Persistentes movilizaciones callejeras convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) han puesto de cabeza a la sede de gobierno en los últimos días. Maestros, trabajadores en salud, mineros y otros sectores obreros bloquean calles y toman edificios públicos exigiendo la aprobación inmediata de un sistema de jubilaciones basado en la solidaridad social y no en la capitalización individual. El gobierno rechazó el proyecto de ley de pensiones de la COB y propuso un sistema jubilatorio “mixto”.

Centenares de trabajadores mineros se movilizan en La Paz y bloquean rutas troncales en el occidente del país, en tanto que el sistema educativo fiscal se encuentra semi paralizado.Las fuerzas del orden han sido bastante duras con los manifestantes, tanto que el líder de la COB Pedro Montes denunció que algunos efectivos de la policía obligaron a comer tierra a bloqueadores de caminos.

Los movilizados reciben palo de la policía y también de algunos sectores ciudadanos simpatizantes del gobierno. En la marcha cobista de este jueves en La Paz los maestros fueron rechiflados y hasta agredidos. Los defensores del gobierno acusan a los marchistas de haberse “vendido” a la derecha de Santa Cruz que también organiza movilizaciones callejeras para sabotear el referéndum revocatorio.

En fondo de la discusión entre la COB y el gobierno es la denominada “capitalización individual” del régimen de pensiones vigente, el cual fue impuesto por organismos financieros internacionales durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este sistema jubilatorio privatizado mató al antiguo régimen solidario.

El proyecto de la COB expresa las aspiraciones de los trabajadores en cuanto a los beneficios de un régimen de pensiones solidario (edad de jubilación 55 años, 240 aportes, cálculo de rentas con el promedio de los últimos doce sueldos, etc.), pero fue rechazado por el gobierno porque no es sostenible y no toma en cuenta a la enorme masa de trabajadores informales que no cotizan en un fondo de pensiones.

Para algunos gremios trotskistas, como el magisterio paceño, el proyecto cobista supone un total abandono de la concepción proletaria de la seguridad social porque elimina la obligación del empleador privado y del Estado a financiar las rentas de sus dependientes.

Esta grave concesión en esta etapa de crisis estructural del capitalismo, explican los líderes trotskystas, significa cargar todo el peso de las rentas por invalidez, vejez y muerte sobre el miserable ahorro del trabajador. No otra cosa significa que el proyecto sólo contemple como fuente de financiamiento del régimen solidario el 10% del sueldo del trabajador.

En la concepción obrera, la jubilación debe ser íntegramente sustentada por el empresario privado y el Estado después de haber exprimido plusvalía durante toda la vida útil del obrero. La renta no es otra cosa que una parte del salario o sueldo diferido en su pago para cuando ya no puede seguir produciendo en condiciones normales, por vejez, invalidez, accidente común o profesional y para llenar las necesidades vitales de la viuda y de los hijos menores de edad después de su muerte.

No hay que olvidar que el salario es el pago que hace el patrón por el uso de la fuerza de trabajo. En esta medida, el salario diferido que debe acumularse en un “fondo solidario o común” debe ser responsabilidad exclusiva del patrón.

Las luchas sociales del pasado, del presente y del futuro son por el tamaño del salario diferido y por un sueldo actual que cubra las necesidades vitales del trabajador durante su vida productiva y en su tercera edad. Planteado el problema de esa manera, los “aportes” patronal y estatal no son una concesión del patrón y del Estado para garantizar al trabajador una vejez digna.

Los maestros critican a los dirigentes sindicales, “en proceso de total capitulación ante la patronal y el Estado burgués”, por abandonar totalmente la concepción proletaria del salario y de las rentas, y por convertirse en francos enemigos del salario mínimo vital con escala móvil.

La propuesta gubernamental

El proyecto de ley de pensiones enviado al Congreso por el Ejecutivo el 29 de julio de 2008 consta de nueve títulos, 29 capítulos y 168 artículos. Propone que la Seguridad de Largo Plazo esté conformada por un Sistema Mixto de Pensiones y un Sistema No Contributivo, tomando en cuenta los principios constitucionales de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y eficiencia.

Contempla un Sistema Integrado de Pensiones y los Beneficios que comprenden los Regímenes Contributivo y Semicontributivo para la otorgación de prestaciones de vejez, invalidez, muerte, riesgos laborales y gastos funerarios a favor de los asegurados y cuando corresponda de los derechohabientes. Dentro del Régimen No Contributivo están la Renta Dignidad y los Gastos funerarios.

