Fernando Fernández
(AIS).- Según los informes internacionales del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), FIDA, Banco Mundial y otros, el 70 por ciento de los pobres del mundo viven en zonas rurales y un 75 por ciento de ellos son pequeños agricultores, pescadores artesanales, pastores, sin tierra o indígenas que realizan actividades extractivas básicas de los bosques y selvas donde residen.

El proceso la liberalización de los mercados de los productos agrícolas a nivel mundial impuesto por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hace aumentar el nivel de importaciones de productos agrarios en un contexto de precios bajos, lo que genera la reducción de los precios internos que afecta de manera negativa a las rentas en medio rural. La concentración de la propiedad de la tierra, el agua y otros recursos productivos es la asignatura pendiente en la mayor parte de los países en desarrollo, impidiendo a gran parte de la población rural participar en el sistema de producción.

Aumentan las violaciones de derechos humanos

Por otra parte, este sector agroindustrial ha vivido un proceso de integración de forma que las multinacionales controlan desde la producción en cientos de miles de hectáreas hasta la distribución de los alimentos finales, pasando por la producción de insumos, el control de las semillas o la comercialización en sus distintos niveles, convirtiendo a la clase campesina en una nueva clase asalariada. Nos encontramos ante un proceso de proletarización sin precedentes. Tanto el pequeño propietario de una granja de cerdos industriales de Vic (Cataluña) como el pequeño productor de media hectárea de cacahuetes en Senegal trabajan realmente para Oscar Mayer o para Borges que son las que realmente imponen los precios a nivel mundial

Una nueva esperanza campesina popular

En el año 1992, varios líderes campesinos de Centroamérica, Norteamérica y Europa se reunieron en Managua en el marco del Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), resolviendo la urgencia de una acción política global desde las masas de empobrecidos que sufrían las consecuencias de un modelo destructor de su forma de vida y de sus derechos. En mayo de 1993, se realizó la Primera Conferencia de la Vía Campesina en Mons, Bélgica, donde se constituye como organización mundial y se definen las primeras líneas estratégicas de trabajo, así como sus estructuras.

La Vía Campesina lanzó en el año 1996 el grito de la lucha por la soberanía alimentaria. La defensa de este objetivo como derecho político de los pueblos está siendo dura, no sólo frente a los gobiernos e instituciones multilaterales, sino que en ocasiones frente a grandes organizaciones sociales y a ONGD que practican un modelo de cogestión de las políticas de desarrollo que no hacen sino impulsar el mismo modelo con un “rostro humano”.

En este contexto marcado por la globalización neoliberal -y también por la estructuración de un fortísimo movimiento campesino internacional que la hace frente- es necesario replantear, igual que en otros ámbitos, el papel de las ONGD, tanto en su presencia y forma de relacionarse con los movimientos sociales, como en su trabajo cotidiano en los proyectos de desarrollo. Desde las organizaciones miembros de Vía Campesina defensoras del objetivo de la soberanía alimentaria consideramos necesario un nuevo marco en la cooperación al desarrollo que fortalezca nuestras reivindicaciones, visiones y objetivos estratégicos a largo plazo.

En ocasiones no estaremos hablando de un cambio radical en las formas de hacer o en los objetivos o actividades concretas de los proyectos, sino que quizás lo que sea positivo es entender que la lucha por la soberanía alimentaria implica una dinámica campesina integradora y que las diversas partes o estrategias de las que se conforma un proyecto de acción juntas hacen avanzar a un pueblo hacia su soberanía alimentaria.