(RMALC).- El aumento de precios de tortilla-maíz (42% en contraste con el 4% de aumento a los salarios mínimos) con que se inauguró la política gubernamental en este 2007, se ha convertido en una crisis política que muchas personas e instituciones temen que su ampliación a otros productos básicos, pueda incluso afectar las metas gubernamentales económicas y de gobernabilidad. A la vez que crece la percepción pública de que estamos frente a un problema que trasciende la política agroalimentaria y atañe a los deberes fundamentales del Estado.

Un indicio de esta preocupación es el enorme volumen de opiniones y acciones que se han producido diariamente a lo largo del primer mes de 2007. El tema ha recibido atención de todos los medios y todas las esferas sociales (consumidores, productores, partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles de los más diversos perfiles, funcionarios e instituciones públicas, organizaciones empresariales, iglesias, académicos, intelectuales, etc.)

La discusión pública sobre la naturaleza del problema y sus soluciones ha oscilado entre aquellos que enfatizan sobre los cambios de las variables económicas y los que argumentan sobre la obsolescencia de las políticas públicas.

De un lado del espectro de opiniones, entre los que destacan los funcionarios en turno y los representantes de grandes grupos agroindustriales, los articulistas y voceros cercanos a la política e ideología oficial, se considera enfáticamente que el problema es resultado de la dinámica nacional e internacional entre oferta y demanda y por lo tanto su solución, casi automática, se dará cuando se alcance un nuevo equilibrio entre esas variables; mientras tanto hay que administrar el conflicto de naturaleza temporal. Esta corriente de opinión y poder señaló reiteradamente que la intervención gubernamental, antes que ayudar a resolver el problema lo complicaría, pues se violaría el principio de libre juego de las fuerzas del mercado, y se inhibiría la competitividad necesaria de la modernidad oficialmente deseada.

En el otro lado del espectro se ubican los partidos de la oposición, la mayoría de las organizaciones campesinas, de los pequeños comercializadores, molineros y productores de tortilla, académicos, periodistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos y de comercio justo. Estos argumentan que, sin negar su componente económico, la escalada de precios es el inicio de una nueva crisis de las políticas públicas adoptadas, fomentadas o aceptadas por el gobierno de México desde hace tiempo; por lo tanto su solución efectiva radica en un cambio de concepción, de acción gubernamental y por lo tanto de política que supere la inacción y asuma sus responsabilidades ante un problema de naturaleza de seguridad y soberanía nacional alimentaria.

El argumento de que la soberanía y seguridad alimentaria es parte importante de la estrategia de seguridad nacional y por tanto se requiere una intervención gubernamental regulatoria, de fomento y apoyo en la producción agrícola, su comercialización y el abasto nacional lo respaldan los multimillonarios programas (en dólares, euros o yenes) de los EU (Farm Bill-Ley Agrícola), de la Unión Europea (CAP- Política Agrícola Comunitaria), o de Japón (Política Rural Multifuncional).

Las medidas gubernamentales adoptadas ante la crisis, para administrar el conflicto, dejan insatisfechos hasta a los beneficiados con el aumento de los precios.

Bajo el discurso de que el aumento de los precios internacionales del maíz (dado el aumento en los EU de la demanda de maíz amarillo para producir etanol) es la razón del aumento de la tortilla y del maíz en México (pese a que la tortilla es producida con maíz blanco de producción nacional), las medidas gubernamentales se centraron en aprobar el aumento del precio de la tortilla (42% respecto de principios de diciembre de 2006) y de la harina de maíz; adelantar las cuotas de importación (sin aranceles), previstas en el TLCAN (originalmente 350 mil de EU y 200 mil de otros países, días después bajaron a 350 mil de EU y aumentaron a 300 mil provenientes de otros países); impulsar un uso adecuado de las hectáreas subutilizadas de riego (800 mil, según algunos, 1 millón 500 otros productores); propiciar reducciones en las mermas de los procesos poscosecha, que suelen ser de alrededor de 20 por ciento. Todo con el fin de que a lo largo del sexenio se ampliaría la superficie de granos y se impulsaría la productividad.

