Tres años de injusticia y desaciertos en el juicio por los asesinatos de octubre 2003

Edgar Ramos Andrade

octubre 22, 2006Publicado el: 2 min. + -

Quienes creyeron que el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y los responsables políticos y militares de más de 100 muertos (asesinatos casi todos) y heridos ocasionados en febrero y octubre de 2003 sería sencillo de encarar, cayeron en la ingenuidad política o el absurdo técnico-abogadil.

Más allá de la acusación de la Fiscalía General contra Goni, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, Jorge Berindoague, el Alto mando Militar y otros genocidas, con la cabeza fría, es posible afirmar que no se avanzó más que un 5 por ciento de todo un proceso político como el que se plantea en estos casos.Los impulsores del proceso, a la cabeza del Comité Impulsor (manejado por organizaciones no gubernamentales y anónimos cuanto anodinos abogados, protagonistas in-directos de octubre 2003) no entienden (o no quieren entender) que el proceso este ES UN JUICIO POLÍTICO y no jurídico o técnico-abogadil, y los juristas a cargo de este proceso se enredan en absurdas cuestiones procedimentales.Está claro que las sucesivas masacres de febrero y octubre de 2003 tenían una razón ideológico-política, al igual que la posición de los grupos de poder económico mediatizado --apoyados por dirigencias sociales ingenuas aún-- que hoy no dejan que las organizaciones sociales bolivianas organicen un gobierno coherente con la transformación estructural del Estado boliviano.También está claro que en esta lucha política, el gobierno de Estados Unidos (que, sabemos está manejado por grupos de poder y especulación económica internacional vinculados a negocios-negociados petroleros, armamentistas y de reconstrucción de ciudades invadidas) tiene a Sánchez de Lozada como a uno de sus hijos predilectos y un connacional a quien tienen el deber de defender contra cualquier enemigo gubernamental o judicial.Por ello, quedan dos cosas por hacer: 1) Consolidar el nuevo gobierno boliviano e impulsar todo el proceso del cambio estructural en el Estado. 2) Cambio en las estrategias estatales para enfrentar este juicio, lo que implica abandonar esos prejuicios tecnicistas y asumir el juicio como político-ideológico y encaminarlo como tal. Lo demás seguirá siendo lamento boliviano o queja infructuosa por errores reiterados.

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