El proyecto de ley cubre prestaciones por vejez y pensión solidaria, compensación de cotizaciones, invalidez por riesgo no laboral, invalidez por riesgo laboral, riesgo laboral para independientes, muerte por riesgo no laboral y muerte por riesgo laboral.

El proyecto establece que la afiliación a la Seguridad Social a Largo Plazo es personalísima, vitalicia e imprescriptible, y que las personas que inicien relaciones de dependencia laboral quedan aseguradas al Sistema Mixto de Pensiones desde el inicio de dicha relación. Las personas sin relación de dependencia laboral podrán asegurarse mediante el pago de su primera Cotización Mensual, Primas y Comisión.

Para muchos, este sistema “mixto” de pensiones perpetúa la capitalización individual actualmente combatida. El gobierno y la burocracia sindical intentan mostrar que la abolición de las AFPs llena las aspiraciones de los trabajadores. Pero no se trata sólo de abolir las AFPs para que los ahorros individuales sean administrados por una entidad “estatal autónoma”, sino de abolir la capitalización individual que es el fondo del problema.

El “sistema mixto” da paso a la creación de un “fondo solidario” o previsional con las siguientes fuentes de financiamiento: 20% del aporte laboral para riesgo común (1.71% de su sueldo); 20% del aporte patronal para riego profesional (1.71% del sueldo del trabajador); un descuento del 10 % para los sectores que ganan más de 34.650 bolivianos; y un aporte adicional del 1 o 1.5 % que se gravaría a la patronal.

Este fondo solidario serviría sólo para mejorar las rentas muy bajas de aquellos sectores que ganan el mínimo nacional de 578 bolivianos; de aquellos otros sectores que no hubieran tenido un trabajo permanente o de sectores muy pobres que nunca han contribuido para el seguro (campesinos, por ejemplo).

Es decir que este fondo no beneficiaría a los sectores que ganan por encima del mínimo nacional y por tanto no cambiaría para nada la situación de los maestros, los trabajadores en salud, los empleados públicos y el grueso de los trabajadores dependientes de la empresa privada.

Los maestros trotskystas aseguran que la propuesta del gobierno sigue siendo “capitalización individual” mejorada para los que menos ganan, con la variante de que será administrada por una entidad estatal.

El gobierno quiere incorporar al sistema de seguridad social a los campesinos, gremialistas, artesanos y a todos los que no mantienen una relación obrero patronal sin que le cueste un centavo al Estado. ¿Quién financiaría las jubilaciones de estos sectores cuando ellos mismos no generan excedentes para aportar al seguro social, cuando se trata de sectores casi indigentes que no pueden producir para su propia autosubsistencia?

Pareciera que la propuesta del gobierno tiene una sola finalidad: volcar a la impresionante mayoría de trabajadores informales contra los trabajadores “excluyentes” y “enemigos” del derecho que tienen todos al beneficio de la jubilación. Si los trabajadores exigen un régimen universal de pensiones totalmente financiado por el Estado desenmascararían al gobierno desesperado de capitalizar votos para el referéndum revocatorio de mandato.

¿Postergar el debate?

A último momento el gobierno anunció que se suspendería el tratamiento de la ley de pensiones en el Parlamento hasta después del referéndum revocatorio, y propuso a los dirigentes obreros suspender las negociaciones sobre el tema. De esta manera se pretende cortar en seco las movilizaciones de los trabajadores que día a día tienden a generalizarse.

Los maestros paceños observan que el gobierno, como ninguno otro, penaliza la huelga imponiendo descuentos; inventa procesos de institucionalización para que junto a sus aliados (los dirigentes) copen los cargos de la administración escolar, de la Normal “Simón Rodríguez”, etc. Algunos ex dirigentes del magisterio ahora fungen como ministros, vice ministros y autoridades educativas de alto rango, comprometiendo la independencia sindical del magisterio.

La dirigencia del magisterio paceño que comanda el sector social más radicalizado cree que este es el momento de radicalizar las medidas de presión y desenmascarar la naturaleza “antiobrera” del gobierno masista. Estos grupos proponen evitar por todos los medios que la burocracia sindical oficialista traicione la lucha que las bases vienen articulando dificultosamente.

Los mineros de Huanuni se sumaron a los bloqueos de caminos; los maestros y sectores laborales de Potosí han resuelto marchar a La Paz para potenciar las movilizaciones; en Sucre maestros fiscales y privados han decidido apoyar la huelga general indefinida.