El argumento de aprobar el aumento del precio de la tortilla y la harina para lograr su estabilización, es puesto en duda por los propios molineros y los harineros por el aumento del costo de los insumos. El adelantar los cupos de importación de maíz ha sido impugnado por las organizaciones de productores, pero también por algunos, como los molineros y de las tortillerías, que teóricamente serán levemente beneficiados, pues fuera de Diconsa y la industria harinera de maíz, aquellos, por debilidad estructural, para poder importar su proporción tendrán que recurrir a “la ayuda” de los grandes monopolios como Cargill, acusada de ser una de las grandes empresas causantes del especulativo aumento de los precios. La industria harinera estima que el “acuerdo” de precios no puede ser indefinido y posiblemente terminaría en el mes de mayo.

Un consenso sobre debilidades estructurales, aunque de diferente carácter, y una profunda divergencia sobre soluciones no coyunturales.

Existe consenso de que la producción nacional de maíz blanco se ha incrementado y satisface la demanda interna y de que la deficiencia en la oferta se ubica en la producción de maíz amarillo, por lo cual el sector agropecuario y cierta parte de la industria agroalimentaria ha dependido de las masivas importaciones hoy en crisis por el incremento de precios internacionales. No obstante, existen notables diferencias sobre el carácter de las deficiencias estructurales y de su relación directa con las políticas domésticas adoptadas y la instrumentación de los términos del TLCAN.

Así, mientras para las opiniones oficiales y similares el aumento de la oferta nacional es producto de los programas instrumentados y las deficiencias son debidas a la baja productividad de un amplio número de agricultores (carentes de tecnología y la organización necesaria, se afirma), en tanto que el TLCAN ha sido exitoso tanto porque ha diversificado productos agrícolas de exportación con ventajas competitivas (como hortalizas y frutas), como porque ha suplido las deficiencias de abasto nacional (sobre todo de granos forrajeros y grasas animales).

En cambio, para la mayoría de organizaciones de productores, comercializadores y académicos especializados, el crecimiento de la oferta es prueba del esfuerzo nacional y de su potencial crecimiento con otra política. Pues, pese al impacto negativo del TLCAN (de las masivas y multimillonarias importaciones de maíz, granos y otros productos importados a precios deslealmente subsidiados por EU), al desmantelamiento de los presupuestos públicos, de las instituciones de apoyo agrícola, del crecimiento del costo de los insumos, y del drástico abandono de una política propia de desarrollo rural y soberanía alimentaria, la sobreviviencia de la actividad ha sido un esfuerzo de resistencia de los productores rurales, pero a costa, entre otros, de una creciente dependencia alimentaria, una perdida y éxodo de empleos y de mejores condiciones de vida.

Bajo esa notable oposición de argumentos, las soluciones mantienen similar divergencia.

Las declaraciones oficiales y semioficiales de los funcionarios en turno, lo mismo que representantes de los más poderosos grupos empresariales se inclinan a profundizar las medidas que gobiernos anteriores han adoptado, pero bajo esquemas de mayor eficiencia financiera, mayor reorganización productiva y la intensa instrumentación de paquetes de soluciones biotecnológicas (acordadas trinacionalmente en la llamada Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte-ASPAN), en un contexto de economías plenamente abiertas a la competencia (donde los ineficientes saldrán “de manera natural” del mercado).

La crisis de la tortilla y maíz se convierte para ellos en una oportunidad instrumentar la agenda de los sectores agroindustriales fuertes: un modelo agroindustrial exportador e importador, donde la economía campesina e indígena son indicadores de retraso de la modernidad. En cambio, se requiere del desarrollo de alianzas entre los eslabones de las cadenas de producción-consumo, es decir de productores, manufactureros agroalimentarios y comercializadores dominantes del mercado; de la entrada y control de las grandes empresas biotecnológicas de transgénicos, de insumos y servicios varios.

En cambio, diversas organizaciones de productores y comercializadores rurales (CNPA-CONOC-ANPAP-UNORCA-CONORP-CNC) han propuesto:

Cambio de la política actual mediante un Programa Emergente para el Campo, que incluya, entre otros:

