En Bolivia, 3 de cada 10 niñ@s, menores de 5 años, tienen un futuro incierto, porque la desnutrición es su destino adverso. En la zona rural, como en las provincias andinas de Cochabamba, esta situación es más desgarradora, porque de cada 10 wawitas (niñ@s), menores de 5 años, 6 no concilian el sueño porque el hambre los azota día y noche sin clemencia. Ni qué decir de la desnutrición educativa. Niñ@s y jóvenes bolivian@s, quienes con esfuerzo concluyeron sus colegios, no encuentran oportunidades en este mundo cada vez más ancho para pocos y ajeno para muchos.

Esta realidad duele hasta el alma y nos interpela a asumir compromisos concretos. Pero el dolor se transforma en indignación cuando nuestros gobernantes despilfarran nuestros escasos recursos económicos en bienes lujosos innecesarios.El Prefecto de Cochabamba, para visitar a l@s niñ@s de las provincias, sentenciados a la prematura pena de muerte por la desnutrición, se compró una vagoneta de 71 mil dólares. Dice para evitar el polvo y los huecos de las carreteras. Además, al mismo tiempo, compró dos vagonetas más para su uso personal: una para sus guardaespaldas y otra exclusiva para movilizarse en la ciudad de La Paz. En total son 26 movilidades que el Prefecto Reyes Villa compró con cerca de un millón de dólares. Según el anterior Prefecto de Cochabamba, estas compras no eran necesarias. ¿Dónde está la sensibilidad moral, condición mínima que nos diferencia del resto de los animales? ¿Cómo una autoridad puede padecer tanto déficit de sensibilidad humana? ¿Cómo puede calar tan hondo el complejo de narcisismo de una autoridad frente a la miseria de su pueblo? Para hacer una buena gestión no se requiere de vagonetas de 71 mil dólares, vitrinas de exposición personal.La prefectura de Cochabamba y su comité cívico enfrentaron a l@s cochabambin@s, en un paro cívico politizado, exigiendo restitución presupuestaria. ¿Más presupuesto para qué? ¿Para comprar el ansiado helicóptero para el Prefecto? Para iluminar a la estatua del Cristo de la Concordia, la prefectura gastó inútilmente más de 80 mil dólares en luminarias ¿Qué organización cívica de Cochabamba reclamó este otro gasto innecesario? Millones de bolivianos se desviaron y se desvían para financiar la estridente publicidad de la imagen del Prefecto. ¿Quién controla estos gastos dispendiosos?Los “cívicos” cochabambinos, guardianes de la prefectura, se autoproclaman como los defensores del Estado de Derecho. ¿Qué dirán ahora que su gurú político violó el Decreto Supremo Nº 27327 que prohíbe a las entidades públicas la compra y el alquiler de vehículos lujosos? Además, según el Ministerio de Hacienda, los fondos económicos transferidos para la prefectura de Cochabamba fueron sólo para la compra de equipo y maquinaria pesada, más no así para vehículos. Legalmente a este desvío de fondos se llama malversación económica en contra del Estado.Como ya se puede evidenciar, será imposible emprender procesos de desarrollo humano sostenible si nuestras autoridades son irresponsables e inmorales en la administración de los recursos del pueblo. L@s bolivian@s podremos recuperar todos los excedentes económicos que nos corresponden del negocio de nuestros recursos naturales y “nacionalizar” todas nuestras empresas, incluso sacrificando nuestras vidas, pero si esa plata continúa engordando a la maldita corrupción pública, de nada sirve. Peor aún, si como sectores de la sociedad civil seguimos protegiendo a “nuestros” gobernantes insensibles.Es urgente una reforma moral e intelectual para todos l@s bolivian@s. Tanto para los gobernados, como para los gobernantes. Reforma intelectual que ayude a superar la visión miope e insensible que se tiene de la realidad. Y reforma moral que someta toda ambición e interés personal y grupal al bienestar integral de todos l@s bolivia@s. Si los gobernantes son reacios al control social, entonces, van directo a su tumba política por el camino de la corrupción. Si los ciudadanos renuncias a su legítimo derecho de ejercer control social y político sobre sus gobernados, se constituyen en bienhechores y cómplices de la corrupción pública y de la lapidaria miseria que garrota y garrotará a Bolivia.Con urgencia se debe exigir al Órgano Legislativo para que sancionen una Ley que garantice una fiscalización y control social directo sobre las prefecturas. Esto, si se quiere avanzar en el proceso de la democratización del poder mediante las autonomías. No existe ninguna descentralización, ni autonomías sin auditorias. Además, el Legislativo debe enmendar la Ley Nº 3058 (Ley de Hidrocarburos) en la parte de la distribución del IDH. Actualmente, cerca del 40% del IDH va a las prefecturas (gobiernos sin competencias específicas), 20% a los municipios y 5% a las universidades. En el marco de la redistribución de la riqueza a nivel nacional, los municipios deben recibir el 40% del IDH y las prefecturas el 20%. Sólo así se evitará que prefecturas como la de Cochabamba, inundados de tanto presupuesto, se dediquen a organizar campeonatos de fútbol en los pueblecitos alejados y para ir a inaugurarlos compren vagonetas ultralujosas de 71 mil dólares.