La misma noche de la firma de los contratos el gobierno pretendió demostrar que consolidaba la nacionalización con la estatización total de los recursos hidrocarburíferos. Toda la prensa fue embaucada por la campaña falaz con el coro de satisfacción de las petroleras y de toda la oposición de derecha. Los empresarios privados celebraron el flamear de la sacrosanta bandera de la “seguridad jurídica” para la inversiones privadas en el país.

En los días siguientes el gobierno fue soltando poco a poco los verdaderos contenidos de los contratos. Por ahora se puede identificar los siguientes aspectos:

a) Según el decreto de “nacionalización” (27801) el 82 % de impuestos y regalías gravados a la producción en los megacampos (PRETROBRAS Y REPSOL) es fijo mientras se realice la migración de las petroleras a los nuevos contratos. Sus componentes son: 32 % de regalías, 18% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el 32% de impuesto directo para la capitalización de YPFB; este último impuesto es la puerta que dejó abierta el gobierno para negociar con las petroleras.

Según los nuevos contratos, el impuesto directo para la capitalización de YPFB es variable. Depende del volumen de inversiones que hagan las transnacionales, de los costos de operación y otros. El Estado boliviano garantiza que las petroleras recuperarán sus inversiones en cinco años, además de una “utilidad razonable”. Los restantes 25 o 35 años cobrarán por prestación de servicios montos que cubran sus expectativas.

b) Mientras el gobierno difunde la campaña de que los nuevos contratos ya no son de producción sino de servicios (que las petroleras ya no tienen participación en la producción sino que se limitan a cobrar por servicios prestados), PETROBRAS, que tiene bajo su control el 60 % de la producción nacional, desmiente a las autoridades. La empresa señala que las características del contrato firmado le hacen dueña de parte de la producción.

c) El gobierno señala que a partir de la firma de los contratos los diferendos entre el Estado y las petroleras ya no se ventilarán en cortes internacionales (EE.UU. y Europa) sino en La Paz, con arreglo a las leyes bolivianas. PETROBRAS retruca diciendo que es París la sede de la corte de apelaciones que debe tomar en cuenta las leyes bolivianas y el reglamento de inversiones internacionales.

d) No se ha tocado en los contratos el complicadísimo problema de la transferencia de acciones que permita convertir a YPFB en socia mayoritaria de las petroleras que operan en refinación y transporte de los hidrocarburos.

e) No se ha tocado el problema de los precios del gas con el Brasil. Este país ha reiterado que no está dispuesto a pagar más por el gas boliviano.

En suma, el gobierno ha hecho grandes concesiones para que las petroleras se queden e inviertan en la exploración de nuevos campos. De lo contrario, el régimen estaría al borde del colapso porque no podría cumplir sus obligaciones contractuales con Brasil y Argentina; y tampoco podría atender las exigencias del mercado interno.

Ahora se comprueba que eso de la “afirmación de la soberanía nacional” en boca del gobierno masista es puro cuento. Las transnacionales siguen teniendo la sartén por el mango y cuentan con el apoyo de un gobierno que enarbola una política burguesa y que pregona siempre que puede su total respeto a la gran propiedad privada de los medios de producción.