobrado antes de cualquier cancelación.

Este gobierno ha proyectado 2000 fideicomisos, según comentario públicos no refutados oficialmente, con una cifra inicial espeluznante de 1835.5 millones de dólares. Estos fondos serían utilizados para la conformación de las empresas estratégicas como la Boliviana de Aviación (BOA), apoyo a cooperativistas minertos mediante el Banco de Desarrollo Productivo (SAM). Incluye también los mil millones de dólares para el “relanzamiento” de YPFB.

Veamos las empresas más importantes del “Estado”, convertidas en Sociedades Anónimas”.

EPSAS S.A.

El pedido de nacionalización de Aguas del Illimani en enero de 2007 dio lugar a la creación de La Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSA). Este fue el modelo que después se seguiría en otras áreas para evitar los controles del estado.

En este caso, la auditoria de Pozo y Asociados demostró que los inversionistas franceses debían al Estado 20 millones de dólares, sin embargo el gobierno de Evo Morales, canceló 15 millones de dólares a la transnacional.

Este proceso fue impulsado por el ex dirigente vecinal de El Alto, Abel Mamani, en su calidad de ministro de Aguas, poco después fue destituido por el Jefe de Estado por un escándalo de “fotos pornográficas”.

La “nacionalización” de la francesa fue un señuelo para evitar que el Alto siga luchando por una nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, le entregaron el ratón antes que el león, en complicidad con los dirigentes de turno.

En Banco Unión S.A. continúan accionistas del MNR y MIR

En noviembre de 2003, NAFIBO SAM (Nacional Financiera Boliviana SAM) compró el 83,2% del Banco Unión por $us 14 millones para evitar su quiebra, dejando un 16,8% en manos privadas.

Por esta decisión, hasta el momento el chileno Jorge Valdez Añez, Andrés Petricevic, miembros del MNR, junto al hermano del mirista Carlos Saavedra Bruno, Luis Fernando Bruno, continúan como accionistas de esta entidad financiera.

En 2004, parlamentarios del MAS denunciaron que una de la causas de la quiebra del Banco Unión fue por otorgar créditos a “palos blancos” de Petricevic, Valdez y Saavedra Bruno.

Lourdes Durán, esposa del actual ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, es la máxima ejecutiva de esta institución.

Entel S.A.

El Estado nacionalizó ENTEL el 1 de mayo de 2008 con mucha pompa. Como en las otras Sociedades Anónimas, el 3 por ciento de las acciones pertenecen a personas particulares por lo que Estado no puede realizar ninguna acción de fiscalización sobre esta empresa que tiene una controversia internacional con la empresa ETI que reclama un pago de 170 millones de dólares mientras el gobierno sólo ofrece pagar 100 millones.

De acuerdo a los medios de comunicación, existen alrededor de 100 accionistas menores.

¿Quiénes son los accionistas privados de YPFB refinación S.A.?

En completo misterio se mantiene los nombres de los accionistas privados de YPFB-Refinación que fue recomprada por el estado boliviano en 112 millones de dólares, olvidando sus deudas por concepto de impuestos de alrededor de 130 millones de dólares.

La compra se realizó el 10 de mayo de 2007, cuando la empresa petrolera Petrobras Bolivia Refinación (P.B.R. S.A.) transfirió legalmente al Estado las acciones del 100 por ciento de las refinerías.

Sin embargo, como por arte de magia, una parte de esas acciones fueron entregadas a personas o instituciones desconocidas para YPFB Refinación convirtiéndola en Sociedad Anónima para librarse de cualquier control del Estado con estatus de empresa privada.

NAFIBO hoy BDP SAM

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) SAM fue constituido sobre lo que fue Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), en el marco legal establecido por el Código de Comercio, sujetándose a las disposiciones que regulan las actividades de las sociedades anónimas mixtas y bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros.

En la actualidad, el BDP SAM de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se halla bajo la tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo y en cumplimiento a la Ley Nro. 2064 del Ministerio de Hacienda en representación de la República de Bolivia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Al tener el gobierno la tuición y mayoría accionaria en el BDP puede definir sus políticas como banco de segundo piso para el apoyo al sector productivo, sin embargo, muchos sectores sociales criticaron la burocracia de este mecanismo y su favoritismo con sectores afines al MAS.

* Fragmento de la edición N. 60 del periódico HORA 25.