La telefónica italiana Telecom considera la posibilidad de acudir un arbitraje internacional, “un procedimiento previsto por los tratados internacionales”, si es que el Estado boliviano insiste en nacionalizar la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) privatizada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, informaron agencias de prensa internacionales.

Telecom detenta el 50 por ciento mas uno de las acciones de ENTEL, y el paquete accionario restante, de propiedad de un sector de la población, es administrado por AFPs. El oficialismo pretende elevar a rango de ley el decreto supremo que revierte al Estado el 47 por ciento de las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) administrado por Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.

El Parlamento Europeo y las organizaciones empresariales habrían expresado su preocupación por las inversiones italianas en el país. El gobierno italiano y la Comisión Europea comentaron al gobierno que no existe un clima “confiable” para las inversiones italianas y europeas en Bolivia.

“La salvaguarda y protección de las inversiones de empresas nacionales y comunitarias en Bolivia –indica un comunicado de Telecom Italia– está entre los objetivos prioritarios de la acción del gobierno italiano y de la Comisión”.

Los italianos mantienen una intensa campaña mediática en el país para demostrar que su “aporte” ha sido crucial para el desarrollo de las telecomunicaciones en Bolivia. En los spots televisivos, que no dejan de correr en todos los medios, se afirma, por ejemplo, que la compañía capitalizadora invirtió más de 700 millones de dólares desde que llegó al país.

Bolivia e Italia firmaron el 30 abril 1990 un Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones, el cual entró en vigencia el 22 febrero 1992. Este TBI, al igual que otros firmados por el Estado boliviano, contiene una cláusula que establece la obligatoriedad de someterse a arbitrajes extranjeros según decida el inversor.

Según la Constitución Política del Estado, toda empresa que opere en el país y tenga una disputa con el Estado debe recurrir a los jueces y tribunales nacionales para resolver sus conflictos. El artículo 135 establece expresamente que “todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”. El artículo 228 determina que “la Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”.

El vicecanciller Hugo Fernández comentó que una vez se oficialice el pronunciamiento de Telecom, el gobierno se pronunciará sobre el tema. Ayer, el gobierno manifestó que las negociaciones no tenían porqué afectar las relaciones con Italia. El Alcalde Juan del Granando sugirió que antes de ir a un arbitraje se debe revisar los términos del contrato de capitalización para ver si se contemplan arbitrajes.

El representante de la Unión Europea en Bolivia Andrews Starling dijo que el gobierno boliviano debe brindar seguridad jurídica a las inversiones, pero también declaró que confía en que ambas partes lleguen a un acuerdo.

Más problemas

Telecom no es la única empresa extranjera que podría perjudicar al Estado. El presidente de Petrobrás en Bolivia José Fernando de Freitas advirtió que el conflicto por la posible nacionalización de las refinerías que maneja esta petrolera podría resolverse en foros internacionales.

Freitas reconoció que hay una tensión muy grande con el gobierno boliviano. Las relaciones entre Petrobrás y Bolivia empeoraron tras la reunión de los Presidentes Luiz Lula da Silva y Evo Morales, en la que discreparon sobre la indemnización que quiere recibir la empresa petrolera por la nacionalización de las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz.