Desde antes y durante el incario, pasando por la colonia y la República el problema de la tierra ha sido capital en Bolivia y el continente. Claro está a esta altura del desarrollo del capitalismo, la revolución proletaria hereda como una de las tareas democráticas fundamentales que deber resolver si quiere conducir a la sociedad hacia el comunismo superior.

Hasta ahora la opresión de las masas indígenas siempre ha estado ligada a la posesión y formas de producción de la tierra. Durante el incario el predominio de las tierras comunitarias en manos del Inca y del culto, la obligatoriedad del trabajo colectivo y gratuito en esas tierras; durante la colonia el despojo de las tierras comunitarias y el surgimiento del latifundio feudal y, durante la República, la prolongación de esta política de despojo y el traspaso de la propiedad de la hacienda feudal de manos de los chapetones a la de los criollos. Los indígena, privados de la propiedad de la tierra –con excepción de la supervivencia del primitivo “ayllu” en las zonas altas e improductivas que impone una vida miserable—han sido sometidos a formas de explotación y segregación inauditos y han sido reducidos a condición de parias embrutecidos por el trabajo, el atraso y el hambre. El problema es ¿cómo resolver este estado de cosas?

Dos perspectivas diametralmente opuestas

La Tesis de Pulacayo no sólo rescata la consigan de “tierra al indio y minas al Estado” enarboladas por las tendencias socialistas desde la segunda década del siglo XIX, profundamente influenciadas por la revolución mexicana, sino que –por primera vez en el país– plantea una perspectiva revolucionaria al problema del agro. En su programa de reivindicaciones transitorias inscribe la consigna de la revolución agraria que significa la expropiación, por la vía de la acción directa, de toda la tierra a los latifundistas. Propugna la conservación de la unidad productiva del latifundio para transformarla en propiedad social (comunitaria) para que los explotados del campo la produzcan en forma de granja colectiva. Esta perspectiva está claramente orientada a soldar el desarrollo del agro con el objetivo estratégico del proletariado que radica en la liquidación de la propiedad privada de los medios de producción y la consolidación de la propiedad social, inicialmente en manos del Estado para luego diluirse en la sociedad comunista.

La perspectiva burguesa está en la ley de reforma agraria promulgada por el MNR (2 de agosto de 1953). Lo esencial de esta ley es parcelar la hacienda feudal para convertir al pongo en pequeño propietario y conserva en manos del latifundista la llamada “propiedad industrial” de la tierra. El objetivo es muy claro: la tierra convertida en propiedad privada es susceptible de ser objeto de herencia o de ser vendido como cualquier mercancía. Lo que el MNR buscaba era que, a partir de la sobrevivencia de la propiedad industrial, en un proceso inmediato, el minifundio sufriría un proceso de reconcentración en pocas manos dando origen a la gran propiedad privada de la tierra y al surgimiento de una burguesía agroindustrial. No cabe duda que esta perspectiva burguesa de la reforma agraria es diametralmente opuesta a la revolucionaria de la Tesis de Pulacayo.

El eje de la propuesta burguesa del 53 se reproduce en la Ley INRA de 1996 y en la actual Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria del MAS.

La Ley INRA aprobada por Sáchez de Lozada en 1996 conserva, en lo fundamental, la tendencia a potenciar el surgimiento de la gran propiedad privada agroindustrial y, a su sombra, se consolida el latifundio en el Oriente en los sectores de producción cañera, algodonera, soyera y la ganadería. Es una ley que ampara la gran concentración de la tierra para una agricultura y la ganadería extensivas. El fenómeno de la concentración de la tierra en el Oriente se realiza bajo la sombra protectora de los gobiernos de turno y gracias al despojo del hábitat de los originarios. En el Occidente se realiza un proceso inverso del tránsito del minifundio al surcofundio en las zonas demográficamente densas.

La última Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, al elevar a rango de ley el concepto de “Función Económico Social” (FES) de la tierra, plantea la reversión al Estado sólo de las tierras “ociosas”. Incorpora dentro de la FES una serie de mecanismos que garantizan la supervivencia y ensanchamiento del latifundio llamado “productivo”, tales como las tierras de “proyección de crecimiento”, tierras de descanso y tierras “silvopastoriles o con pasto cultivado” más allá de las 5 Has. por cabeza para la ganadería.

La última ley masista es mucho más proempresarial que la ley de 1953 y el INRA de 1996. Remacha la posibilidad de la acumulación ilimitada de tierras bajo el concepto de “tierras productivas”.