La oposición política obtuvo importantes conquistas en 18 días de negociación. El gobierno de Evo Morales ofreció gobiernos departamentales autónomos que legislen, ejecuten y reglamenten sobre 50 materias competenciales; decidan las dimensiones de las autonomías regionales, y cohabiten con autonomías municipales e indígenas sin que sus potestades se vean afectadas. Según el CONALDE, la propuesta no satisface la demanda de "autonomía plena".

A las 10 de la mañana de este domingo se instaló la Mesa Central del Diálogo Nacional entre el gobierno y los prefectos opositores en la ciudad de Cochabamba. El Poder Ejecutivo tenía la esperanza de recibir los informes finales de las mesas encargadas de alcanzar acuerdos en cuanto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y a la compatibilización del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) y las autonomías, para luego suscribir un acuerdo definitivo con los representantes de la oposición.

Morales esperaba suscribir un acuerdo que pacifique el país. "Si algún prefecto no firma la propuesta del gobierno, pensaremos que es enemigo de las autonomías departamentales, de las autonomías regionales y enemigo de la autonomía indígena", comentó el Presidente el sábado.

En las negociaciones del domingo, el Presidente propuso aprobar los informes finales de las mesas de IDH y Constitución y Autonomías, y garantizar la convocatoria al referéndum constitucional y dirimitorio de la tierra mediante una ley del Congreso.

Los dirigentes políticos del CONALDE rechazaron el planteamiento del Ejecutivo y presentaron dos documentos alternativos para avanzar en la construcción del acuerdo nacional.

Su primera propuesta fue continuar trabajando los temas del IDH y la autonomía, crear una nueva mesa específica para debatir el proyecto de CPE, y agotar discusiones en torno a la necesidad de transparentar el Registro Civil y el Padrón Electoral. Como segunda opción, plantearon suscribir un pacto de pacificación y de transparencia de todo el sistema electoral. Ninguna de las dos fue aceptada por el gobierno y la cumbre política que se prolongó por más de 10 horas terminó sin acuerdos.

Las mesas técnicas trabajaron hasta el amanecer en un nuevo capítulo de Organización Territorial del Estado, incorporando todas las observaciones planteadas por las regiones, aseguró el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Carlos Romero.

Gran parte del nuevo capítulo de autonomías fue consensuado con los prefectos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y por algunos senadores, pero no con los prefectos opositores.

Romero lamentó que los prefectos del CONALDE no hayan facilitado un acuerdo nacional que despertó gran expectativa en el pueblo boliviano y fundamentalmente en las regiones impulsoras de la autonomía.

A nombre de sus colegas del CONALDE, el prefecto de Tarija Mario Cossío informó que "no ha sido posible concluir el gran acuerdo que queríamos lograr pese al enorme esfuerzo y compromiso de trabajo y voluntad política de los prefectos".

No hubo acuerdo porque no fue posible encontrar coincidencias necesarias en temas centrales de la agenda. "En autonomía departamental subsisten serias divergencias, nuestra expectativa de consolidar autonomía plena no está satisfecha. Pese a los avances, lo medular no fue resuelto".

Según Cossío, no se han resuelto contradicciones evidentes en el tema del IDH. "Hay necesidad de financiar y apoyar a la renta dignidad, pero (continúan las) divergencias en cuanto a qué haremos después con los recursos restantes y en cuanto al mantenimiento de las fuentes de la renta".

Autonomías

Uno de los consensos más importantes en la mesa de Constitución y Autonomías es el ajuste de la redacción de la III Parte del proyecto de Constitución denominada "Estructura y Organización Territorial del Estado".

Se reconocen tres tipos de gobiernos autónomos: departamental, municipal e indígena, todos con potestades legislativas. Se establece como criterio esencial del concepto de autonomías la igualdad jurídica y el mismo rango jerárquico, lo que permitirá que cohabiten sin tutelajes ni subordinación de unos sobre otros, pero sí con asimetrías competenciales.

Se estableció una "matriz" y una metodología de distribución de competencias entre todos los niveles de gobiernos autónomos. En el régimen autonómico se identifican competencias privativas del Estado nacional, competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias compartidas.

Son competencias privativas aquellas cuya legislación, reglamentación, ejecución, administración y operación no se transfieren ni se delegan. Son competencias exclusivas aquellas en las que el gobierno mantiene potestades legislativas sobre determinada materia y transfiere potestades reglamentarias y ejecutivas. Son competencias concurrentes aquellas en las que la legislación corresponde a nivel nacional y donde otros niveles de gobierno comparten potestades reglamentarias y ejecutivas. Son competencias compartidas las que están sujetas a la legislación básica nacional y cuya legislación de desarrollo, reglamentación, ejecución, administración y operación corresponderán a niveles sub nacionales.

Además de la reasignación competencial, se resolvieron algunas contradicciones competenciales entre las autonomías municipales, departamentales e indígenas.