Impulsar un “Programa Sexenal de Fomento a la Producción y Productividad Sustentable de Maíz” (que incluya la entrega garantizada del Procampo con dos meses de anticipación a la fecha de siembras, integración de programas en torno a una sola estrategia, certidumbre en los ingresos objetivo antes de las siembras, agricultura por contrato para maíz blanco, inversión en organización de productores para la comercialización, infraestructura y financiamiento, vinculación estrecha con el INIFAP). Un Programa Nacional por el maíz (incluyendo la reorientación del “Programa de Ingreso Objetivo” -destinando el 75% de sus recursos a la producción de maíz-; destinar el 70% de los recursos del Sistema Financiero Rural a los productores de menos de 5 hectáreas y a empresas rurales de producción de maíz; creación de un Fondo para la Producción de Alimentos con recursos excedentes de petróleo; apoyar al INIFAP para que garantice la existencia de semilla de maíz y la creación de fondos regionales de semillas); Incrementar -responsablemente- la superficie de cultivo de maíz. Cumplimiento de la LDRS, teniendo como eje rector el artículo 178 que establece que “El estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional”. Rechazo a la siembra de maíz trasgénico. Aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN) aprobada en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura; Aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, aprobado por el Senado de la República en la pasada legislatura. Exclusión del maíz del TLCAN. Renegociación de Capítulo Agropecuario del TLCAN; Decreto Legislativo para ordenar al Ejecutivo Federal a iniciar las negociaciones formales para tal efecto con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.Decreto Legislativo para ordenar al Ejecutivo Federal, con base en el artículo 131 constitucional, a establecer un sistema permanente de administración de las importaciones de maíz a partir del 1º de enero del 2007, a efecto de que únicamente se autoricen importaciones en casos comprobados de desabasto.Programa sexenal de modernización de la industria nixtamalera-tortillera.Instrumentar una Iniciativa de Ley Antimonopolios y un Programa de acciones contra la concentración oligopólica y las prácticas anticompetitivas en el mercado agroalimentario.Reforma de Aserca de conformidad con el numeral 248 del Acuerdo Nacional para el Campo.Reestablecimiento del papel rector del Estado para la estabilización de los mercados agroalimentarios, incluyendo la constitución y administración de una reserva nacional de seguridad alimentaria.Comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar la responsabilidad de la Secretaría de Economía, la Sagarpa y Aserca de diciembre de 2000 a enero de 2007 en la inseguridad alimentaria nacional así como una auditoria especial de la ASF del manejo de cupos de importación de maíz y de los programas de Sagarpa-Aserca vinculados con la producción y comercialización de maíz en dicho periodo.Propuestas de los partidos políticos

Existen ciertas convergencias en las propuestas de las organizaciones campesinas y AMLO. Este, en la marcha del pasado 31 de enero propuso lo siguiente:1. Aumento salarial de emergencia.

2. Implementación de un programa de apoyo a los productores de alimentos básicos mediante la implementación de precios de garantía.

3. Impedir que entre en vigor en el 2006 la cláusula del Tratado de Libre Comercio que libera la importación de maíz y frijol y que significará, dijo, un golpe para la economía de más de 4 millones de familias.

4. Implementar un subsidio urgente para reducir el precio de la tortilla.

5. Aprobar de inmediato una iniciativa sobre precios y contra monopolios.

Propuestas de los Legisladores

La Comisión Permanente del Congreso inicio el debate sobre la crisis y adoptó una serie de acciones de información, así como la de exigir al gobierno ejercer la ley, adoptar medidas para regular el mercado y actuar penalmente contra los especuladores.

Los Senadores miembros de la Comisión de Desarrollo Rural acordaron recientemente promover la renegociación de Capítulo Agropecuario del TLCAN a fin de evitar “la quiebra de la economía campesina”.

Propuestas de Gobernadores de la CONAGO

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se pronunció en favor de la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por una de reconversión productiva basada en las características regionales como condición de seguridad alimentaria y para proteger al sector agropecuario.

Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán y coordinador de la Comisión del Campo de la CONAGO, comentó que a partir de la entrada en vigor del TLCAN la mayoría de la población rural ha visto reducir su calidad de vida y empeorar dramáticamente sus posibilidades de inserción en los mercados de cada vez más alta competitividad, por ello hay que buscar la actualización y revisión del TLCAN. La crisis que actualmente se vive por el alza del precio de la tortilla, entre otros productos de la canasta básica, se afrontaría mejor si se hiciera énfasis en la soberanía alimentaria.

“Hoy estamos sufriendo las consecuencias de muchos años de no previsión, por eso hay que apostarle a la soberanía alimentaria”, abundó Cárdenas Batel.

El coordinador de la Comisión del Campo confió en que los puntos de vista y las propuestas planteadas por la CONAGO en el documento Lineamientos de políticas públicas para el campo mexicano -que entregó el pasado viernes -03 de febrero- al presidente Felipe Calderón- sean tomadas en cuenta en la definición de la política agropecuaria que quedará plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo.

