Los empresarios bolivianos tienen que entender que se acabó la “jauja” del libre mercado de los años 90, y que cambiaron las reglas del juego económico, dijo el Vicepresidente Alvaro García Linera, luego de que los empresarios rechazaran el Decreto Supremo N. 29524 que determina una banda de precios para el aceite comestible.

El libre mercado “ya no va más, eso pertenece al siglo pasado (…) Han cambiado las reglas del juego económico; la nueva consigna de la economía boliviana es que primero está el mercado interno y luego los mercados externos (…)”. Los empresarios “tienen que aprender a diferenciar ganancias en el mercado interno y ganancias en el mercado externo”, precisó el Vicepresidente, antes de advertir que se mantendrá la subvención al diesel siempre y cuando los agroindustriales del oriente garanticen el abastecimiento de alimentos en los mercados nacionales.

El Decreto 29524 establece que una vez que se alcance el “precio justo” del aceite y se abastezca el mercado interno, inmediatamente se levantará la prohibición de las exportaciones. El precio del litro de aceite a granel debe oscilar entre 8.50 y 10.90 bolivianos. El aceite envasado se tendrá que vender entre 10.50 y 12.99 bolivianos.

Según el Presidente Evo Morales, el “terrorismo cívico” en Santa Cruz impide bajar el precio del aceite. Oligopolios de la industria aceitera se resisten a regular el precio a favor del pueblo sólo para perjudicar al gobierno. “Sólo por tumbar al indio llevan su aceite para vender más barato afuera y vender más caro en Bolivia, eso es un abuso de poder de grupos de familias”, reclamó Morales.

Morales advirtió que si los empresarios no abastecen el mercado interno no tendrá miedo de aplicar normas que permiten recuperar algunas fábricas de aceite para el pueblo boliviano.

Morales prometió construir un ingenio azucarero en Bermejo con una inversión de 30 millones de dólares entre el Estado y los cañeros, y propuso conformar una empresa estatal de aceite en Santa Cruz en alianza con productores de soya de Cuatro Cañadas, Berlín y otras zonas con el fin de enfrentar la guerra económica de los empresarios.

Además, el gobierno aprobó un decreto supremo para regular la competencia y defender al consumidor de la especulación. Son responsables de hacer cumplir la norma el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) y la Superintendencia de Empresas. El Ministerio de Producción y Microempresa elaborará el reglamento en 30 días a partir de la publicación de la norma.

El decreto en cuestión tipifica como conductas anticompetitivas absolutas a los actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con el propósito de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios.

También son conductas anticompetitivas suspender la producción, procesamiento, distribución, comercialización o adquisición de una cantidad restringida o limitada de bienes o la presentación o transacción de un número, volumen, frecuencia restringida o limitada de servicios.

Son conductas anticompetitivas relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos para desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso, establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.

También son conductas anticompetitivas relativas cuando agentes económicos que no son competidores entre sí fijan, imponen o determinan la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; al igual que la imposición de no fabricar, distribuir bienes, prestar servicios por un tiempo determinado.

Es conducta anticompetitiva imponer precio y otras condiciones de comercialización o distribución a un distribuidor o proveedor. Es conducta anticompetitiva la venta sistemática de bienes y servicios a precios por debajo de su costo presumiblemente para recuperar las pérdidas con futuros aumentos de precios.

Los agentes económicos que incurran en conductas anticompetitivas absolutas serán pasibles a sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiera resultar. Las sanciones se calificarán por la gravedad de la práctica, daño a la comunidad, utilidad obtenida, magnitud de efectos en el mercado, entre otros.

A los infractores se los amonestará, multará, suspenderá temporal o definitivamente, revocará la matrícula de comercio hasta el decomiso. Las instancias para hacer cumplir la ley podrán recurrir a la fuerza pública.

Críticas empresariales

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Ernesto Antelo manifestó su sorpresa porque ahora ya no se habla solo de un “precio justo” máximo sino de una “curiosa banda de precio justo”, lo que demuestra la debilidad técnica de los hacedores de políticas, no solo para entender cómo funciona el mercado, sino que lo que verdaderamente garantiza el normal abastecimiento es el mercado.

En criterio de Antelo, la nueva medida gubernamental es un “calco a la inversa” de otra norma en Venezuela. ElDS 29524 establece que en Bolivia ahora hay la necesidad de tramitar un “Certificado de Suficiencia de Abastecimiento” para poder exportar aceites, mientras que en Venezuela se exige el trámite “Certificado de No Producción o Producción Insuficiente”, siendo los gobiernos quienes controlan el otorgamiento o no, de los indicados Certificados.