Se han establecido 22 competencias privativas del Estado nacional, 28 competencias exclusivas, nueve compartidas y 11 concurrentes. Competencias privativas del nivel nacional serían las políticas de Fuerzas Armadas, Policía y banca central. Los recursos naturales y telecomunicaciones podrían ser competencias compartidas con departamentos y municipios.

Se han identificado 30 competencias propias de los gobiernos departamentales autónomos, los cuales, además, comparten otras 20 competencias con el Estado nacional. Esto quiere decir que las autonomías departamentales tendrán 50 materias competenciales en las que legislarán, ejecutarán y reglamentarán de manera exclusiva y compartida.

Además de competencias propias, la autonomía departamental contará con recursos propios, consolidará la elección de autoridades propias y cohabitará con otras autonomías sin que sus potestades se vean amenazadas.

El ministro Romero destaca que los consensos importantes en este asunto tienen que ver con el establecimiento nítido e impecable de la potestad legislativa de los gobiernos autónomos sub nacionales. Esto significa que las autonomías tendrán potestad legislativa no solo en materia de sus competencias exclusivas sino también en aquellas que comparte con el Estado.

Según el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) Luis Revilla, el Presidente Morales se comprometió a ajustar el proyecto de Constitución para garantizar la autonomía municipal plena. Así, Bolivia se convertiría en el tercer país del mundo, después de Brasil y Sudáfrica, en el que las autoridades municipales adquieren potestad legislativa.

Las autonomías indígenas, cuya base territorial serán las tierras comunitarias de origen (TCO), no constituyen territorios reconstituidos que amenacen a los otros niveles sub nacionales, sino que cohabitarán con ellos.

Las autonomías indígenas respetarán los límites municipales actuales, lo que evitará conflictos territoriales. El consenso alcanzado en Cochabamba señala que la conformación de autonomías indígenas tendrá que tramitarse en el Congreso en caso de modificar la jurisdicción local.

Las regiones se constituyen en espacios de planificación y gestión administrativas y podrán optar a la autonomía regional con alcance administrativo, pero no político, por iniciativa de los municipios que la conforman, y circunscritas al ámbito departamental. Las dimensiones de la autonomía regional y sus competencias dependerán de lo que el departamento decida en función de acuerdos políticos y con dos tercios de voto.

IDH

La mesa del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) acordó financiar la Renta Dignidad en el corto, mediano y largo plazo con recursos del IDH. El gobierno se ha comprometido a devolver a las regiones los excedentes del IDH que quedaran en 2008 luego de financiar la renta a favor de los ciudadanos mayores de 60 años.

Además, se realizará un análisis jurídico complementario de la Ley de la Renta Dignidad en su artículo 9 para el uso de los dividendos de las empresas capitalizas en la gestión 2007.

El Ministerio de Hacienda mediará en la conciliación trimestral sobre la transferencia de los recursos del IDH y regalías a prefecturas, municipios, universidades y Tesoro General de la Nación (TGN), con el acompañamiento del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El Ministerio de Hacienda enviará información mensual sobre la renta Dignidad a las entidades competentes. El incremento de 50 bolivianos a la renta se aplicará a partir de 2009 y se solicitará al Congreso la aprobación del presupuesto reformulado de la gestión 2008.

Lo que viene

El ministro Romero explicó que los prefectos opositores evitaron firmar un acuerdo de paz apelando a estratagemas y consignas políticas sin fundamento, como por ejemplo discutir otros temas de la Constitución sin decir con claridad cuáles.

Cossío dijo que la mayor preocupación del CONALDE fue abrir la discusión sobre el proyecto de Constitución: "Nunca propusimos hacer una CPE desde cero sino un paquete de temas imprescindible de debatir. El IDH y la autonomía son importantes, pero más importante que todo es el futuro de la Patria".

El prefecto tarijeño reveló que los dirigentes del CONALDE estaban dispuestos a resignar algunas demandas autonómicas, conscientes de que el futuro de Bolivia está vinculado a la CPE. "Pero no fue posible aperturar el debate de este tema y no fue posible construir un acuerdo nacional verdadero".

A pesar de la falta de acuerdos, Cossío declaró que los prefectos del CONALDE sienten una "paz interna" por haber dado certidumbre al país. "Si algo hemos logrado es pacificar el país, una ganancia importante para Bolivia. No estamos concluyendo este proceso con peleas … Disentimos democráticamente con el gobierno y no hemos firmado ningún documento, pero la divergencia democrática no significa la apertura de un ciclo de confrontación y violencia".Previendo que el gobierno de Evo Morales impulsará el referéndum constitucional en el Congreso, el vocero de los prefectos opositores enfatizó que para llevar adelante cualquier proceso electoral resulta imprescindible realizar una auditoría integral al Padrón, registro civil y al programa de carnetización.

El ministro Romero aseguró que pese al bloqueo opositor, el Presidente y el Poder Ejecutivo no clausuran el escenario de diálogo y siguen esperando a los dirigentes del CONALDE porque el pueblo quiere pactos y certidumbre. El gobierno está abierto a revisar, compatibilizar y consensuar los temas que quedaron pendientes debido al unilateral abandono de la mesa de diálogo por parte de los dirigentes derechistas.