Voluntad Política de incidir y modificar el contexto Exterior, en duda

Hay conciencia de que, bajo el TLCAN y otros tratados, las mejores medidas domésticas para cambiar la política agrícola y comercial son insuficientes, y por ello es necesario tener una política exterior proactiva y abandonar la inercial política de sumisión o adhesión a las iniciativas de nuestros socios comerciales y vecinos, como lo ha demostrado el Canadá dentro del TLCAN y ahora también en la OMC.

La demanda canadiense introducida el pasado 08 de enero en la OMC (Organización Mundial del Comercio) contra los subsidios ilegales que los Estados Unidos han otorgado a las empresas comercializadoras de maíz, han perjudicado a los productores de muchos países, incluyendo a los mexicanos. Por esa razón nueve países (Argentina, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Uruguay, la Comunidad Europea, Australia y Tailandia) se han sumado a la demanda canadiense en calidad de “Terceras partes interesadas” en las pláticas y solución de la demanda; sin embargo, el gobierno de México injustificadamente se ha negado a hacerlo.

Es urgente que el gobierno de México también se sume a la defensa internacional de los productores agrícolas que exigen un alto a la mentira del libre comercio, que beneficia a las grandes empresas transnacionales. Es hora de realismo, no de idealismos y mentiras neoliberales.

Un hecho que refuerza la percepción pública nacional e internacional de que el gobierno de México continua con la línea de subordinación de su conducta a la política estadounidense, es la perdida del caso de demanda contra los subsidios prohibidos a las exportaciones de arroz estadounidense que originalmente presentó México ante la OMC. En opinión de expertos internacionales de la misma OMC la falta de capacidad, descuido o incluso por intereses privados de los representantes mexicanos se puede explicar la perdida de la demanda interpuesta. Pero aún peor es que, en pleno clima de demanda contra los subsidios ilegales al maíz estadounidense, como lo señala la demanda de Canadá ante la OMC, esos mismo representantes hayan aceptado el 23 de enero pasado, ampliar de manera extraordinaria el plazo oficial para el ejercicio de represalias por parte de EU, pues éstos no se sentían satisfechos con las modificaciones recientes a la Ley de Comercio Exterior que el Congreso Mexicano llevó a cabo para cumplir con el mandato de la OMC.

Con esa actitud servicial difícilmente se puede enarbolar y defender los principios de política exterior, los intereses nacionales y el cumplimiento de los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), mucho menos tener creatividad e iniciativa frente a los cambios y nuevos retos derivados de dos nuevas etapas de la política internacional de comercio y desarrollo: Cambios en la Ley Agrícola -multianual- de los Estados Unidos y reanudación de las negociaciones en la OMC.

La discusión en curso en los Estados Unidos de la nueva Ley Agrícola (Farm Bill-2007) y el atento seguimiento internacional de sus potenciales impactos internacionales, en primera instancia sobre sus vecinos y socios (México y Canadá) y en segunda instancia sobre el Acuerdo de Agricultura y las negociaciones globales en la OMC, es una oportunidad para replantear regionalmente los términos del propio capítulo Agropecuario del TLCAN, como lo esta haciendo indirectamente el Canadá, o como en la OMC presiona el Grupo de países subdesarrollados conocido como G-20, la propia Unión Europea y muchos otros más.

Sin embargo, esto requiere abandonar las visiones tecnocráticas, carentes de compromiso nacional y abiertamente violatorias de sus responsabilidades constitucionales, que son dominantes en los funcionarios negociadores de estos temas. Ese cambio necesario tiene que operar sobre la base de un muy amplio apoyo de productores que no se restringen a México, sino que también han surgido activamente en los propios Estados Unidos y en Canadá.

La política y el proyecto agroalimentario en juego, es una primera instancia rumbo a la definición democrática o autoritaria de la política publica en perspectiva.

Existe un consenso creciente de que “el caso” tortilla-maíz (o “la guerra de la tortilla” como lo bautizo la prensa europea) es tan sólo la punta de la madeja de una problemática política más profunda que afecta al sistema político, y la manera en que se resuelva pondrá las bases del modelo que el controvertido gobierno actual pretende continuar o cambiar.

