Hace un mes, Herland Flores Soruco, originario del Chaco boliviano, asumió el cargo de Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de Bolivia. Es un cargo estratégico ya que de su despacho depende la administración directa del 16 por ciento del territorio boliviano, cuantiosos recursos naturales que incluyen lo más preciado de la biodiversidad de uno de los países más megadiversos del planeta, y la presencia de pueblos indígenas y originarios que viven al interior de esas áreas, pueblos que se constituyen en los guardianes históricos de ese patrimonio y que atesoran saberes que bien aprovechados podrían revolucionar a Bolivia y al mundo.

P. Sr. Flores: ¿en qué situación encontró la administración de las Áreas Protegidas?R. Cuando asumí el cargo por decisión del compañero Presidente Evo Morales, el SERNAP estaba virtualmente muerto o agonizando. Hay un déficit muy grande de recursos que puede paralizar la institución y no hubo una política eficiente -tomando el cuenta el potencial de las áreas que poseemos en Bolivia- para la captación de financiamiento por parte del Fundesnap, que es una institución privada impuesta por los gobiernos neoliberales de turno para administrar los fondos externos a nombre del Estado boliviano. Mientras había consultores que ganaban 18.000 dólares por mes, se agravaba el saqueo de los recursos naturales y la biodiversidad y la destrucción de la naturaleza nacional, se descontroló el manejo de las Áreas Protegidas y se produjo un descontento dentro de las mismas áreas, y existieron casos flagrantes de corrupción y negligencia en la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) -que incluye a más de 20 parques y reservas nacionales en todo el territorio boliviano- que estamos investigando y que llevaremos ante la justicia, porque la impunidad para el saqueo del patrimonio de todos los bolivianos debe acabar.

P. ¿Cuáles son las causas de esa situación tomando en cuenta el enorme potencial boliviano en biodiversidad?R. Es una paradoja que siendo una de las quince naciones con mayor biodiversidad del mundo, en estos últimos diez años, el SNAP se haya convertido en una isla de saqueo e impunidad en beneficio de oligarquías locales, mafias ilegales que trafican madera, oro y recursos de biodiversidad y ONGs que dicen preservar el medioambiente pero que terminan asociadas con las empresas petroleras en sociedades de negocios compartidos como es el caso de la Fundación Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), que estamos investigando.

El territorio boliviano sufrió el saqueo indiscriminado de sus recursos naturales renovables desde la Colonia española. Durante la república, el saqueo prosiguió y benefició a los grupos oligárquicos, basta recordar lo que sucedió con la quina y el caucho, y ahora con la agroindustria en Santa Cruz y la castaña en el Norte Amazónico.

Pero en los últimos veinte años, este saqueo se agravó: la destrucción de la naturaleza avanzó a un ritmo de 200.000 hectáreas por año, en gran medida responsabilidad de la agricultura agroindustrial, depredadora y transgénica. Este saqueo no sólo destruyó los ecosistemas donde viven nuestras plantas y animales sino que, y esto es lo más dramático, afectó la vida de nuestros pueblos indígenas, especialmente en el Oriente, la Amazonía y el Gran Chaco. Creo que la causa es una sola: conforme se debilitaba el Estado por parte de los gobiernos neoliberales y se entregaban los resortes estratégicos de la economía a las trasnacionales, se debilitaba también el control soberano de nuestro medio ambiente y nuestras áreas protegidas y se entregaba su administración y control a las ONGs y a las imposiciones de la cooperación internacional. Esto no va más: el gobierno encabezado por el Compañero Presidente Evo Morales es un gobierno de dignidad y soberanía nacional y de recuperación de todos los recursos naturales, como ya lo probó con los hidrocarburos. Nosotros, desde este despacho, y siguiendo el mandato del Presidente, vamos a nacionalizar las áreas protegidas como el Compañero Evo hizo con el gas, vamos a recuperar a las áreas protegidas y los parques nacionales para los bolivianos.

P. ¿Qué significa nacionalizar las áreas protegidas?R. Significa, ante todo, reconocer que han sido los pueblos indígenas y originarios los que han conservado y manejado históricamente los recursos naturales y la biodiversidad de los diferentes ecosistemas que alberga el territorio boliviano. Si ellos no lo hubieran hecho, no existiría biodiversidad que conservar en Bolivia. Entonces, no fue ni el Estado Colonial, el neoliberalismo ni menos las ONGs que hacen negocio con la pobreza y la biodiversidad en Bolivia los responsables de la actual supervivencia de un patrimonio natural único: fueron los pueblos indígenas y las comunidades originarias. Entonces, nacionalizar las áreas protegidas es, primero, incorporar a estos pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias en todos los niveles de administración y gestión de las Áreas Protegidas, tomando en cuenta criterios geográficos, étnicos, de conservación y productivos. Esto es un proceso que ya iniciamos y que deberá concluir con la transferencia de las áreas a sus verdaderos dueños.

Segundo, vamos a integrar a los parques nacionales al resto del territorio nacional, rompiendo el aislamiento crónico que sufren la mayoría de ellos y la vulneración constante de la soberanía de la nación en aquellas áreas fronterizas y donde operan mafias internacionales de saqueo de recursos naturales. Esta integración se dará a través de acciones de desarrollo que involucren a las comunidades indígenas y originarias y también con las Fuerzas Armadas de la Nación, con las cuales pretendemos un trabajo de coordinación permanente que ya se está adelantando.

Finalmente, nacionalizar las áreas protegidas es aprovechar la biodiversidad de manera económica y no destructiva en beneficio de los habitantes de las áreas y de todos los bolivianos. Aquí seguiremos las líneas maestras del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno: la biodiversidad puede convertirse en la renta estratégica de la nación de cara al siglo XXI, en la era post-gas. Cuando hablamos de aprovechamiento de la biodiversidad, hablamos de industrializar recursos naturales no tradicionales y aprovecharlos para la alimentación y la medicina humanas, hablamos de servicios ambientales, de turismo comunitario, todo dentro del paraguas del Instituto Nacional de Biodiversidad y los lineamientos de las políticas de cambio que encabeza el compañero Evo Morales.

P. ¿Buscarán alianzas para desarrollar todas estas tareas?R. Desde ya. Nuestra alianza estratégica es con los movimientos sociales, con los pueblos y comunidades de las áreas. Al mundo, a ese mundo desarrollado y contaminado que precisa de nuestro aire, nuestra agua y de nuestra biodiversidad, le debe quedar claro que para esta gestión la preocupación fundamental es la defensa de la naturaleza, de nuestra Pachamama, y de los pueblos y comunidades indígenas que viven en Áreas Protegidas. Pero también a ese mundo le debe quedar claro que Bolivia es una nación soberana, con un presidente digno y que ya no aceptaremos más imposiciones, vengan de donde vengan. La biodiversidad debe ser primero para los bolivianos: no puede ser que poseyendo tantos recursos en flora y fauna, los niños del Madidi, por ejemplo, no puedan curarse de lepra blanca. No puede ser que los comunarios del Manuripi vivan en la indigencia. No pude ser que se pase hambre dentro de las áreas y fuera de ellas. Estamos trabajando duramente, primero para auditar y ordenar la herencia nefasta que nos dejó el entreguismo neoliberal y después para iniciar con pie firme la política de nacionalización de las áreas protegidas. Ahora, Bolivia se respeta, y haremos respetar la soberanía boliviana dentro de las áreas y la dignidad de las personas que las habitan.