José Luis Ríos Cambeses*A casi un mes de realizada la denuncia sobre el saqueo de los recursos naturales del Parque Madidi en el norte de La Paz, las autoridades del gobierno boliviano sólo anunciaron medidas contra los denunciantes y que todo lo publicado es falso. La sociedad boliviana debe manifestarse ante esta tragedia ambiental que está destruyendo un patrimonio que nos pertenece a todos.

Ratificando lo dicho y denunciado en anteriores ocasiones y producto de nuestras nuevas investigaciones, hemos podido evidenciar que el saqueo de madera dentro del Parque Nacional Madidi en el sector San Fermín posee una triste historia donde se mezclan el olvido con relación a ese jirón patrio y la negligencia de las autoridades nacionales y de la propia área protegida.

La dramática situación actual de extracción ilegal de madera dentro del parque Madidi se originó durante los años 2002-2003 desde la llamada Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) del Perú, colindante con el parque nacional boliviano y donde se asientan más de 12.000 habitantes, provenientes de las comunidades campesinas pobres del altiplano del Departamento peruano de Puno.

Pobladores de las comunidades fronterizas peruanas de Paujiplaya, Pampa Grande y Azata, situadas a orillas y en las inmediaciones de los ríos Tambopata y Lanza –ambos límite arcifinio entre las dos repúblicas sudamericanas- comenzaron a aprovechar los recursos naturales del parque nacional boliviano, utilizando el mismo curso de los citados ríos para el traslado de madera aserrada de mara (caoba) y cedro, además de espingo y habano, entre las especies explotadas más relevantes.

Es preciso destacar aquí un dato esclarecedor: en la Zona de Amortiguamiento del PNBS ya no existen las citadas especies maderables. Las mismas desparecieron producto de la tala. El único que todavía ha resistido el embate de la explotación indiscriminada es el habano que sobrevive en pequeñas cantidades y sólo en algunos sectores como Monte Sinaí, Azata y Alto Azata. Es decir, y de manera lamentable, es preciso reafirmar que toda la madera de alto valor económico (especialmente la mara y el cedro) que se explota en la región desde el año 2002 es cortada en los bosques situados dentro del perímetro del Parque Nacional Madidi.

Una actividad con gran rentabilidad como es la explotación ilegal de madera preciosa no podía pasar inadvertida y no trascender el espacio fronterizo, uno de los más aislados de estos territorios del centro oeste amazónico.

Por ello, luego entraron en escena los rescatadores y transportistas peruanos. Los mismos obtuvieron sus respectivos permisos para el transporte de madera en las oficinas de las autoridades forestales del vecino país situadas en las localidades de Sandia –capital provincial- y Ayaviri, adquiriendo guías de remisión para el transporte legal de madera, clasificada como proveniente de "árboles caídos y arrastrados por los ríos". Esta argucia legal de los empresarios de la madera del Perú se mantiene hasta el presente. Está claro que los árboles transportados no caen del cielo pero, como ya denunciamos, al no ser madera extraída en el Perú, los empresarios obtenían sus respectivos permisos "legales".

Fuera de control

Durante los últimos años (2004-2005), la actividad maderera en la cuenca de los ríos Tambopata y Lanza –dentro del Parque Nacional Madidi- aumentó de manera paulatina y se volvió incontrolable, en una dimensión y magnitud que habría que evaluar.

Los factores que incidieron en esta situación son varios.

Por un lado, comenzaron a operar en la zona extractores furtivos de origen boliviano que, entre otras virtudes, son especialistas en transportar madera por los ríos en dirección contraria al curso de las aguas, cargando entre 6 a 8 cuartones de madera de tres metros de largo y 35 a 40 centímetros de ancho. Esto permitió expandir el área de extracción de madera a lugares mas alejados de la frontera y más al interior del Parque Nacional Madidi. A la vez, el aprendizaje de estas técnicas fue transmitido a trabajadores de origen peruano.

Por otro lado, en las comunidades bolivianas de Puerto San Fermín y Lino, se estableció un acuerdo entre los pobladores y los guardaparques del Parque Nacional Madidi para la extracción de 3 árboles maderables para el auto consumo por cada mes. Esta autorización expresa para la tala del bosque bajo el argumento del uso doméstico de la madera tuvo como consecuencia el recrudecimiento de las actividades incontroladas dentro del parque.

Desde ya, hay que puntualizar que es inadmisible aceptar cualquier justificación de los hechos en base al argumento del uso doméstico ya que, a todas luces, esto no es real. La madera extraída no es usada ni para construir casas, muebles o artesanías. Por otra parte, según nuestra denuncia inicial, en el momento en que la Expedición Madidi se hizo presente en San Fermín, precisamente, se estaba discutiendo la prórroga para el citado convenio que contaba con un firme rechazo de la máxima autoridad militar acantonada en la zona ya que era evidente tanto el descontrol de la situación así como el grado de organización de la actividad maderera destinada a la comercialización en la República del Perú. A la vez, las evidencias fotográficas presentadas (y las propias observaciones realizadas in situ) muestran a las claras que lo que está sucediendo dentro del Madidi es eso: se está saqueando la madera preciosa, se está destruyendo el bosque, se están contaminando territorios "vírgenes" sin que ni siquiera se haya informado hasta hoy de alguna acción para parar esta sangría a los recursos naturales del considerado como "la reserva de biodiversidad más importante del mundo" por parte de las autoridades del parque, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y del propio Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Los resultados son fatales y ya han sido denunciados por nosotros. Una comisión investigadora deberá establecer desde cuando este acuerdo o convenio fue implementado para, insistimos, evaluar la dimensión y la magnitud de la tragedia ambiental que sacude al parque emblema del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia.

