Miguel Lora OrtuñoLo único que ha expropiado el gobierno son las acciones de los fondos de capitalización colectiva que eran de propiedad de todos los bolivianos mayores de 18 años, sin afectar el pago del Bonosol.

Con relación a las cinco empresas administradas por la CHACO, ANDINA Y TRANSREDES, obliga vender el 1 % de sus acciones para permitirle a YPFB ser socia mayoritaria y hacerse cargo de la administración de las mismas.

La peor parte llevan Petrobrás, Repsol y Total que deben conformarse con el 18% de la producción, quedando para el Estado el 82%. El decreto considera que ese 18% les permite recuperar sus inversiones y les garantiza una utilidad razonable.

Finalmente, el Decreto dispone que YPFB tome la propiedad de las acciones privadas de Petrobrás Bolivia Refinería (PBR) y de la Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB), haciéndose dueña de las refinerías y de los tanques de almacenamiento.

En los hechos, ¿qué ha pasado? Esta medida que con tanta fanfarria se ha anunciado como si estuviera iniciando una nueva etapa de la historia nacional, convierte al Estado boliviano en simplemente SOCIO MAYORITARIO DE LAS TRANSNACIONALES y en dueño de las refinerías.

La medida tomada está muy a la medida de un gobierno burgués, de total respeto a las propiedades e inversiones de las transnacionales. Eso de “la total recuperación de los recursos hidrocarburíferos para los bolivianos” no pasa de ser un cuento. Lo que venga después, sobre todo con PETROBRAS, REPSOL Y TOTAL será de decisión de ellos.