Para la Casa Blanca, la aprobación del acuerdo de libre comercio con los países de Centroamérica (Centraomerican Free Trade Agreement, Cafta) tiene más importancia política que económica, puesto que los países centroamericanos suman apenas el 1,9% del comercio internacional de Estados Unidos. El pacto es para el gobierno de George W. Bush un instrumento clave para impulsar otros acuerdos en la región, las discusiones mundiales de liberalización comercial en el marco de la OMC y sobre todo la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyas negociaciones están paralizadas.

"La aprobación del Cafta no es sólo esencial para el ALCA, sino también para todos los demás TLCs en el futuro", afirmaba John Murphy, vicepresidente para asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Comercio de EEUU, antes de la aprobación del acuerdo. Si el Cafta no era aprobado por el Congreso, "los gobiernos extranjeros hubieran estado menos dispuestos a poner sobre la mesa sus propios temas sensibles", declaró Murphy.

David Fleischer, cientista político de la Universidad de Brasilia, opina que el gobierno estadounidense podría haber suavizado su posición respecto de ciertos puntos en los que no concuerda con Sudamérica en las conversaciones del ALCA si es que el Cafta era derrotado en el Congreso. Sin embargo, ahora tiene el sartén por el mango. "EEUU percibe el ALCA como un plato suculento y viene intentando comer de sus bordes por medio de acuerdos bilaterales y más pequeños de libre comercio con Chile, el Cafta y el plan de comercio Andino, de manera de desgastar lentamente el liderazgo que Brasil y Argentina tienen en América Latina", señala Fleischer.

En la nueva arremetida imperialista a favor del libre comercio que se avecina hay que tener cuidado no sólo de los analistas orgánicos del sistema, que todavía los hay y muchos, sino sobre todo de esa peligrosa costra a la que James Petras llama "centroizquierda colonizada", que abogará por la firma de acuerdos comerciales con la potencia en nombre del "pragmatismo" y el "realismo". En esta bolsa estarían desde el Presidente Lula de Brasil, hasta el frente "izquierdista" de Uruguay.

Una victoria pírrica

Si bien el Presidente Bush consiguió dar un paso político importantísimo en su intento de retomar el ALCA, no es menos cierto que la oposición interna a los tratados de colonización de América Latina también se ha fortalecido. Está claro que 215 diputados, incluyendo 25 miembros del oficialismo republicano, y al menos 45 senadores descreen de la fórmula libre comercio = desarrollo social y más bien están conscientes de que el acuerdo ocasionará un severo impacto en la agricultura, industrias azucareras y textiles.

El Senado aprobó el Cafta el 30 de junio por 54 contra 45 votos, y el Comité de Procedimientos también votó a su favor por 25 contra 16 votos. El miércoles último el acuerdo fue ratificado por el Congreso con una reñida votación de 217 a favor y 215 en contra. El pacto ya fue ratificado por los Parlamentos de Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras que está pendiente la aprobación en los Congresos de Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana.

"Los miembros del Congreso simplemente no quieren asociar sus nombres y sus futuros políticos con una extensión del modelo de comercio del Nafta, que la mayoría del público percibe como un fracaso perjudicial", afirma Lori Wallach, directora de Public Citizen's Global Trade Watch, uno de varios grupos en contra del Cafta. Por otro lado, el Sindicato Nacional de Campesinos de Estados Unidos argumenta que pequeñas familias del agro se verán afectadas por el Cafta, mientras que activistas que luchan contra el sida están en contra de cláusulas que aumentan el control de medicinas genéricas. La Citizens Trade Campaign, una coalición de grupos ligados al trabajo, medio ambiente, el campo y la religión, lanzó spots publicitarios en emisoras radiales de distritos de legisladores indecisos que generan dudas sobre los beneficios del libre comercio.

Para los grupos críticos, la aprobación del Cafta se convierte en una bomba de tiempo por sus implicaciones migratorias. En un tiempo no muy lejano, el acuerdo provocará una avalancha de inmigrantes hacia Estados Unidos luego de que quiebren las débiles economías centroamericanas, especialmente los agricultores imposibilitados de competir con la tecnología de avanzada y los subsidios de sus "socios" comerciales del norte. La oposición norteamericana también está preocupada por la pérdida de empleos que supondrá la competencia de mano de obra más barata de los inmigrantes provenientes de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

Los críticos del plan esperan que se repita la historia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá conocido como TLCAN, que elevó el número de inmigrantes mexicanos. Según estadísticas, 10 años después del TLCAN se perdieron más de 1,3 millones de empleos y más de dos millones de personas cruzaron la frontera estadounidense en busca de mejores oportunidades.

Hace más de una década el Nafta era visto como una promesa. Hoy, son legión los que lo consideran como una amenaza y la causa principal de la precarización laboral, la pérdida de empleos y la concentración de la riqueza en muy pocas manos. "Hemos aprendido de los errores del TLC entre EEUU, Canadá y México. Se nos dijo que la firma de este Tratado supondría aumento en los ingresos de los trabajadores, aumento de las fuentes de empleo y una reducción sustancial de inmigrantes y refugiados económicos. Hoy, sin embargo, hemos visto cómo se han destruido más de 750 mil fuentes de empleo en EEUU y la inmigración del sur hacia el norte sigue creciendo", asegura la congresista demócrata por California Hilda Solís.