Es claro que una problemática compleja no admite soluciones simplificadoras, sino que exigen la concurrencia de múltiples políticas gubernamentales. El discurso economisista simplificador es una arma política, pero no una solución de Estado, señalan destacados expertos constitucionalistas y académicos politólogos. Se requiere política de Estado y no de facción. Se necesita mayor calidad de Estado. Abandonar el desistimiento de los deberes fundamentales del Estado, entre ellos regular lo que el mercado no puede ni busca racionalmente hacer, implica asumir verdaderas responsabilidades políticas hacia el presente y la construcción de futuro de país.

Notas:

[1] Una primera versión de estas notas fueron preparadas para las comisiones unidas de desarrollo rural de la Cámara de Diputados.

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Biocombustibles:

¿Cuál es la prioridad de una política de Estado Mexicano sobre maíz?

¿Llenar millones de autos con etanol, o llenar millones de estómagos, incluyendo de desnutridos, y conservar economías y culturas que no se compran en ninguna gasolinera, ni planta industrial del mundo?

A raíz de un aumento del precio del maíz amarillo en los Estados Unidos, debido, se dice, al aumento de la demanda para derivarlo a las plantas productoras de etanol, algunos funcionarios mexicanos, sin reparar en la responsabilidad que tienen para definir una política de Estado que beneficie a la mayoría de nuestro país, responden automáticamente a la propuesta de algunos poderosos sectores agrícolas que sueñan con sacar jugosas ganancias de esa nueva situación del mercado de EU.[1]

Sin embargo, la pregunta obligada es si acaso en México vivimos situación similar a la de EU para responder con parecida política, o la política del Estado mexicano debe responder a las particularidades propias para que verdaderamente alcancemos resultados exitosos, de los que están ayunos la mayoría de los productores rurales, de campesinos e indígenas.

La situación productiva, social y mercantil de maíz y otros granos en Estados Unidos es diametralmente opuesta a la de México. En EU la administración ha adoptado una nueva estrategia multinanual de producción masiva de biocombustibles, sobre todo de etanol, a partir de maíz en su primera etapa, como parte de una política de objetivos múltiples. Los objetivos más publicitados han sido encaminarse a disminuir su dependencia de abasto externo de combustibles y substituir unos combustibles por otros más sustentables, supuestamente menos contaminantes y más saludables.

Sin embargo, este país principal productor mundial de granos apoyados por enormes subsidios gubernamentales, también se enfrenta al reto de colocar sus grandes excedentes subsidiados en el mercado mundial, provocando un comercio desleal que viola reglas internacionales, destrucción de productores en otros países y obstáculos a la creación de un marco internacional de comercio multilateral.

Canalizar o re-dirigir sus excedentes al mercado interno resulta una distensión de una parte del conflicto internacional y una oportunidad de darle alternativa a sus sectores beneficiados por el gran agro-negocio industrial, e incluso levantar esperanzas de satisfacer demandas de otros productores familiares o pequeños y regiones que exigen atención.

No obstante, el desarrollo de esa estrategia estadounidense, como de otras naciones como Brasil o la Unión Europea, requiere superar múltiples obstáculos y objeciones tanto políticas, como ambientales y sobre todo de naturaleza socio-económica, que también México debe tener en cuenta.

Existe un sobre dimensionamiento o exageración sobre la contribución que el etanol hace en materia de independencia energética y ambiental y reducción de costos. Los cálculos académicos estadounidenses indican que aún dedicando toda la producción de granos, tan sólo se cubriría el 12 % de la demanda energética total; mientras no cambie la política y el modelo de derroche energético (matriz energética de producción-consumo) seguirá la dependencia y fuente principal de la producción de gases de invernadero, principal responsable del cambio climático y los daños globales.

La producción de etanol y su uso esta lejos de caracterizarse como proceso no-contaminante. Recientemente, el 07 de febrero, el Premio Nobel Mario Molina afirmó en la Cámara de Diputados que la producción de etanol es contaminante, contribuye con más CO2, y es insignificante lo que se gana en energía neta. Además su producción requiere un gran consumo de agua (en proporción, dpara cada unidad de etanol se requieren 6 de agua); actualmente la producción de etanol no es realmente rentable y por ello se canalizarán enormes subsidios gubernamentales, objetivo evidente de las grandes monopolios de producción, comercialización y biotecnología. Finalmente, cada día crece el cuestionamiento social sobre la naturaleza irracional de usar granos alimenticios para alimentar motores, y se apunta a la necesidad de intensificar la investigación para usar celulosa de hierbas o desechos para obtención de biocombustibles.

