(La Jornada).- A 24 meses de la apertura total del mercado mexicano dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para la introducción, libre de cupo y arancel, de leche en polvo, maíz, frijol y azúcar, las voces de los productores e investigadores alertan: ‘‘La opción de vida en el campo para la gran mayoría de miles de productores está puesta en duda; los ganadores no son más de mil personas frente a millones de perdedores‘‘.

Ambos insisten en la urgencia de que gobierno federal y legisladores actúen a partir del próximo año para lograr la revisión del capítulo agropecuario o la suspensión parcial del TLCAN, lo cual ‘‘no afectará a los exportadores, siempre y cuando aprovechen al máximo los márgenes de maniobra que permite la Organización Mundial de Comercio para países en desarrollo‘‘, subrayan Rita Schwentesius y Manuel Angel Gómez Cruz, directivos del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (Ciestam). El Estado estableció la política de liberalización de la economía y firmó el TLCAN, por ello tiene que responsabilizarse de los daños causados y establecer políticas que beneficien a la sociedad; no puede desligarse de las consecuencias de su política, acotaron. Los resultados del TLCAN muestran un mayor empobrecimiento de la mayoría de los productores, aumento de la migración y falta de políticas públicas para enfrentar la competencia, destacó el Congreso Agrario Permanente (CAP). Advirtió que si bien cada una de las ramas productivas que dejarán de tener la escasa protección actual, el caso de la leche es preocupante ya que hay mayor demanda que oferta, además que por la política que se aplicó en la década de los años 90 -control de precios e importaciones de leche en polvo- limitó el desarrollo del sector, se desincentivó la inversión y la producción nacional.