(SENA).- La Cancillería le expresó oficialmente al gobierno del Brasil “su profunda preocupación” y “desconcierto” por la decisión del Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) de conceder la licencia para la construcción de la represa de San Antonio, parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera, que es firmemente rechazado por las comunidades de campesinos e indígenas del Norte Amazónico de Bolivia.

La decisión del IBAMA también fue la causa para el aplazamiento de la II Reunión Técnica Binacional acordada para el 18 y 19 de agosto, en la ciudad de La Paz, entre representantes diplomáticos y expertos de Brasil y Bolivia, pero que a solicitud de la Cancillería este encuentro podría concretarse en la primera quincena de septiembre “a fin de que en este lapso de tiempo se pueda recibir la información necesaria por parte del gobierno de Brasil sobre las inquietudes expresadas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos “manifiesta su profunda preocupación ante la concesión de la licencia efectuada por el IBAMA el día de ayer y su desconcierto por la falta de consideración a las preocupaciones manifestadas al Canciller Amorín por al Canciller Choquehuanca, sobre las acciones que se realizarán de manera inconsulta como se constata en el estudio Proyecto Básico Ambiental para la construcción de la Planta San Antonio Presentado por el Consorcio ganador de ese emprendimiento”, dice la parte central de misiva diplomática.

La comunicación oficial fue enviada el pasado 13 de agosto a la embajada de la República del Brasil mediante nota VREC-197/2008 por el Viceministerio de Relaciones Exteriores y Cultos.

El Gobierno brasileño aprobó el pasado 11 de agosto la licencia ambiental, último requisito que faltaba para el arranque de la construcción de la central hidroeléctrica de San Antonio, en el río Madera, cerca a la frontera con Bolivia, en la zona amazónica con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, cuyas principales beneficiarias son el consorcio formado por las ingenierías brasileñas Odebrecht y Furnas.

Paralelamente, el gobierno de Brasil formalizó la concesión de las obras para la construcción de la represa de Jirau, a escasos 50 kilómetros de la frontera boliviana, a un consorcio formado por el grupo franco belga Suez, la constructora privada brasileña Camargo Correa y las estatales Eletrosul Centrales Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco.

La aprobación del IBAMA se otorga en medio de los cuestionamientos planteados por Bolivia, que hace un año atrás envió una lista de 21 preguntas y demandas de información al gobierno brasileño, las cuales demoraron más de 6 meses en ser contestadas.

Dichas respuestas tienen una formulación “esquiva” y poco seria”, habiendo causado la indignación de las organizaciones de la región y de las instituciones académicas, estatales y de la sociedad civil que observa los impactos de las represas en territorio boliviano y que han planteado el inicio inmediato de acciones legales en tribunales internacionales.

El fundamento para ello se basa en el incumplimiento del gobierno brasileño a los deberes internacionales entre Estados, entre los que se encuentra la notificación previa antes de la aprobación de la licencia ambiental, la inconducta entre Estados Vecinos, por no observar el principio precautorio y menos dialogar sobre la utilización equitativa de la cuenca.

Brasil está haciendo abuso de su derecho al desarrollo al imponer los costos económicos, sociales y ambientales a otro país. Está además poniendo en riesgo la garantía del ejercicio de derechos humanos e indígenas del Estado boliviano porque no consultó a las comunidades indígenas y campesinas, lo que debió hacerse mediante la obligatoria consulta entre Estados.