Entre el 60 y el 70% de las tierras productivas del oriente boliviano está controlado por unas cuantas familias de gamonales protegidas por las instituciones cívicas y empresariales de Santa Cruz. El ministro de Asuntos Campesinos, Indígenas, encargado de Desarrollo Rural y Agropecuario Hugo Salvatierra conoce a uno de esos privilegiados que posee más de 100 mil hectáreas.

Una inmensa cantidad de tierras, entre el 60 y 70%, está en pocas manos y dividida en parcelas que superan las 10 mil hectáreas.Son predios que van de 10 mil hasta 80 mil hectáreas o más en posesión de no más de 400 personas, calcula el gobierno.

“En el norte de Santa Cruz yo conozco a un caballero que tiene una propiedad de 30 mil hectáreas, otra de otras 30 mil hectáreas, otra de 18 mil, otra de 14 mil y otra de 10 mil. Es presidente del Comité de Defensa de la Tierra y se oculta detrás del Comité Pro Santa Cruz. Convoca al uso de las armas y alquila servicios de sicarios y provoca las masacres cono ha ocurrido en (la hacienda) Yuquises. Yo no me haría problema si ese caballero trabaja esas cinco propiedades que superan las 100 mil hectáreas de tierra”, comenta Salvatierra.

En el club de las familias privilegiadas aparecen también, Rafael Paz y la familia del ex canciller Carlos Saavedra Bruno, según el diputado suplente del MAS Undarico Pinto. Pinto mostró documentos del INRA Santa Cruz que indican que tanto Paz como la familia Saavedra, al igual que otros empresarios como Branco Marincovick, Julio Leigue y Héctor Justiniano son los principales terratenientes de Santa Cruz.

Detrás de determinados gremios y de pequeños y medianos productores que trabajan honradamente se ocultan estos intereses minoritarios no siempre legales y de carácter lucrativo. A ellos es a los que quiere recortar el gobierno, haciendo una alianza con los sectores productivos privados.

Indudablemente, reconoce Salvatierra, pequeños grupos serán afectados por las medidas agrarias, pero los empresarios privados del agro están comprometidos con una política social porque sufren las consecuencias de la falta de crédito, los desastres naturales y no han gozado de la protección del Estado. “¿Cuántos son los asociados a la CAO y Fegasacruz? Gente esforzada y trabajadora, pueden ser 10 mil, sesenta mil, pero, ¿cuántos son los que tienen más tierra y quiénes incitan desde estos gremios contra el gobierno que quiere aplicar la ley? Esperamos que la racionalidad de los gremios empresariales se imponga”.

Lucro y acumulación

Los grandes latifundistas bolivianos mantienen tierras improductivas como garantía hipotecaria. Esta gente que se benefició con dotaciones ilegales durante las dictaduras confunde lo que es la función económico social con el pago de impuestos bajísimos e insiste en una suerte de mercantilización de la tierra.

Es difícil indicar cifras definitivas sobre la distribución de la tierra porque no se conoce qué cantidad está alquilada a ciudadanos extranjeros, no solamente a brasileros sino también a argentinos, rusos y menonitas. La gente acaparó tierras de manera abusiva en Pando y Beni y luego las alquiló a extranjeros a objeto de demostrar un supuesto cumplimiento de función económico social de tierras abandonadas por mas de 20 o 30 años.

Cuando se inició una auditoria jurídica hace mes y medio más o menos en las provincias Germán Bush y Angel Sandoval del departamento de Santa Cruz, el gobierno confirmó la presencia de brasileños y el tráfico ilegal de tierras.

Algunos inquilinos, con aprobación de la Superintendencia Forestal, arrasan explotan la tierra de manera devastadora. Más de 600 mil hectáreas han sido arrasadas en los últimos tres años. Maderas preciosas de bosques milenarios pasaron a la condición de tierras supuestamenteagrícolas con plantaciones de soya. Se trata de tierra con alto potencial orgánico que se daña por el uso de químicos para producir soya. El supuesto propietario o poseedor, cuando llega el saneamiento, dice que está “trabajando” la tierra, pero en realidad la tiene alquilada a terceros y con ello pretende demostrar la función económico social, describe Salvatierra.

¿Una verdadera Reforma Agraria?El plan tierra del gobierno es la continuidad y profundización de los principios y la filosofía de la Reforma Agraria de 1953. Aparentemente es una medida revolucionaria, pero no hace más que cumplir el mandato de la Constitución Política del Estado y la normatividad agraria violada en los últimos 10 años, precisa Salvatierra.

Derrotado el neoliberalismo, el gobierno se propone reestablecer la primacía del Estado y la función social de la tierra. “La tierra no es una mercancía; debe cumplir una función de desarrollo y no una función lucrativa. No puede estar expuesta a la compra y venta de quienes tienen más dinero, sino de quienes la necesitan para producir alimentos”, explica.

El gobierno tiene un plan de desarrollo productivo para el campo y 100 millones de dólares destinados a la reactivación productiva para la pequeña y mediana empresa. Dicho plan incluye el saneamiento de cualquier propiedad, pequeña, mediana, grande, comunitaria, etcétera, en un plazo no mayor a seis meses.

En el caso forestal, se piensa definir una política verdadera de uso y manejo de recursos. Existen dos millones de hectáreas de tierra certificada, un fenómeno que no se da en otros países de América Latina. Sin embargo, es necesario evitar el acaparamiento en Beni y Pando, especialmente en el caso de la barracas porque ello atenta contra el derecho de las comunidades indígenas a acceder a recursos naturales como la goma y la castaña. Salvatierra propone la reclasificación de tierras. “Yo no entiendo dos cosas: una, porqué tenemos propiedades de hasta 50 mil hectáreas y porque 50 mil hectáreas pueden darse en cualquier parte sin tener fundamentalmente un criterio de uso mayor de la tierra”, cuestiona el Ministro.

