Importantes redes privadas de televisión, radioemisoras y periódicos del país identificados ideológicamente con la oposición de derecha llevan adelante una campaña coordinada que pone en tela de juicio la veracidad de la masacre de 18 personas el 11 de septiembre en Pando, denuncian varias instituciones y periodistas independientes. La acometida mediática hace uso de información no contrastada, trascendidos, rumores y denuncias sin fuente.

El prestigio y la credibilidad de los grandes medios de información privados de Bolivia han ido en descenso en los últimos años; y es probable que su impopularidad haya alcanzado cotas récord entre 2007 y 2008. El acelerado desprestigio tiene mucho que ver con la instrumentalización política de la prensa pública y privada, y también con la paulatina caída de la calidad informativa.

Los medios de información incumplen su función social básica de informar y orientar a la ciudadanía con veracidad e independencia, y algunos se han convertido en voceros de agrupaciones y partidos políticos.

Los medios privados han legitimado ideas políticas conservadoras en los últimos 100 años y cumplieron un rol clave en el apuntalamiento del neoliberalismo desde 1985. En esta época, pocas veces informaban con "imparcialidad" y "objetividad", aunque intentaban guardar las apariencias. Pero cuando Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006 tuvieron que tomar partido y revelar sin tapujos a quien sirven.

El sinceramiento tuvo un alto costo: Nunca antes se agredieron en la calle a tantos periodistas por "venderse" a sus patrones; nunca antes fue tan "mentirosa" la "prensa de los ricos"; nunca antes se reivindicó el derecho ciudadano a una información veraz.

Desfiguran una masacre

Está en marcha una campaña mediática concertada que incluye información desequilibrada, rumores y denuncias sin fuente que intenta deslegitimar de la masacre de 18 personas en la localidad de Porvenir, Pando, observan con preocupación el periodista Carlos Soria Galvarro, el defensor del Pueblo Waldo Albarracín, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otras instituciones sociales representativas.

"Analizando la gran cantidad de medios, especialmente los más grandes, las cadenas televisivas, así como los periódicos de circulación nacional, se evidencia que hay toda una campaña por lavar los hechos, por desfigurarlos y por aliviar las culpas de los autores de la masacre de Porvenir", declaró Soria Galvarro a Radio Patria Nueva.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) expresó su preocupación por la "campaña de desinformación en la televisión" sobre la emboscada, masacre y la persecución armada a campesinos, normalistas, mujeres y niños. El presidente de la institución Rolando Villena criticó a los medios que intentan ocultar la vedad de la masacre con mentiras o minimizando la muerte de personas.

El ministro de Defensa Walker San Miguel ve que dicha campaña mediática muestra "como angelitos a los victimarios de campesinos, niños, estudiantes normalistas y mujeres".

"Lo ideal sería que el esclarecimiento de la masacre de Pando no se resuelva por televisión, sino en los estrados judiciales", recomendó el defensor del Pueblo Waldo Albarracín, quien reiteró que en Porvenir no hubo un "enfrentamiento", como reportaron los medios, sino una masacre en la que "grupos armados acribillaron a los indefensos hermanos campesinos".

"Periodismo canalla"

"Hay una especie de periodismo canalla, y lo que la mayoría de la gente hace es prestar oídos sordos; (pero) no descarto que hayan personas que puedan ser confundidas. Han perdido toda vergüenza, todo equilibrio y la mayoría de los medios han caído en una campaña burda de manipulación", criticó Soria Galvarro.

Como parte de la "burda" campaña, el comentarista cruceño de la televisora PAT Carlos Valverde denunció un "plan militar para tomar el oriente" en base a un documento fraguado que obtuvo en Internet.

El ministro de Defensa desmintió categóricamente la existencia de dicho plan y criticó a Valverde por no requerir la versión de la contraparte, tal y como mandan las normas éticas del gremio, antes de lanzar la información.

No es casual ni gratuita la "malicia" con la que algunos medios distorsionan y manipulan la masacre del 11 de septiembre, afirma el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. En su criterio, alguna prensa defiende con uñas y dientes a su benefactor el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, principal acusado de la masacre pandina.

Quintana reveló que el ex prefecto articuló una red de medios a su servicio: "Con la compra de periodistas se silenció las voces disonantes, de discrepancia, de discusión y debate. Estamos ante uno de los hechos más dramáticos de corrupción en el ámbito de los medios de comunicación en Pando. Esto expresa la capacidad de penetración y derrumbamiento de las éticas profesionales de los periodistas".

En la lista de medios alquilados por la Prefectura de Pando aparecen Unitel-Pando, de propiedad del diputado de Podemos Ronald Camargo Suzuki; el Sistema Pandino de Comunicaciones asociado a Bolivisión y ATB, de propiedad de Yusara Melena de Revollo, prima hermana de la presidenta del Comité Cívico de Pando Ana Melena; y Pando Visión, de Arturo Ferreira Salvatierra, primo del ex prefecto, entre otros.

Algunas radioemisoras de esta red irregular son Radio Fides Pando, Radio Centinela de propiedad de Arturo Ferreira Salvatierra, primo del ex prefecto; Radio Líder, Radio Cadena Nacional, Radio Nicolás Suárez, de propiedad del Ejército, y Radio Amazonía, de propiedad del Defensor del Pueblo.

Quintana envió toda documentación que respalda su denuncia al Consejo Nacional de Ética, a la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, Asociación Nacional de la Prensa, Asociación de Periodistas de La Paz y a la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP).

La FTPLP investigará a la red de corrupción y protección política mediática una vez que reciba formalmente la denuncia. El artículo 11 del Código de Ética Periodística aprobado en 1991 prohíbe a los periodistas recibir remuneración de instituciones públicas o privadas. Es incompatible el ejercicio simultáneo del periodismo con el de relaciones públicas o asesorías de prensa cuando el periodista tiene asignada como fuente la institución para la cual también trabaja.

Carlos Soria opina que ha llegado el momento de debatir ampliamente la grave crisis por la que atraviesan los medios, la cual ha desencadenado una fuerte hostilidad hacia los periodistas.

Soria propone discutir una nueva ley de comunicación que permita a los propios organismos periodísticos poner freno a los excesos aplicando la autorregulación, sin transferir esta atribución a ningún otro poder del Estado.

En el proyecto de Constitución Política del Estado que se encuentra en debate se plantea que el trabajo periodístico esté sometido a criterios de verdad y responsabilidad, pero algunos empresarios de la información son reacios y quieren saber quién juzgará lo que es verdadero y responsable.