La Superintendencia Tributaria confirmó que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) no declaró ingresos percibidos por servicios de interconexión internacional (telegrafía, telefonía, audio, texto, tránsito en fibra óptica, televisión, radio y otros) y tampoco pagó el Impuesto a las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios al Exterior (IUE-BE). En total, la empresa debe al Estado 221 millones de bolivianos.

La presidenta interina del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)Marlene Ardaya explicó que la deuda de Entel se evidenció a través de una auditoría realizada en 2002, la cual fue corroborada por la Superintendencia Tributaria.

En la gestión del presidente interino Emigdio Cáceres, el SIN emitió una resolución rebajando inexplicablemente la deuda de Entel en 26 millones de bolivianos.

El SIN notificó a la empresa, pero los ejecutivos habrían decidido apelar la resolución, puesta hasta este miércoles no se pronunciaron.

El 12 de octubre de 2007, Euro Telecom International (ETI), una subsidiaria de Telecom Italia SPA que controla la mayoría accionaria de Entel, inició acciones legales contra Bolivia argumentando que la decisión del gobierno de revisar su accionar en el pasado e iniciar negociaciones para aumentar el control sobre la compañía habrían “destruido” sus inversiones.

El gobierno de Evo Morales revisó la privatización de Telecom Italia/ETI y descubrió varios incumplimientos de las regulaciones e inclusive evasión impositiva. En marzo de 2007, el Ejecutivo lanzó tres Decretos Supremos: el primero creando una comisión para estudiar y recomendar propuestas para la recuperación de ENTEL en función del interés público; otro para transferir las acciones de los bolivianos de un fondo extranjero de pensiones a una entidad pública nacional, y el último anulando un decreto anterior que habilitaba la certificación cuestionada de las inversiones de ENTEL en Bolivia.