Corrupción

El gobierno de Jaime Paz intervino el Consejo Nacional de Reforma Agraria en 1992 cuando el ex ministro de Educación Hedim Céspedes se hizo dotar gratuitamente 100 mil hectáreas en dos partidas, en el caso denominado Bolibras, un escándalo mayúsculo de corrupción y abuso de poder.Estas tierras volvieron al dominio del Estado, pero desde entonces y hasta a la fecha no se dotó un centímetro a nadie. Virtualmente, las 100 hectáreas están en manos de supuestos propietarios que también tienen títulos de propiedad o títulos de transferencia. Eso demuestra que la corrupción no terminó en 1992 sino que ha continuado hasta la fecha. “A 10 años de saneamiento hemos fracasado en el corte de la corrupción”, asegura Salvatierra. Lo único que puede garantizar el cumplimiento de la ley y la lucha efectiva contra la corrupción es precisamente el control social directo. En el pasado se contrató a empresas para que hagan saneamiento, y esas empresas, a nombre del INRA, sanearon sin que el INRA verifique si los funcionarios privados hacen bien su trabajo.

“Yo no voy a decir que los funcionarios del Estado boliviano actual son absolutamente probos y que no van ha caer en actos de corrupción. En este Ministerio estamos arrastrando una carga pesada de los viejos regímenes, la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural apenas habrá cambiado en un cinco por ciento; el resto del personal proviene de gestiones anteriores”, revela el Ministro.

Injusticia con los campesinos

La Constitución dice que todo campesino tiene derecho a la dotación de tierra, y ese es un principio que el gobierno de Evo Morales quiere cumplir. “Yo soy testigo de cómo se ha entorpecido la dotación de tierras. Seis a siete años atrás, 175 mil hectáreas de tierras disponibles para los campesinos nunca fueron repartidas porque faltaban proyectos de desarrollo y dinero para la inversión. Ahora, las 175 mil hectáreas están en manos de terceros, en manos de particulares”.

Algunos empresarios pedían de 5 mil a 20 mil hectáreas con la promesa de invertir en mil cabezas de ganado, 10 mil toros o 10 mil caballos. “Si uno iba allí, encontraban solamente monte y mosquitos, pero de igual forma se entregaba la tierra y al campesino se lo castigaba con 50 hectáreas. En este país ha existido una gran injusticia”.

Salvatierra niega que el gobierno vaya a trasladar campesinos del altiplano hacia el oriente boliviano, que quitará tierras a los cruceños; “eso es una propaganda política, el gobierno tiene una política de asentamiento humano todavía en construcción, y para eso es que establecemos el principio de que las tierras no son de dominio de los Departamentos ni están bajo la competencia de los prefectos. Las tierras son de dominio originario de la nación, corresponde al Estado nacional su redistribución, y el Presidente de la República es presidente del Servicio Nacional de la Reforma Agraria”.

A Salvatierra le indigna que persistan sistemas de tenencia de la tierra servidumbrales, que mantienen en condiciones de semiesclavitud a poblaciones indígenas y originarias. En regiones habitadas por la nación guaraní existen más de mil familias viviendo en condiciones de servidumbre. Existen haciendas en el sur del país, en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, región conocida como El Chaco, donde habitan familias cautivas y sin tierra, que no conocen el salario, la seguridad social, la salud y la educación.

Quieren sangre

Salvatierra piensa que algunos sectores armados en Santa Cruz quieren derramamiento de sangre entre bolivianos. “Hay gente que quiere eso, no es que esté denunciando, que esté temiendo que ocurra ello, sino que quieren promover un derramamiento de sangre por otros intereses. Hay gente armada en Santa Cruz, que ha internado armas, interesada de seguir acaparando la tierra no para fines productivos si no para el tráfico. Dicen que los collas quiere venir a Santa Cruz y con eso pretenden ganar a la población cruceña y enlistarla en una política de confrontación”.

Confirmando la tesis de Salvatierra, el prefecto cruceño Rubén Costas declaró que “la tierra debe ser primero para la gente que vive en el lugar”, es decir para los cruceños. Además, opinó que la redistribución de la tierra es una función de la Prefectura cruceña y no del gobierno central. “La tuición del Prefecto es clara en lo que se refiere a la distribución de tierras fiscales, donde no vamos a proteger ninguna anomalía o irregularidad”.

Costas también es propietario de tierras en oriente y cuando la prensa le hace notar el detalle señala molesto que no tiene tierras ociosas: “La prensa no debe condenarme, no tengo por qué responderles, porque ustedes no son de la Renta, lo único que dispongo son cien hectáreas que siempre han sido trabajadas”, dice.

Para calmar los ánimos, el Gobierno anunció para el 26 de mayo una reunión con todos los sectores involucrados en la temática agraria, agropecuaria y forestal. Estarían presentes los grandes, medianos, pequeños productores y campesinos. Los cívicos, productores, empresarios privados y otros sectores de Santa Cruz, Pando y Beni se reunirán este sábado desde las 9.00 en Trinidad para delinear posiciones respecto al plan tierra de Morales. El presidente del Comité Cívico de Trinidad, Alberto Melgar, anunció que defenderán sus tierras “cueste lo que cueste”.