Una marcha de indígenas se reanuda hoy hacia esta ciudad para reclamar la aprobación de una nueva ley de tierras, mientras desde el oriente boliviano partidos tradicionales anuncian acciones de resistencia a las medidas del gobierno.

Según Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano(CIDOB), la protesta tiene como fin que el Senado apruebe la norma, empantanada por posturas inflexibles de la oposición.

A juicio de otros dirigentes, la movilización podría arribar a La Paz el próximo lunes, para comenzar entonces una vigilia en la Plaza Murillo(central).

A esa caminata se han sumado organizaciones sociales y federaciones campesinas de los territorios por donde avanza y también reclaman la aprobación de la nueva Ley de Reconducción Comunitaria, que remplazará a la actual Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En el trayecto, los participantes han tenido encuentros con delegados de la Asamblea Constituyente, quienes les informan sobre las sesiones del foro, obstaculizadas por acciones de fuerzas minoritarias interesadas en dilatar la redacción de la futura Carta Magna.

En el oriental departamento de Santa Cruz, los integrantes de la llamada Asamblea de la Cruceñidad iniciaron una huelga de hambre que pretende ser masiva, como primera medida regional de resistencia contra las decisiones del gobierno sobre la nueva ley de tierras.

La iniciativa también es para condenar la aprobación de un sistema de votación en la Constituyente que, aseveran, ha sido impuesto por el gobernante Movimiento al Socialismo, al igual que un proyecto legislativo para fiscalizar la gestión de los prefectos(gobernadores).

La huelga de hambre, señalan sus organizadores, se sumará a la que desde hace una semana realizan en la sureña ciudad de Sucre constituyentes de la opositora Unidad Nacional.

Germán Antelo, presidente del comité cívico de Santa Cruz, anunció además el repliegue de los asambleístas de la oposición y la posibilidad de convocar a un referendo departamental para determinar si se acata el proyecto unilateral de Constitución Política.

También en el norteño departamento de Beni y en Tarija, al sur del país, las autoridades locales respaldadas por sectores empresariales dieron plazo hasta la próxima semana para sumarse a esas acciones contra el gobierno si no se cumplen sus demandas.

El presidente del Senado, Santos Ramírez, consideró que estas acciones de abandonar el terreno democrático sólo causan daños económicos al país y criticó el repliegue de sus parlamentarios cuando se discutía el presupuesto general de la nación para 2007.

Denunció que de ese modo los senadores de Poder Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario, demuestran que defienden los intereses del latifundio improductivo al impedir la aprobación de las modificaciones a la ley de reforma agraria.

“Se aprecia que hay una bancada opositora que reclama la democracia, y sin embargo abandona la cancha de la democracia, como un boicot al cambio y a los intereses de la nación”, precisó.

El gobierno boliviano presentó en las últimas horas un listado de 14 familias de latifundistas que entre todas acaparan casi 313 mil hectáreas de tierras en el oriente del país.

De acuerdo con el vocero presidencial Alex Contreras, varios de esos terratenientes son los actuales senadores que se oponen a la reforma agraria en la nación andina.