La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a la huelga general indefinida y bloqueo de caminos desde este lunes 21 de julio exigiendo la aprobación de una ley de pensiones solidaria en reemplazo del sistema de ahorro individual en vigencia. El gobierno quiere un sistema de pensiones “mixto” administrado por el Estado que proteja las cuentas individuales de los trabajadores y que al mismo tiempo cree un fondo solidario.

Desde noviembre de 1996, las AFPs Previsión y Futuro de Bolivia administran aproximadamente 3.323 millones de dólares de aportes de más de un millón de personas. La COB presentó una propuesta de modificación de la Ley de Pensiones de Gonzalo Sánchez de Lozada que perjudicó a miles de bolivianos y bolivianas, y causó un enorme déficit fiscal.

Según el gobierno y la Superintendencia de Pensiones, la COB plantea “confiscar” los aportes y ahorros individuales para transferirlos a un fondo colectivo. El proyecto no es universal; crea una “generación sándwich” de casi 21 mil personas, y es insostenible porque generaría en los próximos cinco años una deuda de más de 17 mil millones de bolivianos para el Tesoro General de la Nación (TGN).

El Presidente Evo Morales asegura que la propuesta cobista no favorece a todos los sectores y no toma en cuenta a los obreros eventuales, gremiales, artesanos, choferes, comerciantes, arrendatarios, profesionales y campesinos. “Me dejaron (los anteriores gobiernos) 45 mil personas de la ‘generación sandwich’; ya hay sólo 5 mil. Si estamos eliminando ese daño social ahora cómo podemos volver a crear una nueva ‘generación sandwich’ con la propuesta la COB. No cometeremos ese error, imposible”.

El Vicepresidente Alvaro García explica que existen dos grandes grupos de trabajadores en el país: los asalariados, el 30 por ciento del total del la fuerza laboral, y los no asalariados, el 70 por ciento. La COB plantea proteger a los asalariados regulares que tienen contrato permanente, pero no toma en cuenta a los eventuales, a los subcontratados y a los precarizados, que son el 80 por ciento de los trabajadores en Bolivia.

Está previsto que el Presidente Morales apruebe en la reunión de gabinete del 23 de julio un proyecto de ley de pensiones “mejorado” que sería enviado al Congreso el viernes.

García Linera asegura que el nuevo sistema de pensiones “mixto” protege las cuentas individuales y crea un fondo solidario. En el nuevo sistema, que incluye a los trabajadores que aportan para una renta de jubilación y a quienes no lo hacen, los aportantes podrán mantener su cuenta individual hasta jubilarse o aportarán a un fondo solidario colectivo. En ambos casos, los aportes serán controlados por una institución estatal autónoma y descentralizada.

El proyecto gubernamental deja fuera a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), garantiza el ahorro de los trabajadores en el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y mantiene la edad de jubilación en 60 años, aunque la COB plantea 55 años después de 20 años de trabajo y 240 cotizaciones.

El ministro de Hacienda Luis Alberto Arce aseguró que el carácter solidario de la norma permitirá que los maestros y otros trabajadores se jubilen con una renta mejorada. Según García Linera, la propuesta es sostenible en el tiempo, no se pierde el seguro de salud y garantiza los derechos de la viuda e hijos en caso de fallecimiento del beneficiario.

La capitalización individual

A partir de 1980, Bolivia empieza a sentir las consecuencias de una descomunal crisis estructural del sistema capitalista. La caída vertiginosa de precios de los minerales en el mercado mundial se torna catastrófica para la economía nacional; se cierran todas las grandes minas del Estado provocando desocupación masiva; las industrias paralizan su producción debido a la fuerte presión de mercancías baratas importadas; se produce una dramática disminución de fuentes de trabajo en el aparato estatal porque, en la concepción neoliberal, el Estado ya no debe ser empresario sino limitarse a dictar leyes para garantizar los intereses de los inversionistas.

Se ejecuta una drástica política de privatizaciones de las empresas del Estado, algunas al borde de la quiebra. Las transnacionales ponen como condición el liberarlos de las pesadas cargas sociales para invertir en el país. El Estado, reducido a la función puramente normativa, ya no puede cumplir con su obligación de aportar para la seguridad social.

En estas condiciones, se impone el régimen de pensiones de capitalización individual, desplazando al sistema de reparto simple o régimen solidario. El objetivo es liberar al patrón y al Estado de la obligación de aportar para las rentas por invalidez, vejez y muerte. El poco volumen de obreros activos que permanecían en algunas empresas, sobre todo privadas que imponen el sistema de “libre contratación”, ya no garantiza el funcionamiento de este régimen solidario (que los activos garanticen las rentas de los jubilados con sus aportes. Se calcula que esto puede funcionar, en condiciones precarias, en la relación de 10 activos para un jubilado).

En el nuevo régimen de rentas, el mismo trabajador ahorra una parte de su sueldo durante toda su vida activa para solventar una renta de hambre en su vejez. Es una salida por la vía del desastre que condena al trabajador a la agonía y que desnuda la barbarie capitalista en decadencia. De este modo, la crisis estructural del sistema se descarga sobre los hombros del trabajador.

En el supuesto “proceso de cambio” que se vive en el país, los trabajadores inician una lucha por imponer una nueva ley de pensiones solidaria. Pero la burocracia sindical de la COB plantea un proyecto que sigue liberando al patrón y al Estado de su obligación de aportar para las rentas.

La única manera de lograr un régimen solidario de pensiones sostenible es arrancar a las transnacionales, a la empresa privada nativa y al Estado sus aportes para solventar las rentas de los jubilados. Pero el régimen descarta de plano hasta la propuesta reformista de la COB.

Instrumentos del “imperialismo”

Morales criticó a algunos sectores de la COB que actúan como instrumentos del “imperialismo estadounidense” al convocar a la huelga y bloqueo de carreteras desde este lunes reclamando la aprobación de su ley de pensiones.

“La derecha está preparando una huelga de hambre y movilizaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); algunos dirigentes de la COB también preparan una huelga general indefinida y bloqueo de caminos. Yo sé que algunos sectores de la COB son los mejores instrumentos del imperialismo norteamericano. Algunos sectores que hablan de la lucha armada levantan cucharones para golpear ollas vacías”, dijo el Mandatario.

Morales pidió a los maestros urbanos y rurales no convertirse en “enemigos de los estudiantes” iniciando paros por demandas atendidas por su gobierno. “Mi pedido a los profesores es que no perjudiquen a más de tres millones de estudiantes, niños y jóvenes de secundaria y primaria”.

Recordó que antes de 2006 los profesores realizaban paros de dos y hasta tres meses para conseguir un aumento de entre 3 ó 3.5 por ciento, pero que durante el primer año de gobierno el aumento fue del siete por ciento, 6 por ciento en 2007 y 10 por ciento en 2008. De la misma forma, el salario mínimo nacional congelado entre 2003, 2004 y 2005 ha aumentado hasta el 10 por ciento. El Presidente reconoció que no es suficiente, por lo que se está viendo la posibilidad de mejorar los ingresos de los maestros que menos ganan.

Morales prometió aumentar la Renta Dignidad de 200 bolivianos mensuales para las personas mayores de 60 años con los ingresos del IDH.