(PL).- El drama que provocan los agrocombustibles obtenidos según la política de Estados Unidos e impulsados por las industrias automovilística, de la energía y los grandes inversores de la informática y la alimentación continuó en el 2008, al amparo de la Administración Bush.

El propósito del Presidente, cuyo mandato expira en enero, ha sido sustituir 132 mil millones de litros de gasolina para automóviles, en el 2017, mediante etanol de maíz, para lo que se requeriría una producción agrícola superior a la que logra el país, afectada en el 2008 por factores climáticos.

La Unión Europea, cuya política en este orden es similar a la estadounidense, basa su elaboración en alimentos como el trigo, la cebada, la colza o la soya –entre otras materias primas– y reafirmó a inicios de diciembre su posición dual de presuntamente combatir la contaminación ambiental y hacerlo mediante los referidos carburantes.

El 9 de diciembre, la presidencia y el Parlamento de la UE acordaron que el 10 por ciento del combustible que consuma el sector europeo del transporte, en el 2020, deberá ser de fuentes renovables, sin imponer una proporción definida como mínima para los llamados “biocombustibles de segunda generación”.

Fuentes periodísticas reflejaron que el plan incentiva el uso de este tipo de carburante, pues estimula a sus productores con créditos cuya cuantía se duplica para producirlos, con el objetivo de alcanzar la referida meta y se presume que también la de reducir de forma significativa, hacia el 2017, las emisiones contaminantes.

Globalmente se manifestaron durante el año dos tendencias en cuanto a la conveniencia o no de producir estos carburantes. Por un lado, la persistencia entre los países capitalistas más desarrollados de continuar fabricándolos y, por el otro, el rechazo entre sectores políticos y sociales a la utilización de alimentos para obtenerlos.

Desde el lunes 17 de noviembre de 2008 se desarrollaron en Sao Paulo, Brasil, los análisis previstos en la llamada Conferencia Internacional sobre Biocombustibles, que concluyeron el viernes 21, con la participación de representantes oficiales de 88 países de todos los continentes.

Los ejes en su fase técnica fueron la contradicción entre producir energía a partir de alimentos, sustrayendo víveres del consumo humano, y el ingreso de los carburantes del Sur —menos competitivos por los subsidios agrícolas— en un Norte donde los impuestos son de 0,51 dólares por galón en Estados Unidos y 0,73 euros en la UE.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró en el foro: “Confiamos en que la expansión de los biocombustibles no será retrasada por barreras proteccionistas”, pues “estas medidas no tienen justificación cuando la exportación de petróleo, que es más contaminante, no sufre estas distorsiones”.

Sobre las inquietudes sociales y alimenticias, reconoció “que hay preocupaciones legítimas en este debate”, ya que “debemos proteger los bosques, respetar la seguridad alimentaria y el derecho de los trabajadores”, aunque “los biocombustibles pueden ayudar a combinar crecimiento con preservación ambiental y responsabilidad social”.

Progresó la intención de impedir que las transnacionales prevalezcan en su objetivo de explotar esta fuente de utilidades a costa de hambrunas que provocaron desde inicios de 2008 violentas manifestaciones en al menos 40 países, sin que el problema sistémico haya dejado de profundizarse.

La influencia de este fenómeno en Latinoamérica se refleja en el Panorama Social 2008 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual destaca cómo incide el precio de los alimentos en la región sobre “la escasa reducción de la pobreza” y en “el aumento de la indigencia” sobre el estimado para el 2008.

También, la organización considera en el reporte, emitido en la primera quincena de diciembre, que ello interrumpe la tendencia a la baja que registraban entre el 2002 y el 2007 la pobreza y la indigencia.

La Red Oilwatch, en su Boletín 61 correspondiente a junio de 2006, dejó sentado por su parte que los 30 países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) constituyen los principales consumidores de energía, aunque no todos por igual, contra los cerca de 170 restantes.

Los primeros gastaban el 61,7 por ciento del total global en el año 1973, proporción que se situó en el 51,5 durante el 2003, un porcentaje engañoso, pues el consumo absoluto varió en aquellas naciones, de forma ascendente, entre dos mil 855 millones de toneladas de petróleo equivalente (Mtoe) en el 73 y tres mil 750 en el 2003.

El aumento se elevó realmente en el 31 por ciento en relación con 1973. Se añade que los sectores de mayor gasto fueron el transporte, con el 57,8 por ciento en el 2003; la industria, con el 19,9; y la agricultura, los servicios públicos y el sector residencial, todos predominantes en los países desarrollados con respecto a los del Sur.

La CEPAL estima, por su parte, que el alza del precio de los alimentos en el 2007 y parte de 2008 “habría impedido” que unos cuatro millones de personas saliesen de la situación de pobreza e indigencia, contrarrestando parcialmente los avances logrados en crecimiento y distribución gracias a los cambios sociales en la región.