La citada autorización provocó, desde ya, la afluencia de mas compradores y madereros desde otros lugares del Perú, los cuales comenzaron a trabajar, según las nuevas denuncias que recibimos, bajo el sistema de "contra partidas" (algo así como el uso boliviano de "al partir"), donde capitalista y trabajador se reparten a mitades los pies de madera cortados.

Como ya informamos, la extracción de madera ilegal en territorio boliviano del Parque Nacional Madidi abarca en la actualidad un área que va desde la cuenca media del río Lanza por el sur hasta el río Cachimayu por el norte, donde se asientan las comunidades de Puerto San Fermín, Lino y Cocos. En la actividad, no sólo participan trabajadores bolivianos, sino braceros de las comunidades peruanas de Pampa Grande, Paujiplaya y otras.

Durante el año 2005, las autoridades del PNBS peruano intervinieron a camioneros que transportaban madera proveniente de Bolivia, pero estos transportistas exhibieron el permiso correspondiente de la autoridad forestal peruana, por lo cual no se pudo inmovilizar la carga y sólo se cumplió con los trámites de información correspondientes.

La situación es muy crítica: según lo investigado, los pobladores locales no sólo cuentan con todas las herramientas de trabajo para realizar la actividad de extracción forestal como son motosierras, ganchos de fierros para el traslado de las troncas, cuerdas, gasolina, aceite quemado y aceite de dos tiempos, entre otros. Según las denuncias que hemos recibido, incluso ya se están construyendo canoas para facilitar las tareas, habiéndose decomisado una por parte de las autoridades peruanas.

Urge actuar y urge hacerlo de manera decidida y con soluciones a la vista que, sobre todo, tomen en cuenta la desesperante situación que padecen los pobladores de la comunidad de San Fermín que son como extranjeros en el seno mismo de su propia patria. Sin embargo, hasta ahora, a un mes de realizada la denuncia inicial, lo único evidente que han hecho las autoridades del Ministerio de Desarrollo Sostenible es hacer declaraciones y conferencias de prensa.

"Denuncias probadamente falsas"

El 15 de noviembre pasado, la ministra de desarrollo sostenible, Martha Bozo, brindó una conferencia de prensa con relación al tema.

Para reflejar lo dicho por esta alta autoridad del estado, utilizaremos la información volcada en la propia página web del ministerio donde se incluye una noticia firmada por el periodista Víctor Hugo Sandoval. (1)

Según este informe, las denuncias realizadas por uno de los autores de este artículo son "falsas", "probadamente falsas", "son absoluta y totalmente falsas". Tanta verborragia para desmentir la labor de personas cuya trayectoria es pública y reconocida (incluso por el propio estado boliviano en varias ocasiones), es, por decir lo menos, sospechosa.

Lo peor es que la Sra. Bozo informó que iniciará investigaciones y procesos contra los denunciantes "porque hubo una denuncia falsa contra miembros de las Fuerzas Armadas".

Lo expresamos con firmeza: esto no es real y nace de la imaginación de la ministra o del periodista que trabaja bajo sus órdenes: en todo caso, Cingolani expresó –tanto en su informe presentado a las autoridades de la Dirección Nacional de Arqueología (DINAR) del Viceministerio de Cultura como en nuestra primera denuncia pública- que el único que se oponía a la extracción ilegal de madera en la zona era el oficial a cargo del Puesto Militar de Avanzada Capitán Lino Echeverría, Subteniente Alejandro Rubín de Celis.

La cortina de humo ministerial para desacreditar la denuncia, llegó también a extremos cuando el periodista Sandoval anota que "la titular del MDS se mostró también muy preocupada por la cobertura que a Cingolani le da algún medio de comunicación de prensa, tomando su palabra como si fuera la última palabra, la definitiva, la verdad absoluta, cuando en realidad deberíamos más bien estar cuestionando qué hacen estas personas, cuál es su intención, y a quién representan para estar dentro del territorio boliviano (…) No sabemos a quien representan, si son parte de alguna organización o accionan de forma individual. Van a ser investigados de inmediato", expresó.

Valga aclararlo una vez más: Cingolani, coordinador general de la Expedición Madidi, encabezaba como Jefe de Labores de Campo un proyecto denominado Toromonas que contaba con el respaldo institucional de la DINAR, del cual Cingolani es investigador adscrito. El proyecto había sido elaborado por Cingolani y por uno de los mayores especialistas en etnografía amazónica de Bolivia, el antropólogo Álvaro Díez Astete. La Expedición Madidi había sido declarada el 8 de septiembre pasado -y por segunda vez-de "Interés Nacional" por la Cámara de Diputados de la República de Bolivia. Cingolani vive en La Paz desde 1987 y, desde entonces, publica sus artículos periodísticos en casi todos los medios escritos del país.