La legisladora nicaragüense Alba Palacios, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), denunció que la aprobación del Cafta constituye otra farsa más de la política de Bush. El Congreso estadounidense dejó abierta la votación por más de tres horas, después de terminar el tiempo previsto. En ese tiempo "compraron a congresistas demócratas con grandes sumas de los fondos para proyectos en sus distritos electorales". Eso demuestra la "irresponsable y corrupta" actuación de los llamados defensores de la democracia, reclamó Palacios.

El Partido Demócrata acusó a Bush de sobornar a legisladores. Horas después de la aprobación del polémico pacto, la líder liberal en ese órgano, Nancy Pelosi, denunció que Bush realizó "ofertas cuestionables" a los congresistas para vencer su oposición al proyecto. Varios demócratas denunciaron que la Casa Blanca prometió a numerosos diputados la construcción de infraestructura, el mantenimiento de bases militares y otros beneficios económicos en sus distritos. Medios de prensa como el influyente diario The Washington Post confirmaron ese plan. Una de las concesiones, por ejemplo, fue proteger los envíos actuales de mezclilla o tela de jean hecha en EEUU hacia Nicaragua, promesa que aseguró los votos de al menos media docena de legisladores de zonas de producción textil en el sur del país.

Lo que se avecina

El llamado libre comercio del Cafta pondrá a competir a frágiles economías con la mayor potencia del mundo. El maíz, el arroz, el pollo, los frijoles y otros productos norteamericanos sumirán en una crisis a Centroamérica, cuyos 44 millones de consumidores estarán a merced de las corporaciones estadounidenses, en adversas condiciones laborales, ambientales y de pobreza. El Diario de Hoy de El Salvador señaló que varios legisladores norteamericanos admiten incluso que el acuerdo redundará en un aumento de la pobreza social en América Central y empeorará las condiciones laborales de los trabajadores.

Esa es la razón que mueve a un creciente grupo de organizaciones políticas, movimientos agrarios y urbanos de masas víctimas de la explotación imperialista en Estados Unidos y América Central a poner a prueba sus fuerzas con marchas, huelgas de hambre y una larga lista de pronunciamientos contra el Cafta.

Organizaciones sindicales de Honduras manifiestan su desacuerdo con la ratificación del Cafta. Carlos Reyes, dirigente del Bloque Popular, integrado por indígenas, campesinos, profesores, ambientalistas, gobiernos municipales, productores, pequeños comerciantes y estudiantes, piensa que el TLC esclavizará a nuestros pueblos y solamente beneficiará a pequeños grupos económicos, a la oligarquía y a las transnacionales.

Organizaciones populares de Guatemala consideran una muestra de debilidad el estrecho margen de aprobación de un acuerdo, y anuncian que seguirán combatiendo su implementación. Gilberto Atz, líder de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), señaló a Prensa Latina que la votación "no es un triunfo de Estados Unidos". El escaso margen "deja en una situación totalmente difícil al mismo gobierno norteamericano, porque evidencia que no tiene el respaldo pleno de la sociedad civil de allá, ni la abrumadora aprobación del parlamento", apunta Atz.

La organización no gubernamental Red Sinti Techan sostuvo en un comunicado que este TLC amenaza el marco constitucional salvadoreño y la integración de la región. Mediante los capítulos de inversión y de compras gubernamentales se pueden privatizar servicios públicos que afectan derechos económicos, sociales, culturales y comerciales, indicó el representante de Sinti, Abraham Brego. El economista de la Universidad Centroamericana (UCA), Roberto Góchez, denunció que el gobierno expande el mito de que el tratado generará más empleos; sin embargo, el número de éstos se reducirá, aparejado a sustanciales rebajas salariales. Como resultado de la aplicación de políticas neoliberales, el salario en la maquila ascendió en menor medida que en la industria, lo que presagia la difícil situación que sobrevendrá con la implementación de ese mecanismo.

El ministro costarricense de Comercio Exterior, Manuel González, advirtió que la ratificación del Cafta no presiona a su país. Cada territorio ha hecho las cosas a su ritmo y nosotros también lo haremos, dijo el titular a los medios de difusión, y recordó que el texto del tratado no ha sido presentado ante la Asamblea Legislativa.

Una encuesta realizada en junio último por la escuela de Matemáticas de la Universidad estatal de Costa Rica reveló que el 69,6 por ciento de los costarricenses considera que el Cafta favorece a Estados Unidos. En 2004, el 59 por ciento de la población encuestada opinó que el TLC traería beneficios al país, sin embargo, este año la cifra disminuyó en un 12 por ciento. Un 69,8 por ciento pide un referendo para decidir el futuro del acuerdo considerando que causará pobreza, daños en el medio ambiente y pérdidas enormes para los agricultores. Fabio Chaves, del Frente Interno de los Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, señaló que Costa Rica se convertirá en el centro de la lucha contra el libre comercio.

Debiera haber otras políticas gubernamentales que fortalezcan la productividad y apoyo hacia los pequeños productores, que son los que van a salir perdiendo. El gobierno del presidente Oscar Berger, mediante su bancada en el Congreso nacional, se comprometió a impulsar al menos 10 leyes o lo que aquí se denominó "compensadores sociales", a fin de atenuar el impacto adverso del Cafta. Pero en Guatemala, la promesa de aprobar leyes compensatorias que ayuden a mitigar los efectos del Cafta se está quedando en el olvido.

Con datos de El Universal (México) El Universal (Venezuela) y Prensa Latina (Cuba).