La empresa Ashmore Energy International (AEI) presentó una demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo por la confiscación del 25% de sus acciones en Transredes, del 29,8% que poseía en Gas TransBoliviano (GTB) y del 7% del paquete accionario que detentaba en la empresa Transporte de Gas Bolivia-Brasil (TBG).

AEI recurre al tratado de promoción y protección mutua de inversiones suscrito entre Bolivia y Bélgica, que establece el pago de una indemnización en caso de nacionalización o expropiación de inversiones. El Ministerio sin Cartera responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales informó que AEI exigiría una compensación de aproximadamente 500 millones de dólares.

El 2 de junio de 2008, el gobierno nacionalizó las acciones de TR Holdings en Transredes, incluyendo a todas las subsidiarias y afiliadas, mediante Decreto Supremo 29586. El ministro responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales Héctor Arce precisó que Ashmore es la única empresa que demanda al Estado en el sector de los hidrocarburos, ya que el gobierno negocia un acuerdo con los accionistas de Gas TransBoliviano (GTB).

La italiana Euro Telecom International NV (ETI), mayor accionista de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), demandó al Estado en octubre de 2007 por 350 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La minera chilena Quiborax, accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA, presentó una demanda por 40 millones de dólares en octubre de 2005 por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros no metálicos en el salar de Uyuni.

La nacionalización es un derecho

Desde la Resolución 1803 de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, relativa a la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, numerosos textos jurídicos han ratificado el derecho de los poderes públicos de adoptar todas medidas destinadas a garantizar el bienestar de la población. El derecho de nacionalización constituye, incluso, una obligación jurídica internacional, en virtud de la “Declaración sobre el derecho al desarrollo” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1986.

En ese marco –enfatizan Damien Millet, Solange Koné, José Mukadi, Victor Nzuzi, Salissou Oubandoma, Aminata Touré Barry, Eric Toussaint y Renaud Vivien, miembros de la red internacional CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer mundo)– el gobierno boliviano ejerce su derecho a controlar la explotación, la gestión y el comercio de sus recursos naturales. Poco importan las acciones judiciales de las multinacionales ante el CIADI, una ramificación del Banco Mundial que fue desconocida oficialmente por el gobierno boliviano el 2 de mayo de 2007.