Tala ilegal es posible

La ministra Bozo afirmó que todo lo denunciado es falso y que en vez de investigar la denuncia, investigará a los denunciantes.

Bien por la ministra porque tan sólo dos días después, el propio director del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Ivan Arnold, según declaraciones efectuadas a un matutino editado en la ciudad de La Paz (2), "admitió la posibilidad de extracción de madera dentro del área protegida, pero rechazó que los guardaparques y autoridades de la zona estén implicados". La noticia prosigue diciendo que "la tala ilegal de madera es ´posible´ en razón de la extensión del parque, que tiene 300 kilómetros de frontera con Perú y de la escasez de guardaparques: sólo dos en San Fermín, pero aseguró que sus hombres no están involucrados, pues también hicieron denuncias".

Las declaraciones de Arnold terminan de componer el grave y patético cuadro de negligencia e irresponsabilidad en que se debaten nuestras autoridades a cargo de la preservación del medio ambiente y el cuidado de nuestras áreas protegidas.

Para empezar, las declaraciones de Arnold desmienten las aseveraciones de la ministra. Si los propios guardaparques del Madidi, ya hicieron denuncias de tala ilegal de madera (insistimos: no lo decimos nosotros, ¡lo dice el propio director del parque!), es porque, obvia, objetiva y lógicamente EXISTE TALA ILEGAL DE MADERA EN EL PARQUE NACIONAL MADIDI, como afirmamos nosotros en nuestras denuncias.

Lo imperativo es que Arnold muestre a la ciudadanía esas denuncias, quienes las efectuaron, cuando fueron hechas, qué tenor tenían y lo más importante: qué hizo él, como director del parque, qué acciones encaró para conjurar el problema. A la vez, la ministra investigadora debería hacer lo mismo y decirle a los bolivianos qué decisiones tomó para enfrentar un problema que sus propios subordinados reconocen como tal.

El resto es la misma frustración de siempre (que los funcionarios del SERNAP repiten como letanías, empezando por su director Jhonn Gómez): qué el parque es grande, que la frontera es extensa, que son pocos los guardaparques, que no hay recursos, etc., etc.

Cualquiera que se informe un poco, sabe eso y ese fatalismo con relación al medio físico y a la geografía lo padecemos históricamente: son los mismos argumentos que expresaba el racista Alcides Arguedas para estigmatizar y agredir al pueblo boliviano como un "pueblo enfermo". (3)

El parque estaba ahí, con sus increíbles 18.957 kilómetros cuadrados, cuando estos funcionarios asumieron sus cargos. Quejarse de que las condiciones para desarrollar su trabajo no son las adecuadas cuando ya están bien sentados en sus sillones, significa que ellos o no entienden que asumir un cargo dentro del aparato estatal tiene sus indudables beneficios (un sueldo para empezar en un país donde la mayoría no lo goza) pero sobre todo tiene sus obligaciones y responsabilidades consagradas por ley o que, en concreto, su falta de conocimiento sobre los alcances de su trabajo los hace inútiles para desempeñar el mismo.

Sintetizando: si ya existieron denuncias hechas por los propios guardaparques no es que la tala sea sólo posible, sino que es un hecho bien real -y como demostramos que sigue existiendo-, pero por culpa de las circunstancias, la extensión o la desmesura del bosque, parece que las autoridades nada pueden hacer para remediarla.

Ante ello, se nos ocurre que tal vez lo mejor que podrían hacer es irse a sus casas porque el pueblo con sus impuestos no les paga para que hagan declaraciones y conferencias de prensa sino que para que cumplan sus deberes como funcionarios públicos.

Como contrapartida, Bolivia necesita patriotas como el Subteniente Rubín de Celis. Contra las manipulaciones de la ministra, sería deseable que la figura de este joven patriota sea reivindicada. Él también enfrentaba inconvenientes y obstáculos para desarrollar su tarea, también estaba aislado y sólo con sus jóvenes soldados, y a pesar de ello, pudo más su sentido de cumplimiento del deber.

¿Qué pasará con el Parque Nacional Madidi? ¿Qué pasará con la extracción ilegal de madera? ¿Cuándo incorporaremos a San Fermín al resto de la república? Son preguntas que, por ahora, siguen sin encontrar respuesta.

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* Es diputado por el Departamento de La Paz
Notas
(1) Ver Boletín informativo 165/05 Parque Nacional Madidi: DOS CIUDADANOS EXTRANJEROS SERÁN PROCESADOS POR DENUNCIAS FALSAS en www.mds.gov.bo/…/ noticias/news.php
(2) Ver La Prensa, jueves 17 de Noviembre de 2005, página 8b
(3) Alcides Arguedas: Pueblo enfermo. 1909. Ver el capítulo 1: El medio físico opuesto al desarrollo material del país. El título ya lo dice todo.