(SENA).- La II Reunión Técnica Binacional acordada para el 18 de agosto en la ciudad de La Paz entre los gobiernos de Brasil y Bolivia fue suspendida porque el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) aprobó la licencia de instalación de la represa de Santo Antonio el 11 de agosto.

El 13 de agosto el gobierno de Brasil formalizó la concesión de las obras para la construcción de la represa de Jirau, a escasos 50 Km de la frontera boliviana, a un consorcio formado por el grupo franco belga Suez, la constructora privada brasileña Camargo Correa y las estatales Eletrosul Centrales Eletricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco.IBAMA aprueba la licencia pese a que Bolivia envió hace un año una lista de 21 preguntas y demandas de información al gobierno brasilero, las cuales demoraron más de 6 meses en ser contestadas de manera esquiva y poco seria. La posición de Brasil indigna a organizaciones de la región y a instituciones académicas, estatales y de la sociedad civil que temen graves impactos de las represas en territorio boliviano y que han planteado el inicio inmediato de acciones legales en tribunales internacionales. El gobierno brasileño incumple los deberes internacionales entre Estados, entre los que se encuentra la notificación previa antes de la aprobación de la licencia ambiental, la inconducta entre Estados Vecinos, por no observar el principio precautorio y menos dialogar sobre la utilización equitativa de la cuenca. Brasil abusa de su derecho al desarrollo al imponer los costos económicos, sociales y ambientales a otro país. Además, pone en riesgo la garantía del ejercicio de derechos humanos e indígenas del Estado boliviano porque no consultó a las comunidades indígenas y campesinas, mediante la obligatoria consulta entre Estados.