El Prefecto y Comandante de Plaza fue creado al inicio de la República como un representante del Ejecutivo en cada departamento. Por eso servía para coordinar la acción política central ejerciendo jurisdicción y control sobre el departamento.

En cada departamento fue creada una Corporación de Desarrollo gracias a la incorporación del Planeamiento a la estructura del Estado boliviano. Uno de los primeros planificadores fue el finado e inolvidable José Ortiz Mercado, que inició su obra a fines de 1969, durante el gobierno del General Alfredo Ovando Candia y la prosiguió en el gobierno del General Juan José Torres. En ese período se crearon las corporaciones de desarrollo que tuvieron un papel visible en la promoción de obras públicas regionales aunque fueron suprimidas al inicio de la aplicación del neoliberalismo y desaparecieron durante más de dos décadas.

El nuevo régimen neoliberal concentró las atribuciones de las corporaciones de desarrollo en las Prefecturas, provocando de inicio un severo desajuste, pues los Prefectos eran autoridades políticas, ciudadanos de perfil político, y tuvieron que convertirse en gestores del desarrollo, oficio ajeno a sus preocupaciones.

La concesión de Carlos D. Mesa para "seleccionar" prefectos complicó el panorama pues se gastan buena parte del presupuesto en atacar al gobierno central, y la otra, para ejecutar obras vistosas con fines proselitistas. En buenas cuentas, los prefectos parece que han perdido su razón de ser. Como decía Hegel, si fueran racionales serían reales; pero como no lo son, no deberían existir.

¿Qué ganaríamos? El Ejecutivo profundizaría realmente las autonomías descentralizando el presupuesto a las alcaldías. Éstas elegirían democráticamente un Consejo intermunicipal, encargado de asesorar y vigilar la formulación y ejecución de los megaproyectos departamentales. Estos Consejos no gastarían en proselitismo político ni en atacar al gobierno, con lo cual ahorraríamos mucho dinero para el desarrollo. Por otra parte, los consejos de vigilancia y la ciudadanía de cada municipio controlarían la planificación, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos. ¿Se imaginan de cuánta burocracia nos libraríamos?

Si hiciéramos un referéndum sobre mantener o suprimer a los Prefectos, no creo que saldrían bien parados porque, como dice mi amigo Kilín Anaya, son la contradicción de la descentralización. Ya eran agentes de la centralización excesiva, correveidiles del Ejecutivo, pero ahora sí que complicaron sus roles.

La sociedad boliviana dio un paso muy grande en la ampliación de la democracia en América Latina con su conducta serena y disciplinada en el referéndum revocatorio. Demostró con ello que somos una pequeña Atenas, a duras penas, como dice mi buen amigo Fernando Mayorga. ¿Por qué entonces mantener instituciones como las Prefecturas que no tienen roles claros y baratos para el Erario?

Distinto es el caso de los gobernadores en un Estado federal; pero mientras nos mantengamos como Estado unitario descentralizado, probablemente lo más barato sería suprimir este residuo del viejo régimen.