Preservado por la población de Potosí desde 1992, el litio ha retornado mundialmente requerido a la actualidad boliviana, recargando las pilas de un gobierno golpeado por una nueva ofensiva opositora que intenta quebrarlo desde adentro, y por el costo político de la corrupción investigada en la estatal YPFB.

Diez y siete años después que los activistas de izquierda impidieron que el régimen neoliberal de Jaime Paz y Hugo Banzer “rifara” la reservas de ese recurso natural a la LithCo (EEUU), el gobierno tiene ante sí al menos cuatro propuestas multinacionales para emprender la millonaria explotación de este metal contenido en los salares de Uyuni y Coipasa.

“Bolivia tiene la llave para los carros eléctricos del futuro”, dice “Industrial Metals” una publicación londinense que recientemente auspició una reunión de productores de litio en Santiago de Chile, donde el metal está considerado una prioridad en la agenda económica chilena.

“En los altos Andes, en una remota esquina de Bolivia descansan las más grandes reservas de un mineral que puede reducir radicalmente nuestra dependencia del petróleo y otros combustibles fósiles”, agrega la publicación al recordar que el litio es indispensable para las baterías de computadoras portátiles y teléfonos celulares, incluido el moderno “Blackberry”.

Las japonesas Sumitomo y Mitsubishi han sido las primeras en apuntarse ante el presidente Evo Morales para explotar los recursos estimados en 5.4 millones de toneladas, la mitad de las reservas mundiales, según estimaciones del servicio geológico de EEUU, que calcula 3 millones en Chile, 1.1 millones en China y sólo 410 mil toneladas en Estados Unidos.

Pero la francesa Bolloré no ha perdido el tiempo y su ejecutivos y acaba de llevar a Morales hasta su planta industrial, como parte de la gira del presidente boliviano por Francia y Rusia, donde concertó con su par francés Nicolás Sarkozy y el primer ministro Vladimir Putin, planes conjuntos para energía y gas natural.

El cuarto interesado es la gigante coreana LG, que tiene programado dotar a General Motors de baterías para su serie de autos eléctricos que saldrán a la venta en diez meses.

Pero Bolivia quiere ir más allá de la extracción de la materia prima y producir hidróxido de litio, cloruro de litio, litio metálico e inclusive fabricar baterías en el mismo salar, allí donde la estatal minera Comibol tiene previsto recobrar en dos años los 6 millones de dólares recién invertidos en una planta piloto de carbonato de litio, primea fase de una gigante extractora de 250 millones de dólares que intensificará la producción.

“Un botín sin tocar se topa con el nacionalismo en Bolivia”, tituló el New York Times en referencia a la política de Morales, de tener “el control absoluto” de los recursos, otorgando a las multinacionales, privadas o estatales, la condición de socios con no más del 40 por ciento de los ingresos reales que genere el negocio.

“El litio es una esperanza no sólo para Bolivia sino para todos los habitantes del planeta Tierra” comentó el presidente boliviano, que busca acelerar las inversiones.

“Hay lagos salinos en Chile y Argentina, y un prometedor depósito en Tibet, pero es claro que el premio está en Bolivia”, dijo en La Paz Oji Baba, un ejecutivo de la Unidad de Metales Base de Mitsubishi, según el reporte del NYT. “Si queremos ser una fuerza en la siguiente ola de automóviles y baterías que los impulsan, entonces, tenemos que estar aquí”.

Contraplanes y melindres

En medio del escándalo desatado por la corrupción que se investiga en YPFB, y que en sus primeros revuelos mediáticos ya trituró al ex vicepresidenciable del oficialista MAS, Santos Ramírez, la creciente expectativa por la industrialización del litio acompañó al presidente Morales en su viaje a Europa, dejando una estela criolla que no ha logrado disipar ni los nubarrones del costo sociopolítico, ni los efectos de una epidemia de dengue, una enfermedad febril que ya ha tumbado a miles y muerto a una decena.

