El gobierno boliviano lamentó y expresó su contrariedad por la reciente aprobación en Brasil de dos proyectos hidroeléctricos en el río Madera que dañarán el medio ambiente en la zona fronteriza. El canciller David Choquehuanca envió una carta a su homólogo de Brasil Celso Amorín para manifestar su preocupación por la decisión no consultada a Bolivia, pese a que era un compromiso del gobierno del país vecino.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) autorizó la construcción de dos represas de una capacidad de generación de 6.450 megavatios sobre el río Madeira, fronterizo con Bolivia. Las obras inundarán cientos kilómetros cuadrados en plena Amazonía y afectarán severamente al ecosistema de la región.

La reciente aprobación de la licencia ambiental N 251/2007 del IBAMA allana el camino para la licitación de los proyectos hidroeléctricos de Jirau y San Antonio en el Río Madera que transcurre en la frontera entre Bolivia y Brasil.

La construcción de las represas fue criticada con dureza por la ministra del Medio Ambiente de Brasil Marina Silva, quien aseguró que las obras ocasionarán un fuerte impacto ambiental, especialmente en las cientos de especies de peces que pueblan el río Madera.

Bolivia ha reiterado en varias oportunidades que antes de licitar los proyectos cercanos al territorio nacional es necesario realizar estudios de impacto ambiental integrales que abarquen toda la extensión de la cuenca del Madera, incluyendo el territorio boliviano.El proyecto Jirau se encuentra a 84 kilómetros de la frontera con Bolivia y comprende un embalse de 258 kilómetros cuadrados, en tanto que el proyecto San Antonio se sitúa a 190 kilómetros y prevé un reservorio de 271 kilómetros cuadrados.

“Lamentamos y expresamos nuestra contrariedad porque se procedió a expedir la licencia ambiental para la licitación de las dos hidroeléctricas antes de haberse realizado este análisis integral de los impactos ambientales, sociales y económicos considerando los afluentes del río Madera que se encuentran en territorio boliviano”, dice la carta enviada por Choquehuanca.

El gobierno también manifestó su preocupación porque la licencia ambiental habría tomado en cuenta otros estudios de impacto ambiental además de los realizados por Odebrecht-Furnas, que no fueron proporcionados oportunamente al gobierno de Bolivia para su análisis, pese al compromiso alcanzado en reuniones bilaterales el año pasado.

La preocupación boliviana crece se leen las 33 condiciones que la licencia previa establece como medidas de mitigación de los proyectos, ya que muchas tienen alcance internacional e involucran a Bolivia.

Entre estas condiciones están medidas para monitorear y controlar los impactos en los recursos pesqueros, especialmente peces migratorios; los impactos en la salud por la malaria, la rabia transmitida por murciélagos hematófagos y otras plagas; los impactos por el aumento de la tasa de sedimentación en el lecho del Madera que pueden afectar a Bolivia; el posible aumento de los niveles de mercurio en el agua y otros aspectos que confirman la necesidad imperativa de hacer un estudio de impacto ambiental también en Bolivia antes de proseguir con los emprendimientos hidroeléctricos.

Porque Bolivia y Brasil firmaron diversos acuerdos internacionales para la protección, conservación, investigación, navegación fluvial, uso racional, intercambio de información y fiscalización de los recursos amazónicos y en especial de las áreas fronterizas, es de suma urgencia sostener un encuentro político de alto nivel a la brevedad posible para encaminar esta problemática, dice Choquehuanca en su misiva en la cual también pide que se envíen los últimos estudios realizados y toda la información relevante.“Estimado Celso, no voy a negar la gravedad del problema, pro estoy seguro que con el diálogo, la comprensión y la voluntad de nuestros dos gobiernos encontraremos una solución satisfactoria para nuestros dos países y el medio ambiente”, finaliza la carta del canciller.