La victoria en el caso Aguas del Tunari constituye un precedente importante para la lucha contra la privatización del agua en el mundo

Histórico: La presión pública global arrincona a una transnacional del agua y le obliga a abandonar un juicio contra Bolivia

Redacción Bolpress

Publicado el: enero 19, 2006 7 min. + -
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El gobierno boliviano compró hoy a las empresas International Water BV y Befesa Construcción y Tecnología Ambiental (Abengoa) el 80 por ciento de las acciones de Aguas del Tunari ?libres de toda carga?. El gobierno pagó dos bolivianos por la transacción y las compañías se comprometieron a poner fin a una larga disputa por la concesión del suministro de agua potable y alcantarillado en la provincia Cercado de Cochabamba. Es la primera vez que una transnacional abandona un caso comercial internacional como resultado directo de la presión pública mundial.

En 1997, el Banco Mundial condicionó a Bolivia la ayuda financiera para el desarrollo de proyectos de agua a la privatización del sistema de agua en El Alto-La Paz y en la ciudad de Cochabamba. En septiembre de 1999, a través de un proceso secreto, con solamente un postulante, el gobierno entregó el agua de Cochabamba a una compañía controlada por la transnacional Bechtel.

Bechtel aumentó las tarifas de agua de 50% hasta 200%, provocando una rebelión social en abril de 2000 conocida mundialmente como “la Guerra del Agua”, que finalmente terminó echando a la transnacional de Bolivia. Pero 18 meses después, en noviembre de 2002, Bechtel y su socio Abengoa de España, iniciaron una demanda legal por 50 millones de dólares contra Bolivia ante un tribunal privado a puertas cerradas, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una instancia del Banco Mundial, la misma institución que obligó a Cochabamba a privatizar su sistema de agua como condición para viabilizar préstamos en 1997.

Durante cuatro años, ambas corporaciones fueron duramente hostigadas por activistas de 43 países y de los cinco continentes con protestas callejeras y agravios en la prensa. En agosto de 2003 más de 300 organizaciones entregaron una petición ciudadana internacional demandando que el caso sea público y abierto a la participación y vigilancia ciudadana. El CIADI rechazó la petición, pero la presión fue tan intensa, y la demanda de las transnacionales tan ilegítima, que finalmente las involucradas tuvieron que desistir del juicio.

Cuando conformaron Aguas del Tunari, la proveedora de agua en Cochabamba, los accionistas (Bechtel, Aberngoa y los socios bolivianos) pagaron 10 millones de dólares para levantar la empresa. Luego evidenciaron que no necesitaban tanto dinero y devolvieron el 90% de la inversión a los accionistas, dejando sólo un millón en Bolivia. Es así que Aguas del Tunari no invirtió más que un millón de dólares, pero inició una disputa contra el Estado boliviano en el CIADI por 50 millones de dólares.

El 19 de enero de 2006, los mayores accionistas de Aguas del Tunari, Bechtel y Abengoa, acordaron suspender el caso en el CIADI por un pago simbólico de 2 bolivianos (30 centavos de dólar). Fuentes directamente involucradas en las negociaciones del acuerdo mencionaron la continua presión de ciudadanos en el extranjero como la mayor razón para que las corporaciones decidieran abandonar el caso.

El acuerdo establece que las dos empresas no tienen deudas u obligaciones de ningún tipo, por lo que el Estado no tendría que asumir ningún gasto adicional. El Estado devolverá las siete boletas de garantía que las empresas emitieron a favor de Semapa y Misicuni por un valor de 1,9 millones de dólares. La cláusula V del convenio estipula que ninguna de las partes puede emitir declaraciones a los medios de comunicación. Si se incumpliera el acuerdo, existe una cláusula que impone el pago de indemnizaciones al infractor, cuyo límite es 100 mil dólares.