Al ritmo de dengue (un nombre que también designa a los melindres con que algunos fingen disgusto por lo que en realidad más desean), la oposición, que acumula altos exponentes de transfugio y enriquecimiento inexplicable y se niega a facilitar una ley anticorrupción, ha pasado también de exigir la guillotina para Ramirez a cuestionar por qué se lo ha castigado tan rápidamente.

En el intento, no parece abandonar su objetivo de fondo: la quiebra interior de los masistas, la sevicia entre “primerizos” y “segundones”, y el desgaste de la campaña para la reelección del gobierno izquierdista y su díscolo pero respaldado mandatario.

“Estamos haciendo profundas investigaciones. Siento que ha habido agentes externos en Yacimientos para boicotear, sabotear; y eso oportunamente lo comunicaremos”, dijo enigmáticamente Morales, dos semanas después de los sucesos que afectan a YPFB

Lo dicho por el mandatario coincide con versiones que no descartan una ” trampa” tendida a Ramírez por sus flamantes cuñados plebeyos, los aristocráticos sobornadores empresariales y el clan ligado al proxenetismo y el crimen, aunque los indicios de la ministra de Transparencia muestran que el ex vicepresidenciable ya tenía avanzados irregulares negocios en paralelo, como la constitución de una empresa de perforaciones, utilizando el logotipo y el costoso taladro de la estatal petrolera e involucrando incluso a Pdvsa.

Del atraco al asalto mayor

El atraco salió casi perfecto, salvo que uno de los protagonistas de los negocios turbios se movió demasiado, gritó y terminó con el tiro a boca de jarro que, para el refocilamiento de la prensa local en todas las sinuosidades del caso, terminó involucrando a Ramírez.

Pero el asalto de fondo, según se desprende también de los indicios, conjeturas, hipótesis y presunciones de moda -reciclados indiscriminadamente entre uno y otro medio con base en declaraciones anónimas, fuentes encubiertas, cartas filtradas y citas a medias -, no apuntaba tan sólo a socavar la nacionalización de los hidrocarburos.

Tras la estrepitosa caída, el escarnio tenía en la mira no dejar títere con cabeza en YPFB, amedrentando a cualquiera que se atreviese a tomarlo a su cargo, e involucrar en el baño a más de un miembro del Gabinete, cuando no al Presidente, a fin de inhabilitar su candidatura y su eventual gobierno hasta el 2015.

Pero, visto el fortalecimiento oficialista tras el sí del 61 % y su decisión de aplicar la nueva Constitución con o sin opositores, los planes redireccionados buscan, según se observa, quebrar el blindaje desde adentro y dividir al MAS entre bandos de advenedizos y “los de antes”, alejando del entorno al ministro Juan Ramón Quintana, convertido por ahora en el enemigo público número uno de la derecha en Bolivia

Paralelamente, la reacción insiste con abalanzarse, como el año pasado, hacia el bolsillo familiar ya debilitado por los rumores sobre los precios, mientras azuza a padres y maestros en las escuelas, politiza la sequía y las lluvias e ideologiza hasta el agua y el pan, en busca de un “pacto” que los prefectos amigos de Branko Marinkovic, el agro empresario líder de la derecha recalcitrante, no han precisado, aunque el gobierno estima que apetecen mayores privilegios a los ya alcanzados en octubre pasado, cuando para viabilizar el texto constitucional a referéndum, el MAS capituló con la centro-derecha un centenar de concesiones, entre ellas la no reatroactividad de las restricciones a los latifundios.

Sólo antes del retorno del mandatario, el prefecto cruceño Rubén Costas dejó entrever que la “devolución” de los impuestos petroleros y una mayor participación de sectores disidentes (comités cívicos radicales), son dos condiciones del diálogo requerido al que se niegan asistir y del buscado pacto que se rehúsan acordar.

Inminente la conformación del Consejo Nacional Autonómico, a Costas y sus colegas les queda poco espacio para negociar cuatro aspectos: la forma en que serán reconocidos los estatutos autonómicos, las competencias regionales, la coordinación con el gobierno central y el dinero para los prefectos, que el gobierno llama la “estructura fiscal financiera en el nivel subnacional” y que, como el año pasado, puede encontrar destino principal en la publicidad televisiva y en la conspiración, bajo la fórmula “más dinero, más confabulación”.

Versiones y coros

Dos semanas después del escándalo, se advierte que al menos no faltó habilidad para tejer partes de una extensa trama y acomodarlas al conjunto, con las consiguientes exoneraciones.

Así, los sucesos fueron presentados como si nadie más que los presuntos adversarios hubieran iniciado la pendencia ­­-pues “la oposición política es, aquí también, totalmente inocente e ingenua; sólo sabe hacer bulla de los escándalos que otros han destapado”­-, o como si vinieran sólo de una lucha facciosa.

“Que un bando haya marcado con sangre ajena la puerta del cuñado del jefe del otro bando, de manera tan precisa, para que no queden dudas, es una muestra de que las disputas por la sucesión están alcanzando niveles sicilianos”, escribió tan sólo cuatro días después del atraco un columnista que ya en septiembre pasado se auto-reconociera como del grupo “Nosotros, los sucios”.[1]

“Uno de los bandos, el más fuerte, había quedado malherido con el escándalo de tres docenas de camiones que llevaban contrabando. Nunca supo el bando perjudicado quién lo golpeó. Recibió los golpes, los sigue recibiendo, y sólo atina a atribuirlos al bando enemigo…”, matizó.

Hecha la pauta, fue desgranada con diligencia. No tardaron en el Senado las voces que trataban de involucrar a los ministros Luis Arce y Carlos Villegas, cuestionaban la investigación encabezada por Nardi Suxo y clamaban por incluir a Quintana, advirtiendo de por medio sobre los recursos del BCB a Yacimientos y los decretos presidenciales utilizados para el festín.

¿”Pobrecito el Santos”?

De pronto, pasadas ya tres semanas de los sucesos, para algunos círculos sospechosamente quejumbrosos por Ramírez, éste ya no es tanto el “corrupto masista que abandona a su esposa y traiciona a su partido” sino “el último hombre del MAS en el gobierno” que impedía al Presidente entregarse por completo a su entorno palaciego de “no masistas”.

Santos “perdió poder en el Gobierno, pero mantenía raíces en el ‘instrumento político‘”, dice por ejemplo la analista de La Razón, Ximena Costa, cuestionando a los “recién llegados” a quienes acusa de tejer redes con intereses extranjeros y de buscar mantenerse en el poder a largo plazo.[2]

“Ramírez era el cordero a ser sacrificado para lavarle la cara al Gobierno de la corrupción estructural; pero, en realidad -concluye-, la corrupción fue un pretexto para garantizar el control del “proceso de cambio” de quienes aterrizaron en el MAS con camiseta indígena recién el 2005.

Al ritmo de dengue y tan veloz como la epidemia, no es improbable que en los próximos días, el próximo involucrado sea el mismo George Soros, el magnate húngaro de quien Emilio Martínez, autor de “Ciudadano X, la historia secreta del evismo”, dice que está relacionado con Sumitomo, la multinacional japonesa que está comprando el 65 % de Apex Silver en la minera San Cristobal, cerca del salar de Uyuni.

Notas

[1] “Nosotros, los sucios periodistas, no hemos hecho comentarios sobre las dudas que tiene la gente acerca de los hijos del Presidente, que sólo se prestan a aparecer cuando hay una campaña proselitista en que se quiere demostrar que a Morales le gustan las mujeres. Ni se ha hecho comentario alguno sobre todo lo que se dice acerca de su también afeminado vicepresidente”. Humberto Vacaflor, La Razón, 26-ago-2008,

[2] “Seducen al Presidente, lo loan, lo interpretan, lo ‘asesoran‘, le dibujan la realidad, y éste, gradualmente, se distancia del MAS, pero no así de los cocaleros y de la base a la que visita en sus constantes viajes. La gente lo quiere a él, no a su entorno; el entorno sabe que sin Evo no son nada, no representan el cambio. Por tanto, para mantener el control hay que separar al Presidente del MAS, hay que aislarlo del ‘instrumento‘. Eso sucedió de manera gradual y hoy el Presidente está más cerca de ese entorno que del MAS”. Ximena Costa, La Razón, 14-feb-2009