El efecto negativo se debe a factores externos como el alza de los precios internacionales de los alimentos, “sobre todo durante 2007 y la primera parte de 2008”, cuando varios de los víveres con “mayores aumentos son esenciales para la canasta básica de los más pobres, como el arroz, el trigo y el maíz”.

Desde enero de 2007 a junio de 2008 se incrementaron éstos entre el 80 y el 90 por ciento, como consecuencia de los agrocombustibles, factores climáticos, el precio de los hidrocarburos, la especulación, y la crisis económica, financiera y monetaria en Estados Unidos.

De estos factores, el de novedad determinante en 2007-2008 ha sido el energético, centrado de manera creciente en los carburantes producidos a partir de alimentos asociados a la especulación y a la desviación con respecto a sus fines humanos primarios, en lo cual los efectos peores han recaído sobre los más pobres. Tanto para los países como para las personas.

El efecto relativo del precio de los alimentos durante el 2008 lastró la vida de los latinoamericanos, cuyos resultados positivos debidos al distanciamiento creciente con respecto al neoliberalismo de décadas pasadas pudieron ser superiores, de no ocurrir aquel factor externo adverso.

Para otros países de la región, las consecuencias fueron más negativas, especialmente con respecto a la carestía de víveres primarios, la expansión del monocultivo, la plantación de menores áreas dedicadas a los alimentos, la transnacionalización de grandes extensiones de sus tierras y la explotación desmedida de su fuerza de trabajo.

La CEPAL considera que el costo acumulado de los alimentos, desde fines de 2006, provocó un aumento del contingente de pobres e indigentes de 11 millones de personas más en la región que las estimadas en caso de que los víveres “se hubiesen encarecido al mismo ritmo que los demás bienes”.

Se trata de un aumento relativo entre lo que hubiera debido ser sin la elevación de los precios de los víveres, cuya demanda se vio incrementada bajo la influencia nociva de los agrocombustibles, y lo que fue debido a éstos y a la especulación consiguiente.

Esto ilustra acerca de que en los dos últimos años la sustracción de alimentos del consumo humano para convertirlos en carburantes determinó que Latinoamérica no redujera la pobreza, sino que relativamente la aumentara.

De no ser así, “la tasa de indigencia proyectada para el 2008 hubiera mostrado una disminución de un punto”, algo que para el año próximo estimula pronósticos en general sombríos. Para entonces se espera, adicionalmente, que la pobreza relativa también aumente en la región debido a la crisis internacional.

En resumen, “el alza del precio de los alimentos ha representado un factor relevante en el deterioro de las condiciones de vida de los más pobres, contrarrestando parcialmente los avances logrados en términos de crecimiento y distribución de los ingresos”, debidos en gran medida a las nuevas políticas económicas y sociales.

No obstante, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo y avanzar hacia una mejor distribución de los ingresos y de otros activos permanece como una de las tareas más importantes aún pendiente.

Sobre la cuestión del hambre más allá de Latinoamérica, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, aseguró en Nueva York el 14 de abril de 2008 que “la rápida escalada de la crisis alimentaria alrededor del mundo ha alcanzado proporciones de emergencia”.

Asimismo, consideró que la crisis podría sumergir en la miseria a unos 100 millones de personas en los que llamó “países de renta baja” y añadió que “necesitamos no sólo medidas de emergencia de corto plazo para abordar las necesidades más críticas y evitar la hambruna en muchas regiones del mundo”.

Se requiere también “un significativo aumento en la productividad a largo plazo de los cultivos de granos”, factores ambos en que los agrocombustibles, la búsqueda de mayores cuotas de ganancia y la especulación con los víveres y la energía, resultan pesado lastre.

Ban afirmó que el agravamiento de la crisis, con la reciente subida de precios, ha provocado que el Programa Mundial de Alimentos haya tenido que elevar de 500 a 700 millones de dólares el presupuesto para sus operaciones de asistencia en el 2008, apenas un paliativo a las carencias de los más pobres.

El presidente cubano, Raúl Castro, por su parte, fue categórico al respecto en la Cumbre Cuba-CARICOM, celebrada el pasado 8 de diciembre en el oriente de la Isla, cuando aseguró: “La crisis energética es, esencialmente, el resultado del insostenible modelo consumista y derrochador implantado por los países ricos.

“Para hacerle frente a ella, el primer paso debería ser el máximo ahorro en el consumo de petróleo y la búsqueda simultánea de fuentes renovables y limpias de energía”.

A lo que añadió: “No creemos que utilizar alimentos para producir combustibles sea la solución en nuestro mundo, donde más de 900 millones de personas padecen hambre”.

No obstante los efectos negativos que hoy recibe del Norte desarrollado, América Latina y el Caribe podrían sostener su avance en alternativas de integración y de políticas sociales redistributivas, más eficaces cuanto más propias. Su mayor éxito consistiría en que la crisis resultara partera de una superior justicia.

Así el año que viene no sería peor que el año que vino.

* Especialista en temas globales y de integración latinoamericana.