La empresa inglesa TR – Holdings solicitó arbitraje internacional en el conflicto con el Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Empresa de Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes). Además, el país enfrenta el juicio que Euro Telecom Internacional (ETI) abrió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el 12 de octubre de 2007, pese a que el gobierno boliviano renunció a la jurisdicción de ese tribunal dependiente del Banco Mundial el 2 de mayo de 2007.

El Presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo N 29586 el 2 de junio disponiendo la compra del 100 por ciento de las acciones de TR – Holdings, sociedad suscrita por Ashmore Energy Internacional (AEI) y Shell Gas (Latin América). Los afectados presentaron una demanda de arbitraje este jueves, confirmó el flamante ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales Héctor Arce.

TR Holdings compró 5.024.060 acciones de Transredes a 100 bolivianos cada una, pagando en total 1.378.105 bolivianos, equivalentes a la fecha de suscripción (16 de mayo de 1997) a 263.500 dólares, dinero que obligatoriamente debía ser invertido en un plazo máximo de ocho años a partir de la fecha de cierre de la capitalización.

El 2 de agosto de 2002, la Superintendencia de Hidrocarburos certificó el cumplimiento del compromiso de inversión de TR Holdings, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de Suscripción de Acciones N. 43/97 del 15 de mayo de 1997.

En la gestión 2003, el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branco Marinkovic fue para del Directorio de Transredes SA.

La presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Marlene Ardaya informó que Transredes tiene procesos contenciosos tributarios por 122 millones de bolivianos.

El gobierno boliviano recuperó hasta el momento cinco petroleras, una telefónica, una metalúrgica, una mina de estaño y suspendió concesiones a una empresa minera chilena en el salar de Uyuni.

Arce informó que Bolivia encara “algunos procesos en curso”, pero el más importante es el iniciado por Euro Telecom, ex accionista de Entel.

El nuevo Ministro debe formular, coordinar y ejecutar la política de defensa legal del Estado boliviano en instancias nacionales e internacionales, dentro de procesos jurisdiccionales y arbitrales que se presenten o se encuentren en trámite en contra de Bolivia en tribunales ordinarios, tribunales de arbitraje y conciliación, tribunales ad hoc, nacionales o extranjeros, y ámbitos jurisdiccionales de otros estados en los que el Estado boliviano sea demandado en materia de inversiones.

Su tarea es estudiar, planificar, centralizar, desarrollar y evaluar la implementación de las políticas de defensa técnico-legal del Estado boliviano en materia de inversiones, con el apoyo de abogados y especialistas de otras áreas.