La actual administración continúa la política económica que desde hace dos décadas se comporta de modo funcional al enriquecimiento privado, pero en grado sumo perjudicial para la clase obrera y los pequeños productores del campo y la ciudad.

Varias de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno apuntan a ratificar la “política económica de estabilidad” vigente en el país hace más de 20 años, dado que el rol del Estado no ha cambiado -en los primeros 100 días de gobierno- en cuanto a una intervención mínima en la producción y en la regulación del mercado. A esta conclusión arriba el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el documento que evalúa el primer tramo de la gestión del nuevo gobierno.

El pilar de la política macroeconómicaDe acuerdo al análisis del CEDLA, esto se refleja en que en el plano de la macroeconomía, se dejó intacta la institucionalidad dispuesta desde 1985, como el rol asignado al Banco Central de Bolivia (BCB) encargado de definir y administrar la política económica a través de la creación de dinero de forma independiente del manejo directo del gobierno, impidiéndole asumir medidas para impulsar la actividad económica”.

En cambio, en el plano micro productivo, para asegurar el flujo financiero y el financiamiento de algunos programas sociales y obras de infraestructura vial, el gobierno ha suscrito acuerdos de crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), que no cambian la dependencia del Estado de los financiamientos externos para cubrir gastos, déficit e inversiones públicas, aunque en el discurso oficial se haya señalado que no habrá un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Persiste la política impositivaEn el campo de la política fiscal, el CEDLA considera que aunque el gobierno busca incrementar los ingresos estatales afectando levemente el excedente apropiado por las empresas transnacionales, mantiene la intención de “premiar” a los empresarios que produzcan hidrocarburos en campos pequeños y/o marginales, con la posibilidad de disminuir la alícuota del IDH, que actualmente es del 32%.

Mientras que, por un lado, la política fiscal “incentiva la inversión extranjera”, por otro, conserva intacta la política de gravar el consumo de la gran mayoría de la población, a través de la búsqueda de una mayor presión y eficiencia tributarias, continuando y consolidando políticas contra la evasión, la elusión y el contrabando. No otra cosa significa la implementación del software DAVINCI, la vigencia de la unidad de fedatarios y la creación de nuevos formularios tributarios.

Otro elemento que respalda el análisis del CEDLA se remite al sistema de pensiones, sobre el cual afirma: “no obstante de haberse comprometido a abrogar la Ley de Pensiones, el gobierno ha decidido mantenerla, perpetuando la utilización de los ahorros de los trabajadores fundamentalmente como crédito para el Estado -mediante las AFPs- pero también para los empresarios”.

En este aspecto, entonces, la actual administración continúa la política económica que desde hace dos décadas se comporta de modo funcional al enriquecimiento privado, pero en grado sumo perjudicial para la clase obrera y los pequeños productores del campo y la ciudad, finaliza la institución.