A diferencia de Estados Unidos, México tiene una frágil suficiencia en maíz blanco y un creciente déficit en granos forrajeros y oleaginosos. Y si en EU el uso industrial de maíz y otros granos es una forma de manejo de la gran oferta y sus excedentes, el reto en México es lo contrario: incrementar la oferta nacional para satisfacer la demanda doméstica alimentaria, forrajera y agroalimentaria manufacturera.

A México le urge tener una oferta alimentaria estable y accesible para disminuir los altos grados de desnutrición, sobre todo infantil, de muy numerosas y socialmente sensibles comunidades indígenas y no indígenas, creación de empleos dignos y mejoramiento del bienestar comunitario en el espacio rural y también retomar una estrategia de política estatal para disminuir el grado de dependencia alimentaria que ha alcanzado niveles políticos y de presión internacional muy sensibles y peligrosos.

El círculo vicioso que se integra entre la pobreza y la desnutrición, como entre desempleo y exclusión social, es muy clara en amplias regiones del país y no sólo es un problema de justicia social y gobernabilidad, también es parte de las debilidades estructurales para fortalecer un mercado interno, mejoramiento de salud y protección de cultura y biodiversidad, y compromisos internacionales asumidos oficialmente.

En términos económicos, actualmente en México una política de subsidios a la producción de etanol significaría actualmente desviar los escasos recursos gubernamentales a proyectos no prioritarios ni estratégicos.

Además, la estrategia de producción de etanol de algunos grupos empresariales, no únicamente se orienta a recibir recursos gubernamentales, ni a exportarlo, sino, por una parte y bajo el muy dudoso y muy cuestionado argumento de aumento de la productividad mediante el uso de semillas transgénicas, se busca consolidar el control monopólico y tecnológico de los insumos básicos; se calcula que, después que el gobierno de V. Fox terminó de destrozar la empresa estatal (PRONASE) comercializadora de semilla nacional, ahora cerca del 90 % de las semillas mejoradas de maíz son controladas por la trasnacional Cargill y sus similares; y por la otra parte, ante el deseo de que se legisle conforme sus intereses privados y se vuelva obligatorio el uso de un determinado porcentaje de etanol en el transporte, esos productores en alianza estratégica con capital foráneo, aspiran también al control monopólico de producción e importación de biocombustibles y sentar las bases para desplazar a PEMEX.

Pero si en términos económicos no existen similitudes entre México y los EUA, mucho menos los hay en términos de cultura, historia, identidad y comunidad alrededor de la creación, recreación y sobre-vivencia en torno al maíz. Ya sabemos que esos valores, mientras no se les vea con “ojos de dólares” no valen nada para el libre mercado y los mercaderes y especuladores de siempre. Sin embargo, esos son los valores centrales a partir de los cuales hemos sido país y hemos construido una identidad y singularidad como país y como comunidad. Siete mil años de historia de maíz son raíces muy profundas que ninguna moda mercantilista, vestida con falsa tecnología y adornada con retórica ambientalista puede ignorar y mucho menos borrar.

En síntesis, la copia dogmática de este modelo de biocombustibles para México es una equivocación política por su carácter disruptivo, inequitativo e insustentable.

La mayoría de sus propósitos son objetivos de política privada y de lucro que se desea presentar como objetivos de política pública, pero no desean asumir los costos sociales, ambientales y políticos que conlleva.

Por todas esas razones, llegó la hora de exigir una verdadera discusión pública y democrática sobre una verdadera y conveniente política de Estado sobre maíz y biocombustibles.

Nosotros, lo mismo que la mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas de este país, exigimos que la política de Estado responda al legítimo interés de la Nación, no de intereses facciosos, antisociales y anticulturales.

Reafirmamos nuestro respaldo y solidaridad al grito popular de que SIN MAÍZ NO HAY PAÍS.

Nos pronunciamos por un país con maíz porque el uso prioritario del maíz siga siendo alimentario, creado, recreado y apropiado por nuestr@s campesin@s.

Notas:

[1] Esta pendiente de dictamen final en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley de Promoción de los Biocombustibles, promovida por un abanico de actores privados y legisladores y crecientemente cuestionada por otras organizaciones campesinas y sociales.