Los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz; Ernesto Suárez de Beni; Mario Cossío de Tarija, y Savina Cuellar de Chuquisaca no asistirán a la reunión de este lunes convocada por el Presidente Evo Morales para negociar el régimen autonómico. Morales advirtió a los opositores que después del referéndum constitucional del 25 de enero "será muy tarde" para consensuar los alcances de la ley marco de autonomías y las atribuciones del futuro Ministerio de Autonomías.

El artículo 271 del proyecto constitucional establece que la redacción de estatutos autonómicos y la transferencia de competencias y facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas a los gobiernos departamentales serán normadas por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización aprobada por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En una entrevista concedida al programa "El pueblo es noticia" trasmitido por medios estatales, el Presidente dijo que busca concretar acuerdos políticos antes del 25 de enero para garantizar la implementación inmediata de las autonomías, ya que poco se podrá hacer luego de que el pueblo vote por la nueva Constitución Política del Estado.

Morales se reunirá con los alcaldes el martes 6 de enero y con representantes de pueblos indígenas el 7 de enero con el objetivo de acelerar la aplicación del régimen autonómico departamental, regional, municipal e indígena.

El presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic recorre las provincias y ciudades intermedias regalando poleras y autoadhesivos a los cruceños para que le digan No al proyecto de Constitución "que no contempla las autonomías porque centraliza los recursos de los departamentos en la ciudad de La Paz para que sigan siendo manejados por los políticos". No habrá autonomía, inversión ni obras en municipios y provincias, y seguiremos postergados otros ciento ochenta años, pregona el cívico.

Asegura Morales que los opositores carecen de argumentos para oponerse a la nueva Carta Magna que reconoce 36 competencias exclusivas a los gobiernos departamentales autónomos, siete competencias compartidas y 16 competencias concurrentes, además de crear asambleas departamentales elegidas por voto popular.

El gobierno considera que un eventual veto a la Constitución provocaría conflictos sociales y postergaría la autonomía por lo menos hasta el año 2017.

Según una encuesta del Observatorio de Gestión Pública (OGP), el 65 por ciento de los votantes aprobaría la Constitución en el referéndum y 16 por ciento votaría por el No. Los indecisos suman el 19 por ciento. La CPE tiene mayor respaldo en Oruro (88 por ciento) y La Paz (86 por ciento) y es más resistida en Santa Cruz, donde el 39 por ciento de los votantes se inclina por el No.