La Ley de Pensiones es una de las imposiciones traumáticas de las organizaciones financieras imperialistas. Se trata de uno de los pilares básicos donde se sustenta el conjunto de la política neoliberal.

El propósito de esta Ley, en esta etapa de descomunal crisis estructural del capitalismo, es liberar a las transnacionales y a la famélica empresa privada nacional de la obligación de aportar para sustentar las rentas de los jubilados. Esta Ley, bien llamada de “capitalización individual”, carga sobre las espaldas del mismo trabajador la obligación de ahorrar una parte de su miserable salario, durante toda su vida productiva, para garantizarse una renta de hambre para su vejez.

Con licitación internacional se adjudica a dos AFPs para la administración de los fondos de capitalización colectiva (FCC) que son las acciones de todos los bolivianos mayores de 21 años resultantes de la capitalización de las empresas pública y el de capitalización individual (FCI) resultante de los ahorros de los trabajadores para su jubilación (el 12 % de sus salarios). Además, los asalariados deben pagar el 0.5 % de sus sueldos a las AFPs por administrar sus ahorros.

Según la Ley, los recursos del FCI deben ganar utilidades en inversiones, préstamos, compras de acciones, etc., las mismas deben engrosar los ahorros individuales de los trabajadores y las utilidades de las acciones del FCC deben servir para garantizar el pago del BONOSOL. De este modo, los cuantiosos recursos económicos generados por el FCI son inyectados al torrente financiero y el Estado se convierte en uno de sus clientes más importantes porque empieza a cumplir sus obligaciones, como el pago de sueldos a sus dependientes, con créditos de las AFPs.

Los trabajadores han tomado como una de las banderas principales de sus luchas la consigna de la abrogación de la Ley de Pensiones; sus congresos, a todo nivel, han reiterado la necesidad de retornar al sistema anterior de jubilaciones.

Abrogar la Ley de Pensiones significa restituir los aportes patronal y estatal para sustentar las rentas de los jubilados. En un período en que la crisis estructural no ha tocado fundo y se expresa como una descomunal recesión económica y, en consecuencia, los aportes laborales se achican más y más, deben ser el Estado y la patronal quienes cumplan con su obligación de garantizar rentas razonables para los trabajadores; son ellos quienes han acumulado plusvalía del trabajador durante toda su vida productiva y no pueden abandonarlos en su vejez.

Sin embargo, el D.S. 28711 que obliga a las AFPs entregar todas las acciones del FCC de las empresas petroleras a YPFB, nos muestra la complejidad del problema y revela las limitaciones políticas del gobierno. Por un lado, la abrogación de la Ley significaría que las obligaciones sociales de las empresas nacionales, extranjeras y del Estado aumenten en detrimento de sus utilidades y, por otra, las AFPs defiendan con uñas y dientes sus intereses porque, al abrogarse la Ley tendrán que abandonar el país. Es inconcebible pensar que un sistema de seguridad social solidario sea administrado por entidades privadas.

El último decreto, inmediatamente, ha provocado la reacción violenta de los dueños de las AFPs y plantean al gobierno una indemnización porque les significa pérdidas en sus utilidades y perforarles la naturaleza de los contratos firmados con el Estado boliviano.

La limitación política del gobierno para remontar este problema, muy serio porque afecta los intereses materiales de los inversionistas y de las AFPs, es su ovejuno respeto a la propiedad privada y a la estructura legal burguesa. Evo Morales, vuelve a jurar en la cumbre de Viena y en el Parlamento Europeo que Bolivia respetará la propiedad privada y las inversiones extranjeras en el país; garantizará la seguridad jurídica para las transnacionales, promesa que significa respetar todos los contratos legalmente firmados con el Estado.

¿El gobierno estará ideando alguna otra “salida” imaginativa con el nombre de “Abrogatoria de la Ley de Pensiones” sin afectar la vigencia del sistema de pensiones vigente para luego dar la impresión de que está operando una verdadera revolución en el sistema de pensiones? Nos imaginamos que se orientará a mantener las AFPs en la administración del FCI y de parte del FCC y se limitará, por ejemplo, a reducir la edad para la jubilación y modificar la forma de cálculo de las rentas; pero la esencia antiobrera de la Ley no será tocada.

Este problema, tan punzante para los trabajadores, una vez más está mostrando que no tiene solución en el marco de la política burguesa. Un régimen de pensiones que realmente favorezca a los trabajadores exige una política verazmente revolucionaria, con un gobierno capaz de acabar con la gran propiedad privada de los medios de producción y el sistema legal burgués.