La trascendencia del caso

La importancia de la victoria en el caso Bechtel vs. Bolivia sobrepasa las fronteras bolivianas y tiene implicaciones para juicios comerciales de transnacionales en contra de Estados y sus pueblos en todo el mundo.

En los últimos años, la cantidad de casos iniciados por transnacionales en tribunales comerciales supranacionales aumentó notoriamente al amparo de tratados de inversión y libre comercio e instituciones como la Organización Mundial del Comercio. Estos mecanismos legales se han convertido en salvavidas para las transanacionales deseosas de esquivar leyes y procesos democráticos nacionales.

En la mayoría de los casos, los fallos de los tribunales privados han sido favorables a las corporaciones y han ido en contra de los intereses públicos. Han forzado a los gobiernos a cambiar leyes importantes en las áreas de salud y medio ambiente, como también al pago de millonarias indemnizaciones. Por ejemplo, en mayo de este año, el CIADI resolvió a favor de la firma estadounidense CMS Energy contra el Estado argentino por los cargos de "expropiación y trato discriminatorio," exigiendo compensación por el cambio de las tarifas de dólares a pesos argentinos, tras la devaluación del peso en 2002. El gobierno argentino ahora debe pagar 133 millones de dólares a esa transnacional.

En el caso de Bechtel vs. Bolivia, los movimientos sociales y grupos ciudadanos de todo el mundo demostraron que se puede luchar en contra de estos casos y que es posible vencer a las poderosas transnacionales.

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Las protestas mundiales contra Bechtel

En abril de 2000 más de 500 personas mandan e-mails como protesta al dueño de Bechtel demandando el retiro del Aguas del Tunari de Bolivia. Se realizan marchas de solidaridad en San Francisco, EE.UU., frente a la sede de Bechtel.

En julio de 2002 el Comité de Supervisión de la ciudad de San Francisco aprueba una resolución que exige que Aguas del Tunari retire el caso de Bolivia. En septiembre de ese año 15 personas son detenidas durante una manifestación que bloqueaba la entrada a las oficinas principales de Bechtel en San Francisco. Ese mes una denuncia internacional fue firmada por 300 organizaciones de 43 países y entregada al Banco Mundial, exigiendo que el juicio de Bechtel y Bolivia sea abierto y transparente a la opinión pública.

Entre diciembre de 2004 y enero de 2005, 300 personas envían una denuncia vía email a los presidentes de Abengoa, la empresa española que tiene 25% de las acciones del Aguas del Tunari. En Holanda, activistas ponen un letrero en la calle de las oficinas de Bechtel que dice: “Calle Víctor Hugo Daza (murió en la Guerra del Agua; tenía 17 anos)”.

Varios artículos fueron escritos por la prensa internacional sobre el tema de Bechtel en Bolivia. Algunas de esas publicaciones fueron difundidas por el The New York Times, The New Yorker, The San Francisco Chronicle, Public Broadcasting System (PBS). Se elaboraron documentales que hablan sobre el caso de Bechtel como Thirst (“Sed”) y The Corporation (“La Empresa”).

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¿Qué es el CIADI?

El CIADI, creado en 1966, es una instancia del Banco Mundial que provee arbitraje en las disputas entre países e inversionistas miembros del Banco Mundial. En el caso boliviano, el tribunal está compuesto por tres personas: un representante de Aguas del Tunari, uno nombrado por Bolivia y otro nombrado por el Banco Mundial. Los procesos de arbitraje del CIADI son cerrados al público y a la prensa. No se basan en las leyes nacionales. Los árbitros definen la normativa que aplicarán y fijan sus propios procedimientos. Sus decisiones son inapelables y si el país no cumple con sus determinaciones, está sometido a sanciones económicas y comerciales.

El Tratado Bilateral de Inversiones entre Bolivia y Holanda, escrito en 1992, designó al CIADI como mecanismo para resolver las disputas entre Estados e inversionistas. En 1999, Aguas del Tunari cambió su domicilio a Ámsterdam para ampararse en este tratado.

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